EL ministro Atchugarry debió concurrir en estos días al Parlamento y allí se encontró con sus antiguos pares. Pero no es lo mismo ocupar una banca en el Palacio de la Leyes, que estar del "otro lado del mostrador".

Los regímenes democráticos se sustentan sobre la separación de los tres poderes que lo componen, el judicial, el ejecutivo y el parlamentario, como sabiamente lo visualizara Montesquieu y luego lo plasmaran en su Carta Magna los padres fundadores de la nación norteamericana, inspiradora de la mayoría de las constituciones del resto del continente.

Una función primordial del Congreso era el control del Ejecutivo, para evitar que éste cayera en despilfarros o manejo arbitrario de los dineros públicos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el estado de cosas es contrario a lo que originalmente se había pensado y generalmente se da que desde el Ejecutivo, se intenta poner frenos a las proposiciones que vienen desde el Parlamento, porque muy a menudo significan gastos que van más allá de lo prudente y sensato. Fue lo que pasó cuando se aprobó el presupuesto, al principio de este período presidencial.

SIN embargo, en la última rendición de cuentas, el Partido Nacional, a través de sus legisladores, presionó para que la coalición de gobierno sancionara una ley que contribuyera a una rebaja concreta del gasto público, estimada en 250 millones de dólares, lo cual significó volver a su cometido original de controlador del uso del erario. Si bien está lejos de ser suficiente, porque la reducción debería haber llegado al doble y no por vía de la devaluación. Pero al menos se trata de un paso importante en esta dirección correcta.

Pero ocurre que el Palacio Legislativo es la caja de resonancia de la sociedad y los legisladores son continuos receptores de pedidos, quejas, denuncias y exigencias, transmitidos por los diversos sectores que componen al país, tanto de modo individual como colectivo. En momentos de crisis tan aguda como la que atraviesa el Uruguay en estos tiempos, los planteos se han multiplicado y agigantado.

SENADORES y diputados desean responder de alguna manera a los múltiples requerimientos y es comprensible que demuestren sensibilidad ante los serios problemas que les plantean.

Nuestro país tiene una arraigada costumbre que es la protección al que debe. El historial de suspensión de ejecuciones es muy vasto, el de perdón a los morosos es una constante. Son políticas que desestimulan y hasta castigan al buen pagador y promueven un círculo perverso, al no premiarse al que se esfuerza por cumplir, sino al que no lo ha hecho, al mismo tiempo que se incentiva la falta de compromiso. Otras decisiones de este sino, como la famosa ley de alquileres, no sólo lesionaba los derechos de propiedad, sino que desactivó al mercado inmobiliario y de la construcción, perjudicando también a los propios inquilinos al promover con estas medidas, una contracción de la oferta.

En el caso que nos ocupa, se trata de los deudores en dólares, a menudo en crítica situación. Pero quienes están al frente de un gobierno, no pueden dejarse llevar sólo por los sentimientos humanitarios, sino que se deben en primera instancia, a su responsabilidad de gobernantes. Y este es un duro cometido.

POR esta razón, Atchugarry se muestra muy preocupado y con razón, sobre los riesgos que entraña una posible ley de refinanciación con la banca, de la que están hablando algunos legisladores, en respuesta a las presiones y reclamos de esta gente, que sin duda se ha visto muy perjudicada por la devaluación. Aunque también debe tenerse presente, que cuando recibieron el crédito, el banco les dio dólares y si bien el deudor tiene ahora más dificultad para pagar, también la tiene el acreedor para cobrar.

A su vez, si el banco no puede cobrar, no le podrá responder a los depositantes. Como dijo el Ministro, "sería muy grave y se podría destruir todo lo que el gobierno trata de hacer para estabilizar la plaza financiera". Según el titular de Economía, pesificar las deudas sería comparable a la cesación de pagos de la Argentina y debe tenerse en cuenta que la banca privada ha honrado hasta el día de hoy los depósitos. Si se cambian las reglas de juego y en este país no se le da valor a lo pactado, difícilmente puedan llegar los capitales que desesperadamente se buscan desde hace meses, para poder recomponer los bancos suspendidos y evitar las negativas consecuencias de un crac absoluto y generalizado, que involucra a gran parte de la actividad económica del país.

LOS acuerdos de reestructuración deben hacerse de manera voluntaria entre las partes y según los casos. El gobierno por su lado, piensa aprobar ciertas medidas, como la baja de los impuestos a los Activos Bancarios Imaba, en proporción a la extensión de los plazos y una flexibilización en las normas de clasificación de los créditos, de forma de facilitar las negociaciones, autorizando a los deudores a pagar no el 100% de los intereses como hasta ahora, sino un menor porcentaje.

Una imposición en forma general y por ley, que impulsa a no respetar los compromisos, puede ser un error con serias secuelas para el país.