El corto, previsible y seguro camino que condujo al golpe de Estado

Ignorado por los hombres de la política nacional, de espaldas a una masa ciudadana que lo había votado pero ya no lo quería y sólo apoyado por las Fuerzas Armadas, Bordaberry llegó a junio de 1973.

César di Candia

Se equivocaron aquellos que en los agitados días de febrero de 1973, mientras seguían de cerca la gravedad de los hechos políticos, imaginaron que el Presidente Bordaberry se había transformado en una hoja a la deriva en medio del incontenible vendabal militar. Aquel hombre de quien se decía que carecía de cintura política, supo maniobrar con extraordinaria habilidad no sólo para hacerse fuerte en el sillón presidencial sino para ponerse al frente de las Fuerzas Armadas que el 9 de febrero lo habían humillado, desautorizándolo e imponiéndole condiciones. Mucho más dado a la reflexión intimista que a las improvisaciones, Bordaberry engañó a la mayoría de sus colegas que lo consideraban un ignorante político sin redención posible. En un reportaje hecho en Buenos Aires por el periodista y escritor Omar Prego a Wilson Ferreira Aldunate para el diario Excelsior de México en los días inmediatos a la disolución de las cámaras, el líder opositor de mayor peso en el país llegó a inferiorizar la capacidad intelectual del Primer Mandatario, aunque también manifestó su error por haber pensado que las Fuerzas Armadas podían dominarlo.

"-¿Qué representa desde el punto de vista político e institucional el golpe de Juan María Bordaberry? ¿A qué intereses, planes o ideas responde?

-Bueno, yo no hablaría de ideologías ni de intereses. Este es un golpe nacido en el alma de un hombre; un golpe que quizás fue naciendo en el rencor de la soledad de febrero y en otros rencores más intensos: el odio del mediocre contra todo lo que significaba cultura o inteligencia. El odio del solo contra todo lo que ve rodeado de fervor popular.

-Su respuesta más que la de un político parece la de un psicoanalista.

-Lo que ocurre es que esta es la explosión de la estupidez. Lo digo por razones raciales. Yo soy vasco y Bordaberry también. El vasco tiene un defecto- virtud: no hace nada a medias. Cuando es inteligente, nace Unamuno. Y cuando sale burro, sale Bordaberry. (...) Esto es el imperio de la irracionalidad. Bordaberry nunca supo distinguir cuáles eran sus adversarios. Atacó ferozmente a quienes querían negociar con él. (...) El ve comunistas debajo de la cama. El mundo está dividido entre él y todos los demás que son los comunistas.

-Incluído el senador Ferreira Aldunate.

-Pero naturalmente... Y todos los curas que no dicen la misa en latín. Todo eso es comunismo. Pero en segundo lugar hay que interpretar febrero. Nosotros mismos fuimos a veces víctimas del espejismo, del error de creer que en febrero las Fuerzas Armadas derrotaron a Bordaberry. Eso es inexacto. Primero porque en Boiso Lanza no estuvieron ni las Fuerzas Armadas ni la Magistratura civil.

-¿Qué ocurrió entonces?

-En Boiso Lanza hubo mandos. Y enfrentándolos, alguien que no representaba la magistratura civil porque ese alguien no sentía la causa de la civilidad. No se consideraba ni siquiera integrante del sistema político. Invocaba como título de honor su condición de no político y su condición de no integrante de su propio partido".

A treinta años de los odios y las pasiones que despertaron los quiebres institucionales comenzados y culminados en la primer mitad de 1973, parece claro que durante esos primeros meses Bordaberry pudo sostener en la mano los hilos del gobierno pese a tener a los militares sentados encima de sus hombros aunque para eso haya tenido que pagar un precio doloroso de sometimientos y de complacencias. Probablemente nunca imaginó que tres años más tarde cuando los militares comprobaron que sus proyectos políticos constituían un estorbo sería sacado de su legítimo lugar, igual a lo que él había hecho con el Parlamento Nacional. En esos años nunca llegó a ser decididamente un títere pero tampoco un gobernante libre. El aliento de los Comandantes en Jefe se mantuvo constante dándole calor en la nuca. Si se las ingenió para ponerse al frente del desacato constitucional de febrero fue en cierta medida por su peso propio pero además y fundamentalmente, porque los militares, limitados por sus diferencias internas, no tenían a nadie confiable para otorgarle todo el poder. Más adelante, cuando se cansaron de él, le dieron las gracias por los servicios prestados.

En realidad, el auge de la influencia militar fue la consecuencia de continuas concesiones hechas por el poder político con el fin de que le fueran otorgados medios para combatir la turbulencia tupamara. La escalada comenzó en setiembre de 1971 siendo entonces presidente Jorge Pacheco Areco. Luego de la fuga del Penal de Punta Carretas de ciento seis integrantes del MLN y cinco presos comunes (ver Historias Coleccionables 104 y 105 de junio de 2002) Pacheco encargó a las Fuerzas Armadas la cooperación con la Policía que se encontraba desbordada. Eso posibilitó la creación de las Fuerzas Conjuntas un hecho que en un primer momento pareció válido pero que luego trajo consigo una peligrosa consecuencia no prevista: dio a los militares una injerencia en los problemas de gobierno y un poder decisorio que nunca habían tenido. Al año siguiente, después de los terribles sucesos del 14 de abril, el Ejército pidió al Parlamento que se declarara el Estado de Guerra Interno, un arbitrio legal que posibilitaba los militares asumir los enfrentamientos contra el MLN sin pasar por el control de las normas constitucionales. Atemorizada por el cariz que estaban tomando las cosas (el día anterior se habían producido doce muertes y hubo un herido que falleció poco después) una mayoría legislativa concedió al Ejército esa prerrogativa y desde entonces éste y su Comandante en Jefe el Presidente de la República, ejercieron sus funciones de combate directo pasando por encima de decisiones políticas y requisitos jurídicos. A partir de ese momento las Fuerzas Armadas adquirieron un papel de relevancia en el ámbito nacional. Meses más tarde, el mismo año en el que Bordaberry iniciaba su complejo mandato, quienes llevaban el mayor peso en la lucha antisubversiva, presionaron para que fuera dictada una disposición legal por la cual, los juicios contra los sediciosos, fueran llevados a cabo por la justicia militar. Esto significaba que la libertad y los bienes de las personas juzgadas pasaban a depender de quienes eran en los hechos subalternos directos de los mandos militares. El avance del poder militar era a esa altura incontenible. El brigadier general Jorge Borad lo confirmó en declaraciones formuladas al semanario Búsqueda en enero de 1985.

"Hubo un despertar de los militares sobre la realidad del país cuando en setiembre de 1971 mediante un decreto se les encomienda la guerra antisubversiva. Se empieza entonces a recoger información y la información usted sabe que da poder. Conocimos muchas cosas que desconocíamos y el conocimiento da poder. Las FFAA como institución no tenían entonces vocación totalitaria, ni creo que la tengan en 1985. (...) En 1973 cualquiera podía quedarse con el poder, cualquier entidad que tuviera cierta coherencia. He dicho a veces en son de broma que los rotarios, los masones, la iglesia o la Secta Moon de haber sido más decididos y coherentes que las FFAA podrían haber tomado el poder. (...) Los comunicados 4 y 7 fueron fruto del fervor de aquellos momentos iniciales. No fueron cosas realmente muy meditadas y se unieron frases que se recogían de un lado y de otro. (...) El comunicado 4 por ejemplo, fue escrito con la premura que impone hacerlo entre las once de la mañana y el informativo de la una". El brigadier Borad coincidía aunque probablemente no lo sabía, con otra parte del reportaje a Wilson Ferreira antes citado: "Los comunicados 4 y 7 son la sarta de pavadas más pavas que yo he visto en mi vida. Son una ristra de lugares comunes y claro, hay quienes coinciden con ellos ya que ¿cómo no coincidir con los lugares comunes? En líneas generales, coincide cualquiera".

Las primeras irregularidades sumadas a la última, la militarización de la justicia en el caso del juzgamiento de los sediciosos, que constituyó una atrocidad jurídica, provocaron una catarata de denuncias en el Parlamento por parte de los legisladores del Frente Amplio, de Por la Patria e incluso de algunos representantes colorados, las que fueron recogidas por todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. A esa altura muy pocos dudaban que el paso inmediato en la escalada militar iba a ser la supresión de ese organismo de neto origen representativo, algunos de cuyos miembros hacían impunemente referencias a torturas y procedimientos que contrariaban la moral y la dignidad humanas. Los hechos del 27 de junio de 1973 no fueron más que el final de un proceso largamente esperado. Y los tres meses y fracción que mediaron entre los autoritarismos de febrero y la disolución de las cámaras, apenas un simple preámbulo de uno de los períodos más dramáticos que le tocó vivir al país en el siglo que pasó.

El propósito de estas notas, no es el de exponer con precisión de catálogo los actos de violencia y las actitudes políticas que precedieron —y para algunos justificaron— el golpe de Estado. A treinta años de ocurrido parece más lógico seguir recorriendo los caminos ideológicos y aún filosóficos por los que transitaron sus protagonistas. Entre el primer acto desembozado de desobediencia de los militares en febrero, al pase a retiro obligado de los legisladores electos por el voto ciudadano, se produjeron hechos aislados que no hicieron más que aumentar las rispideces. El primero lo provocó el propio Bordaberry al hablar en cadena a mediados de febrero y dejar claramente establecido que se acababa de instaurar el poder militar. "Las Fuerzas Armadas, que han dado prueba reiterada de su gran espíritu, de una gran capacidad, no podían quedar al margen de la vida nacional. Pero más allá de nuevos actos de violencia y hasta otra fuga masiva de una Unidad Militar, existieron dos o tres momentos de inflexión que no escaparon a los analistas políticos y a los balconeadores aficionados. Tratemos de seguirlos paso por paso. El 23 de marzo, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que atacaron sin ningún ambage y utilizando un lenguaje casi de lucha abierta, "a determinados sectores de privilegio que no quieren verse desplazados de una situación que les deparó poder y beneficios personales durante mucho tiempo". Y en el capítulo de las definiciones, señalaron claramente la presencia de actos de corrupción "en la Junta Departamental de Montevideo, en el régimen jubilatorio, en el Banco de la República y en los préstamos para vivienda de legisladores y funcionarios del Poder Legislativo. Todo eso ante la insensibilidad del Senado contra las denuncias del Tribunal de Cuentas". Era demasiado grueso como para pasarlo por alto. Por primera vez, aquellos a quienes la Constitución obligaba a guardar silencio, se atrevían a opinar públicamente acerca de asuntos de gobierno. No era difícil darse cuenta que se trataba de un tanteo para ver hasta dónde se podía llegar. Diez días después, el senador batllista Amílcar Vasconcellos lanzó un libro titulado Febrero Amargo en el que historió el proceso que culminó en Boiso Lanza con la creación de un organismo de control militar ajeno a la Constitución. Esta publicación provocó una gran irritación en las Fuerzas Armadas algunas de cuyas jerarquías quisieron pedir su desafuero. El 30 de marzo el senador Wilson Ferreira declaró al semanario Marcha que el Presidente Bordaberry debía renunciar y que si no lo hacía se le iniciaría juicio político. Y en abril el Poder Ejecutivo, impulsado por el Ejército planteó el punto de controversia que en definitiva precipitaría la disolución de las cámaras: la ofensiva para desaforar al senador Enrique Erro a quien, de acuerdo al libro editado posteriormente por las Fuerzas Armadas La Subversión, once integrantes del MLN por separado habrían señalado como vinculado al movimiento terrorista. En efecto el día 27 el Poder Ejecutivo remitió al Senado el petitorio de la Justicia Militar en el cual se afirmaba "que existe semiplena prueba de la comisión de graves delitos de lesa nación por el referido ciudadano". De inmediato se formó una comisión que comenzó a estudiar el caso y el 15 del mes siguiente el plenario del Senado comenzó a debatirlo. Un día después, apenas entabladas las primeras discusiones, el Poder Ejecutivo remitió otro mensaje urgiendo al Senado su pronunciamiento "con la finalidad de hacer cesar la situación de intranquilidad que ha causado en la opinión nacional". Si molesto estaba el más alto cuerpo legislativo por lo que consideraba una intromisión en sus fueros, mucho más enojado se puso con la exhortación del Ejecutivo para que se apurara cuando hacía solamente algunas pocas horas que había empezado a estudiar el tema. El senador de la minoría nacionalista Mario Heber Usher expresó que veía en la nota insolencia y cinismo y que por tal la rechazaba. "Viene a darnos la razón —agregó— "a quienes pensamos que aquí el motivo no es Erro sino que se desea terminar con la democracia representativa en el país". El senador Wilson Ferreira Aldunate líder de la mayoría blanca fue igualmente duro: "No van a ser las insolencias de los sujetos accidentalmente encaramados en el poder los que van a alterar el ritmo que el Senado de la República quiera dar a su trabajo". Adujo que el Poder Ejecutivo sin tener que hacer ninguna indagación había recibido el expediente el 5 de abril y lo había enviado el 25, mientras que toda la investigación de la comisión había insumido diecisiete días, es decir tres menos "y Bordaberry tiene ahora la impertinencia de incitarnos ahora a que aceleremos el trámite". El doctor Amílcar Vasconcellos, de la minoría colorada, luego de mencionar que al igual que en un viejo cuento "la situación dentro de su gravedad había experimentado un leve empeoramiento", dijo que lo que estaba buscando era hacer aparecer al Senado como responsable de la conmoción que se estaba viviendo. Carlos Julio Pereyra, de Movimiento de Rocha aludió al "desborde paulatino en que fueron incurriendo los mandos de las FFAA hasta llegar a los sucesos de febrero y de qué forma fueron desplazando el poder político" para luego agregar que "el Presidente de la República era indigno de la Magistratura porque no supo cumplir con las atribuciones y la dignidad que esa investidura tiene". Y el senador del Frente Amplio Juan Pablo Terra vaticinó días difíciles para la institucionalidad al expresar: "No estoy dispuesto a entrar ni por acción ni por reacción en el juego del señor Bordaberry. Creo que la experiencia muestra cómo terminan las cosas".

La airada reacción de varios integrantes del Senado ante la requisitoria del Presidente de la República, ponía en evidencia que a menos de un mes y medio del golpe de Estado, los ánimos estaban demasiado caldeados como para llegar a un entendimiento. Los hechos de los días inmediatos lo confirmaron. El 7 de mayo el diputado Carlos M. Fleitas en nombre del sector pachequista Unión Nacional Reeleccionista presentó en la cámara baja una solicitud de juicio político al senador Enrique Erro, un hecho que vino a confundir aún más las cosas ya que una rama del Parlamento debía estudiar el desafuero del legislador y la otra su juicio político. Ante esa anomalía, los senadores Alembert Vaz y Walter Santoro, del sector wilsonista presentaron una moción por la cual el Senado declinaba la competencia en la consideración del desafuero de Erro "por la incompatibilidad de que puedan substanciarse dos acciones que son concurrentes en el mismo sentido". El Senado, se dijo en ese momento, debía esperar el pronunciamiento de la Cámara de Representantes. La resolución estaba amparada por el Derecho, pero al Poder Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas le sonó como una burla. El pedido de juicio político formulado por el partido que apoyaba al presidente en vez de robustecer las denuncias había sido un error porque contribuía para que fueran postergadas. Ese mismo 17 de mayo, un mes y diez días antes de su clausura, el Senado aprobó por veinticinco votos en veintiocho la moción nacionalista. "El inesperado y para la enorme mayoría de la población ininteligible cambio de procedimiento que según sus artífices conduciría al mismo fin" —editorializaría al respecto el libro Subversión en 1980— "no era el mejor medio para aliviar la tensión. Antes bien aparecía como un mero artilugio dilatorio o una burla de la expectativa pública totalmente apartado de la seriedad exigible a los órganos políticos propio del ambiente de frivolidad en que durante tanto tiempo habían estado actuando. Así se seguía formando el clima que empujaría los hechos al desenlace del mes siguiente". A principios de junio, el periodista Federico Fasano largó a la venta con un absoluto sentido de la inoportunidad, su libro Paren las rotativas que denunciaba los sucesivos cierres de sus diarios y enjuiciaba duramente la situación imperante. El libro fue requisado a las pocas horas de salir. Finalmente, el 21 de junio, cerrando un período ominoso durante el cual lo único que nadie tenía seguro era el momento preciso en que las Fuerzas Armadas asumirían el poder absoluto, la Cámara de Diputados rechazó el planteamiento de juicio político al senador Enrique Erro.

Exactamente una semana después los generales Gregorio Alvarez y Queirolo, representando a ambas posiciones ideológicas del Ejército, entraban al Palacio Legislativo encabezando a las fuerzas que procederían a su desalojo.

Tercera parte