Uruguay soportó en el 2002 un año durísimo en
el plano económico, social y político.
2002:
la crisis del Estado uruguayo
El
estado uruguayo cerró el 2002 sufriendo todavía una
severa crisis económica que debilitó profundamente
al sistema financiero, contrajo por cuarto año consecutivo
la producción, elevó la inflación a un porcentaje
aproximado del 25%, y a niveles históricos, algunos indicadores
sociales como el desempleo, que trepó a 19,8% en noviembre
pasado.
De
hecho, ciertos aspectos de la crisis arrastran su solución
definitiva a este entrante 2003. En el plano económico, uno
de los desafíos del gobierno será la restauración
plena del sistema financiero. El Parlamento acaba de aprobar una
ley que fusiona en una, tres de las cuatro instituciones bancarias
que permanecen inactivas desde agosto. Asimismo, aún se espera
por la solución definitiva del Banco de Crédito (la
otra institución suspendida) en la cual se está negociando
desde setiembre con el accionista por ahora minoritario Saint George
Ltd.
Según
las previsiones del equipo económico de gobierno, la reapertura
del Crédito se hará efectiva a fines de enero y el
Nuevo Banco Comercial estaría en funcionamiento a mediados
de febrero, con 750 funcionarios y un capital inicial de 190 millones
de dólares. A partir de entonces, su futuro es incierto y
depende principalmente de la restauración de la confianza
en el sistema.
Los
últimos datos en cuanto al monto de los activos ingresados
al sistema bancario parecen ser buenos indicadores. Después
de nueve meses de caída, lo que significó el alejamiento
del sistema financiero del 45% de sus depósitos, en los meses
de octubre, noviembre y diciembre los depósitos aumentaron
en más de 300 millones de dólares, cifra que podría
indicar un retorno progresivo de la confianza.
Otro
desafío que debe enfrentar el Estado está dado por
las fórmulas que adopte para reactivar la producción
en el país, que viene cayendo ininterrumpidamente desde 1999
y que en 2002 registró un descenso cercano al 10% con respecto
al año anterior. La tarea no será sencilla si se considera
que el crédito a la producción es, en estos momentos,
muy limitado y que el endeudamiento en los sectores productivos
está trabando nuevas inversiones.
El
Estado espera que el sector exportador sea quien lidere la reactivación.
Con la libre flotación de la moneda (adoptada por el gobierno
a fines de junio), lo que implicó una devaluación
del peso cercana al 100% en el año, los productos nacionales
han mejorado su competitividad en la región. De manera que,
aunque el 2002 cierra con una baja de la exportaciones en comparación
con el año anterior, algunos sectores, como el cárnico,
registran ya importantes mejorías.
En
ese contexto, el gobierno se ha comprometido con el FMI a reducir
su déficit fiscal a la mitad, es decir a un 1,5% del Producto
Interno Bruto (PIB) para el 2003. Por tal motivo, el Poder Ejecutivo
ha iniciado ya un nuevo recorte de gastos con la Rendición
de Cuentas puesta en vigencia el 1° enero. Entre otras medidas,
se instauró un incentivo jubilatorio para los empleados públicos
mayores de 60 años, se fusionaron oficinas públicas,
uniformizaron el horario de las oficinas del Estado y prohibieron
a priori la realización de horas extras.
Los
vencimientos de deuda pública a pagar por el Estado en el
año ascienden a unos 2.000 millones de dólares, a
los que habrá que sumar los intereses de los distintos títulos
y préstamos. Sobre estos compromisos, los responsables del
gobierno dijeron que no habrá mayores problemas para cumplir.
Incertidumbre
en el plano político
En
el aspecto político, será necesario esperar para ver
cómo actúa el Partido Nacional (PN) en el ámbito
parlamentario para poder asegurar la gobernabilidad.
A lo
largo del 2002, los blancos dieron reiteradas señales de
su posterior alejamiento de la coalición de gobierno, lo
que finalmente sucedió en noviembre pasado.
En
enero, cuando el ministro de Economía del momento, Alberto
Bensión, anunció la aceleración de la pauta
devaluatoria, el PN dijo no haber sido consultado sobre la medida.
Cuatro meses más tarde, mientras el equipo económico
de gobierno preparaba un duro ajuste fiscal, también hubo
fricciones y condicionamientos para que la ley impositiva tuviera
el apoyo de los blancos y pudiera aprobarse así en el Parlamento.
Y en julio, dos semanas después de que Bensión decretara
la libre flotación del peso, los blancos le retiraron el
apoyo, lo que le costó el cargo al ministro.
Paralelamente
a todos estos episodios, en el seno del Partido Nacional cobraba
cada vez más fuerza la posición de retirar los cinco
ministros de la colectividad y poner fin así a la coalición
iniciada en el 2000 con el mandato del presidente Jorge Batlle.
Eso fue lo resuelto el 3 de noviembre por la mayoría de los
convencionales blancos.
Igualmente,
el distanciamiento no ha significado hasta al momento graves problemas
de gobernabilidad, ya que en general, los grandes proyectos legislativos
han contado con el apoyo del Partido Nacional. Sin embargo, como
advirtió el politólogo Eduardo González al
suplemento Que pasa de El Pais, este año "es preelectoral:
con o sin campañas visibles, las fracciones y precandidaturas
deberán desarrollar sus estrategias lo cual normalmente dificulta
la generación de acuerdos políticos".
Pese
a la crisis, el 2002 cierra en calma social
El
2002 se cierra con un desempleo cercano al 20% (récord histórico)
y con una caída del poder adquisitivo del salario de un 19%.
De este último indicador es responsable principalmente la
devaluación de la moneda que en el año ascendió
casi al 100%, lo cual disparó la inflación a un 25%:
porcentaje que no fue equilibrado con una suba salarial.
Por
su parte, el número de habitantes de los asentamientos irregulares
llegó a 200.000 y fueron 250.000 las personas que asistieron
a los comedores y merenderos públicos. La emigración
llegó también a picos históricos. Según
cifras estimadas, unos 58.000 uruguayos resolvieron abandonar el
país en el 2002, prácticamente la misma cantidad de
los nacimientos que se registran en un año, de modo que seguramente
la población se redujo en el 2002.
A pesar
de esta adversidad en el plano social, no hubo en el año
episodios graves de agitación. Quizás el punto más
crítico se registró a fines de julio y principios
de agosto, en pleno feriado bancario, cuando algunos comercios de
Montevideo fueron saqueados, y los "caceroleos" eran cada
día más frecuentes.
Antes,
a mediados de abril, tuvo lugar el acto de protesta más significativo
del año cuando la llamada Concertación para el Crecimiento
llamó a una marcha hacia el Obelisco de Montevideo. Allí,
el actor Delfi Galviati leyó una proclama que reclamaba un
cambio en la política económica. Esta convocatoria
fue fundamentalmente apoyada por el PIT - CNT y la Federación
Rural, aunque también contó con el apoyo de otros
sectores del empresariado.
De
todos modos, el 2002 se cerró con calma social. En general,
el Estado y las empresas pudieron cumplir con los aguinaldos y no
se registraron grandes conflictos a nivel gremial.
Una
crónica de la crisis
Desde
el inicio del año, ciertos episodios se presentaban ya como
señales de un año crítico.
El
2 de enero, el flamante presidente de Argentina, Eduardo Duhalde,
anunció que el país ponía fin a la convertibilidad
(1 peso = 1 dólar) y que la moneda flotaría libremente.
Para contrarrestar esta medida, que significó una abrupta
devaluación del peso argentino, el gobierno uruguayo amplió
la pauta devaluatoria (el ancho de la "banda de flotación")
del peso uruguayo de un 6 a un 12%. La decisión fue anunciada
por el ministro de Economía de entonces, Alberto Bensión,
el cinco de enero.
Paralelamente,
el gobierno procuró mantener el déficit fiscal en
niveles que permitieran un acceso fluido al crédito internacional.
La primer medida del año en este sentido fue la implementación
en febrero de un ajuste fiscal que significó básicamente
un leve aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP)
y una rebaja en el gasto público.
Tres
meses más tarde quedó en evidencia que este primer
ajuste no alcanzaba. A mayo del 2002, el déficit alcanzaba
al 4% del PBI y la meta del equipo económico era reducirlo
al 2,5 %. Esta situación hizo que se aprobara un nuevo, y
más duro, ajuste fiscal que fundamentalmente aumentó
el IRP entre un 1 y un 20%, según el salario a gravar.
Cae
el sistema financiero
La
crisis de confianza que luego sumiría al sistema financiero
en una severa crisis empezó desde temprano en el año
a dar sus primeras señales.
A mediados
de enero, el Banco Galicia -institución que fundamentalmente
poseía activos de ciudadanos argentinos- tuvo serios problemas
de liquidez y fueron intervenidas sus actividades por el Banco Central.
Éste fue el primer banco que sucumbió frente a la
crisis.
Unas
semanas más tarde, a principios de febrero, fueron denunciadas
una serie de acciones fraudulentas en el Banco Comercial. Sus directores,
los hermanos Carlos y José Rohm desviaron de la institución
unos 250 millones de dólares.
Pese
a que al Estado y los accionistas internacionales procuraron minimizar
los daños capitalizando al Comercial con 133 millones de
dólares, estos episodios contribuyeron a que la fuga de depósitos
del sistema financiero continuara su ritmo. De hecho, a mediados
de año se había retirado del sistema financiero una
cifra cercana al 40% de los depósitos (con respecto a finales
del 2001).
La
pérdida de confianza en el sistema bancario, hija del "contagio"
de la situación argentina y de las maniobras fraudulentas
en el seno de las instituciones denunciadas públicamente,
también repercutió negativamente sobre las reservas
de activos del Estado uruguayo.
A finales
de 2001, el Banco Central del Uruguay (BCU) contaba con más
de 3.000 millones de dólares de activos de reserva. Un año
más tarde, la cifra descendía a 777 millones. Fundamentalmente,
este dinero se perdió en el respaldo al sistema financiero.
Devaluación
del peso: 100% en el año
Mientras
existió el control de la moneda (mediante la "banda
de flotación") hasta fines de junio, el BCU tuvo que
intervenir repetidas veces en el mercado para mantener al peso en
los márgenes deseables.
Éste fue uno de los motivos para la adopción, a finales
de junio, de la libre flotación de la moneda, o sea la abolición
del sistema de "banda", ya que el Estado no podría
seguir "atendiendo" a la moneda cuando por la puerta trasera
los fondos se escapaban del sistema financiero.
La
liberalización del peso a ley de oferta y demanda del mercado
significó a fin de año una devaluación cercana
al 100%, ya que en enero de 2002 la cotización del dólar
se ubicaba en los $14, mientras al término del año,
esta cifra casi se duplica.
Asimismo,
el ajuste del tipo de cambio incidió para que los precios
comenzaran a subir y la inflación cerrara el año con
un alza cercana al 25%.
Otro
motivo que explica la flotación del peso, (de hecho el más
recurrido por los analistas) tuvo que ver con la competitividad
de los productos nacionales en la región.
En
el últimos años, los principales socios comerciales
de Uruguay, Argentina y Brasil, habían devaluado sus monedas.
Eso significaba que los productos uruguayos fueran más caros
en dólares que los argentinos y brasileños. Por lo
tanto, era muy difícil competir tanto en el mercado local
como fuera de fronteras.
Por
tal motivo, el sector exportador fue el que recibió mejor
la noticia de libre flotación de la moneda. En aquel momento,
el presidente de la Unión de Exportadores, Daniel Soloducho,
opinó que "era ineludible que esto pasara (la flotación)
ya que la situación de los vecinos no era confiable y, además,
el gobierno estaba interviniendo en el mercado y de esa manera perdía
reservas bancarias".
En
cambio, hubo otros sectores económicos, sociales y políticos
que reaccionaron de modo negativo a la medida. Sucedía que
la libre flotación iba a generar un aumento en la inflación
y a su vez, iba a complicar a los deudores en dólares. A
causa de este rechazo, el ministro Bensión perdió
su cargo. Primero fue llamado a interpelación por el Frente
Amplio y una semana más tarde, el Partido Nacional (por el
momento miembro de la coalición de gobierno) le retiró
el apoyo, lo que desencadenó finalmente la renuncia del secretario
de Estado.
El
día "D": 30 de julio
El
24 de julio, dos días después de la renuncia de Bensión,
asumió el nuevo equipo económico. El ministro de Economía
fue el senador de la lista 15, Alejandro Atchugarry y el presidente
del Banco Central, el economista Julio de Brun.
Éste
último dijo a El PAIS meses más tarde de la asunción:
"Yo asumí pensando que iba a tener por lo menos un par
de meses para enderezar el rumbo de la nave. Y a los dos minutos
comprendí que no había tiempo para nada".
Apenas
una semana después, el nuevo equipo económico de gobierno
decretó un feriado bancario el 30 de julio. Días antes,
fueron públicamente descubiertas una serie de fraudes en
el Banco Montevideo - Caja Obrera, lo que finalmente desencadenó
el procesamiento judicial de sus dueños, los hermanos Peirano.
Estos episodios nuevamente agudizaron la tendencia de todo el año,
es decir, el retiro de depósitos.
Fue
entonces que el gobierno resolvió parar el sistema financiero
y enviar una delegación a EE.UU. para negociar con el FMI
un crédito de "salvataje". "El nivel de reservas
que teníamos al momento de entrar en el feriado bancario
era el mínimo indispensable para respaldar los depósitos
en cuenta corriente que tenía el Banco República y
cumplir con los compromisos internacionales más próximos.
Habíamos llegado al límite", dijo respecto de
esa situación de Brun.
La
semana que permaneció el feriado bancario fue quizás
el período de nerviosismo más intenso de todo el año.
Mientras se esperaban noticias de EE.UU., algunos comercios de Montevideo
eran saqueados y el Parlamento estaba obligado a aprobar en dos
días una ley que reprogramara los vencimientos de los depósitos
a plazo fijo de los bancos oficiales y creara el Fondo de Estabilidad
del Sistema Financiero cuyo capital vendría en la medida
que se llegara a un acuerdo con el FMI.
Finalmente,
el 4 de agosto se llegó a un acuerdo con el organismo internacional,
lo que permitió que el gobierno de EE.UU. enviara un avión
con 1.500 millones de dólares (a modo de adelanto al crédito
del FMI). El día anterior, el Poder Legislativo había
aprobado el texto legal que reprogramaba a tres años la devolución
de los depósitos a plazo fijo de los bancos República
e Hipotecario, y creaba el Fondo de Estabilidad del sistema bancario.
El
lunes 5 de agosto los bancos reabrieron, salvo cuatro instituciones
privadas que fueron suspendidas: el Banco Comercial, el Banco Montevideo,
el Caja Obrera, y el Banco de Crédito y la Cooperativa CAYCU.
Ninguno de ellos contaba el capital suficiente como para retomar
la actividad.
Igualmente,
en el correr de los días fueron liberadas las cuentas a la
vista (cuentas corrientes y caja de ahorros) de estos bancos y a
partir de entonces se inició una camino de negociación
para reabrir estas instituciones.
A
recuperar el sistema
Para
la reapertura de los cuatro bancos suspendidos, el primer paso adoptado
por el gobierno fue la contratación de una empresa consultora
que analizaría la viabilidad de salida en cada institución.
En
setiembre y en octubre se multiplicaron los anuncios de propuestas
de salida: accionistas internacionales interesados, la compra por
parte de los ahorristas de parte de las acciones de cada banco e
incluso, la formación de un banco de fomento municipal propuesto
por el intendente de Montevideo, Mariano Arana. Éste fue
el período de mayor incertidumbre, ya que en ninguna de estas
direcciones hubo avances significativos.
Finalmente,
un planteo de salida cobró fuerza: se fusionarían
los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera, y el Banco de Crédito
saldría por separado gracias al interés de uno de
los accionistas, Saint George Ltd. (propiedad del grupo empresarial
del reverendo sur coreano Sung Myung Moon), en capitalizarlo y el
aporte de los ahorristas de la institución.
En
noviembre, el presidente Batlle inició una carrera de contactos
políticos para asegurarse que la salida tuviera un amplio
respaldo legislativo. Luego de reunirse con el líder del
Foro Batllista, Julio María Sanguinetti, con el presidente
del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle y con
Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio, el
presidente envío la iniciativa al Parlamento a principios
de diciembre.
A pesar
de las objeciones de algunos analistas económicos, el proyecto
tuvo muy buena acogida en el Poder Legislativo y fue finalmente
aprobado por todas las bancadas el 26 de diciembre.
Además
de establecer la liquidación y posterior fusión de
los tres bancos ya mencionados, el texto legal otorga al Banco Central
poderes adicionales en el proceso de liquidación de las instituciones
y genera una especie de seguro de paro para los trabajadores bancarios
que queden fuera del sistema.
En
principio, se prevé que el Nuevo Banco Comercial (producto
de la fusión) trabaje con 750 funcionarios (unos 1.000 trabajadores
menos de los que tenían el Comercial, el Montevideo y el
Caja Obrera juntos) y que el Banco de Crédito deba negociar
con sus trabajadores una reducción del personal para poder
reabrir.
A partir
de la promulgación de la ley y hasta el momento, continúan
las negociaciones prácticas para la reapertura de los bancos,
que se prevé tenga lugar en las próximas semanas.
El Nuevo Banco Comercial, que contará con un capital inicial
de 190 millones de dólares, trabaja en la unificación
de las redes informáticas y negocia con la Asociación
de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) quiénes serán
los funcionarios absorbidos.
Por
otra parte, los ahorristas a plazo fijo, que contribuirán
con un 30% de sus depósitos en la capitalización del
nuevo banco, negocian con el BCU el pago de los intereses generados
desde la suspensión hasta el momento y su participación
en el control del nuevo banco.
En
el Banco de Crédito, se están dando pasos similares.
Los ahorristas contribuirán con un 20% de sus depósitos
y la devolución del resto sería reprogramada en tres
o cuatro años.
Además
en este dossier:
Cronología
de la crisis
Entrevistas:
Al presidente del Banco Central,
Julio de Brun
Al ministro de Economía,
Alejandro Atchugarry
Al ex ministro de Economía,
Alberto Bensión
Al economista Ramón Díaz
Al economista José Antonio
Licandro
Al economista Carlos Grau
Al ministro de ganadería,
Gonzalo González
A la demógrafa Adella Pellegrino
A Rosario Mederos, ex - directora
del BCU
A Luis Alberto Lacalle, presidente
del directorio del PN
A Daniel Soloducho, presidente
de la Unión de Exportadores
Informes
La
nomenclatura de la crisis. Una explicación de los términos
económicos más utilizados.
Ahorristas y bancarios esperan con
incertidumbre el día "D". Expectativa de los ahorristas
y funcionarios bancarios respecto de la salida a la crisis financiera.
El laberinto legal de los bancos.
¿Cómo será el Nuevo Banco Comercial?
¿Es esta la peor crisis económica
de la historia?
Quince analistas opinan sobre
el futuro de la crisis
Informe
sobre la deuda pública uruguaya generada en el 2002
Columnas
Por
obra y gracia de Atchugarry. Un análisis sobre el acuerdo
político logrado para la aprobación de la ley de bancos.
Sin cambios las cuentas no cierran.
Análisis del déficit fiscal.
Cada vez más distanciados del
gobierno. Análisis sobre el fin de la coalición de
gobierno.
Opinión
"Cuidado
con la pesificación" (editorial, 5 de octubre)
"Desafío para los partidos"
(editorial 9 de diciembre)
"Cosas de la crisis" (editorial,
6 de diciembre)
Documentos
Ley
de reprogramación de depósitos a plazo fijo en moneda
extranjera de la banca oficial y creación del fondo de estabilidad
del sistema financiero. (aprobada el 4 de agosto)
Ley de Bancos. (aprobada el 26 de
diciembre)
Proyecciones
para el 2003
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