Publicada el sábado 29 de junio de 2002

EXISTEN GRANDES DIFERENCIAS ENTRE ALGUNOS EMPLEADOS PUBLICOS Y EL RESTO DE LOS TRABAJADORES DEL PAIS

Tu mundo y el mío

ANDREA TUTTÉ

LOS EMPLEADOS públicos, en promedio, ganan más que los privados, trabajan menos días, disfrutan de una estabilidad laboral infinitamente mayor y, en muchos casos, gozan de privilegios desconocidos para aquellos que no tienen un patrón tan generoso como el Estado uruguayo.

Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales realizado por Máximo Rossi y Fernanda Rivas, a partir de 1996 el salario promedio del sector público pasó a ser "sustancialmente mayor" que el de los privados, en comparación con la primera mitad de la década de los 90. Otro estudio realizado por Verónica Amarante, de la Facultad de Ciencias Económicas, revela que entre 1986 y 1999 los salarios públicos fueron promedialmente un 26% más altos que los privados.

El peso de la prolongada crisis económica, desigualmente repartido entre trabajadores de uno y otro sector, profundizó las diferencias. No sólo porque el desempleo alcanzó niveles récord --los desempleados, es decir, los ex trabajadores del sector privado, llegan ya oficialmente al 15%-- sino porque en muchos casos, quienes lograron conservar su empleo lo hicieron a costa de aceptar peores condiciones de trabajo.

Según el Programa de Modernización de las Relaciones Laborales de la Universidad Católica, el 48% de los convenios privados firmados en el 2001 establecen reducciones de salarios, en general de entre el 10 y el 20%. Ese fue el caso, por ejemplo, de las empresas Inca y Sagrin. También hubo acuerdos que establecieron la rotación de trabajadores en el seguro de paro --por ejemplo, en la Cervecería y Maltería Paysandú, Salus y El Trigal-- o la distribución variable de las horas de trabajo, "flexibilizando" la jornada de ocho horas que establece la ley.

Y mientras la "inamovilidad" ampara a los empleados públicos, el desempleo es un fantasma que acecha permanentemente a los privados.

De hecho, el 51,7% de los privados ya tiene apenas un empleo precario, según un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Son los trabajadores subempleados, los que trabajan sin contrato o los que no están cubiertos por la seguridad social. En esta situación se encontrarían 419.000 uruguayos, todos ellos trabajadores del sector privado ya que, como dijo el economista Daniel Olesker al presentar el informe, "no hay precarios en el sector público".

Premio a la excelencia

Además de la estabilidad y la remuneración, trabajar para el Estado tiene otras ventajas. Por cada día de licencia por enfermedad, por ejemplo, los empleados públicos cobran lo mismo que si hubieran trabajado. A los privados sólo se les paga el 70%.

Si además de trabajar, estudian, los empleados públicos tienen una licencia extraordinaria de 30 días por año para preparar exámenes (se requiere que hayan aprobado dos exámenes el año anterior). Y si tienen una familia a su cargo, cobran una prima por "hogar constituido" que en general equivale al salario mínimo nacional (1.100 pesos).

En la gran mayoría de los casos, se trabaja menos. En las intendencias, por ejemplo, la jornada es de seis horas diarias y no ocho. Además, hay muchos feriados laborables que no se trabajan (salvo en el caso de los policías, bomberos, trabajadores de los hospitales públicos y algunos pocos más que generalmente están entre los peor remunerados).

Las licencias de los empleados públicos, además, son más extensas, ya que en sus 20 días de descanso anual no se computan los sábados y ni los feriados laborables.

Como contrapartida, los funcionarios públicos no cobran salario vacacional. En cambio, hay algunos que reciben anualmente pagos por "buen desempeño" o, en el caso de algunas empresas públicas, por productividad. El monto de estos estímulos llega en algunos casos a triplicar lo que sería un salario vacacional.

Además, en la Administración Central existe un premio por "excelencia" aplicable a uno de cada diez funcionarios, que consiste en el 10% del salario anual (es decir, más de un sueldo extra). De los nueve restantes, aquellos dos cuyo rendimiento sea evaluado como "muy bueno" cobran un premio del 3% de su remuneración anual.

Esto es así, al menos, en teoría: según Alberto Sayagués, experto en administración pública, este sistema, instituido en 1996, siempre funcionó mal: "en algunos casos los funcionarios denuncian que el premio fue mal repartido y en otros directamente se repartió en partes iguales entre todos".

Capacidad de presión

De todos modos, no se puede generalizar. No es lo mismo, por ejemplo, una maestra que gana 6.000 pesos y se paga la mutualista de su bolsillo que un taquígrafo del Palacio Legislativo que gana 18.000, toma té o café gratis en su lugar de trabajo y además tiene un seguro de salud para sí mismo, para su esposa y para sus hijos menores de edad.

Ejemplos de este tipo abundan en el sector público, donde un portero del Banco Hipotecario puede ganar cuatro veces más que un policía, y un recolector de basura de la Intendencia de Montevideo 2,5 veces más que una enfermera de Salud Pública.

Son diferencias que no tienen explicación lógica: dependen de factores como la cercanía con el poder político o de una caja recaudadora.

Para Conrado Hughes, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, "hay una regla que dice que cuando un grupo de funcionarios está cerca de una tesorería, tarde o temprano va a 'morder' un poquito de esa recaudación. Es una práctica lamentable".

Hughes ejemplificó su teoría con lo que ocurre en el Ministerio de Economía, donde "los funcionarios ligan un pellizcón de la Lotería, unos pesitos de la DGI y, si tiene suerte, también de los casinos del Estado o de la Aduana".

"Muchas veces --dijo--estos beneficios son consagrados en las leyes de presupuesto o rendición de cuentas: grupos de interés minúsculos, teniendo como agentes a sus propios ministros, recomiendan la redacción de ingeniosos artículos en los que siempre el argumento es que se trata 'sólo' del 0,43 por mil de la recaudación o algo así".

En las empresas públicas, lugares donde también se recauda dinero, el otorgamiento de beneficios ha sido especialmente notable.

Bienvenidos a la UTE

Los funcionarios de UTE cobran una partida de alimentación de 1.960 pesos. Suponiendo que trabajen 22 días al mes, esto significa que tienen 90 pesos por día para gastar en comida.

Además reciben 640 pesos para el pago de su cuota mutual. También una paga por productividad cuyo monto es variable (este año equivale a tres sueldos) y se les descuentan 200 kilowatts de la factura de luz. Este último beneficio no sólo alcanza a los 6.500 trabajadores de UTE sino también a los ex funcionarios jubilados y a sus viudos o viudas. El consumo promedio en un hogar es de 400 kilowatts, por lo que esta bonificación representa aproximadamente la mitad de la tarifa.

Los trabajadores del ente también cuentan con tarifas rebajadas en el Parque de Vacaciones de UTE y Antel, donde pagan entre 120 y 214 pesos por día y por persona, con las cuatro comidas diarias incluidas (las tarifas varían según el sueldo). Un uruguayo común debe pagar 1.760 pesos por idéntico servicio (88 dólares).

UTE mantiene también una guardería para hijos de funcionarios que, según las autoridades, cuesta 200.000 dólares al año. El sindicato estaría de acuerdo en cerrarla si se redistribuyeran sus ocho funcionarios y se pagara una guardería externa para hasta 60 niños, dijo su presidente Julio García. "Proponemos destinar un tercio de lo que cuesta la actual guardería al pago de una externa, otro tercio a reforzar las becas para los hijos de funcionarios del interior que estudian, y el resto ahorrarlo", agregó.

Las becas a las que hace referencia García se otorgan a los hijos de empleados de UTE, menores de 23 años, que estudian a más de 50 kilómetros de su lugar de residencia.

El convenio firmado entre UTE y su sindicato establece distintos beneficios y compensaciones, como por ejemplo un 20% adicional sobre el sueldo base a aquellos empleados que trabajan en horario nocturno, los que trabajan de lunes a sábado, los que tienen días francos rotativos, los que además de sus tareas específicas se encargan de conducir algunos de los vehículos del ente o los que hacen guardias domiciliarias de 15 días, que implican estar a la orden si se los requiere en cualquier momento del día. (Si son llamados a trabajar cobran, además, las horas extras correspondientes).

Para García, estas compensaciones "no son privilegios sino conquistas sindicales asociadas al régimen de trabajo. Pudiendo elegir: ¿qué trabajador aceptaría estar a la orden, pronto para salir en el momento en que lo llamen, a cambio de nada?".

La respuesta es: muchos trabajadores privados. Miles de uruguayos aceptan desde hace tiempo condiciones de ese tipo en sus empleos privados: empleadas de tienda que tienen su día franco los miércoles, cajeras de una cadena de supermercados que trabajan en horario partido (dos turnos de cuatro horas con tres horas libres en el medio), encargados de soporte informático que deben estar dispuestos a acudir a cualquier hora en que se rompa un equipo sin que se les pague ninguna prima extra, periodistas que trabajan de lunes a sábado sin ningún beneficio adicional, serenos que hacen horarios nocturnos por sueldos miserables y un larguísimo etcétera.

Bienvenidos a Ancap

Los trabajadores de Ancap también cobran una partida de alimentación de 1.960 pesos. En vez de cuota mutual, tienen su propio servicio médico, que funciona en el séptimo piso de la sede de la empresa e incluye entrega de medicamentos y tickets bonificados (salen 30 pesos, la mitad que en una mutualista común).

Este servicio asiste no sólo a los trabajadores sino también a los jubilados, en total 6.000 usuarios. El año pasado tuvo un costo cercano a los ocho millones de dólares.

A todos los funcionarios de Ancap se les pagan además 150 pesos, equivalentes al costo de una garrafa de supergás, y los gerentes reciben además 200 litros de nafta gratis al mes, con los que pueden recorrer entre 2.000 y 4.000 kilómetros, según el auto que posean. Si la pagaran de su bolsillo tendrían que gastar unos 3.500 pesos.

Además, los padres de escolares reciben anualmente una canasta de útiles por cada hijo. El convenio entre el ente y el sindicato prevé además la realización de una fiesta de Reyes pagada a medias entre ambos, para todos los hijos de funcionarios.

Las pagas por productividad en Ancap están condicionadas al cumplimiento de objetivos que no siempre se alcanzan. En la deficitaria división Portland, los trabajadores no cobraron nada. Pero en la división combustibles, el pago este año será de unos dos sueldos.

Los trabajadores de Ancap --como la Caja de Profesionales Universitarios y algunos ministerios-- también pueden disfrutar del Parque de Vacaciones de UTE y Antel en condiciones ventajosas.

Bienvenidos a la OSE

En OSE, los funcionarios cobran su respectiva partida por alimentación de 1.960 pesos. Además se les suma al sueldo el equivalente a 20 metros cúbicos de agua (equivalentes al consumo promedio en una casa). Y eso a pesar de que el organismo cobra apenas el 60% del agua que potabiliza ya que el resto se va en pérdidas y roturas o robos.

Hay una guardería que atiende a los hijos de los funcionarios.

OSE paga la mayor parte de la cuota mutual de los funcionarios y el resto se financia con un descuento del 1,5% sobre el sueldo de cada uno de ellos. A los privados se les descuenta el 3%.

Otro extraño mecanismo de compensación fue el hallado para pagar la diferencia salarial a los funcionarios que cumplen tareas correspondiente a puestos superiores del escalafón. "Como el organismo no puede pagar la diferencia --entre otras cosas, porque se supone que los ascensos son por concurso-- se paga indirectamente atribuyendo horas extras fictas", explicó el vicepresidente Hugo Granucci. Según Granucci este año se decidió eliminar estas prácticas como parte del recorte de gastos, "aunque puede ser que persista algún caso".

Por tratarse de un organismo crónicamente deficitario, en OSE no existen pagas por productividad.

Bienvenidos a Antel

Los trabajadores de Antel tienen su correspondiente partida de alimentación de 1.900 pesos y además se les descuentan de la factura de teléfono 150 cómputos (el consumo promedio en un hogar es de 500). También reciben 620 pesos mensuales para el pago de su cuota mutual.

Varios de los beneficios adicionales con los que contaban los funcionarios del ente fueron eliminados este año como parte de las medidas de recorte de gastos. Por ejemplo, se suprimió el pago de 200 pesos al año para compra de útiles escolares y el pago de becas de 1.900 pesos mensuales a 140 hijos de empleados que para estudiar debían trasladarse a más de 50 kilómetros de su hogar.

También se suspendieron las clases de inglés que recibían algunos funcionarios, con un profesor que cobraba 90 pesos por hora. (Aunque el sindicato denunció en el Senado que dos de los directores "reciben clases privadas a un costo de 11.171 pesos" solventados por el organismo, según informó El Observador).

La paga por productividad en Antel varía año a año en relación a las utilidades. Para su pago, se divide a los funcionarios en tres grupos, según su nivel salarial. Los de menores ingresos cobrarán este año tres pagos de 9.000 pesos; los de ingresos medios, tres pagos de 11.000 pesos, y los del nivel superior, tres pagos de 23.000.

Bienvenidos a la IMM

En todas las intendencias del país, los trabajadores tienen el carácter de empleados públicos y por lo tanto se consideran "inamovibles", a menos que sean contratados. Pero estos últimos pueden cambiar de categoría, como ocurrió a comienzos de este año con 700 municipales de Montevideo que trabajaban desde hace años como contratados hasta que fueron presupuestados, informó El País esta semana. Es que las leyes que prohíben el ingreso de nuevos funcionarios a la administración pública no se aplican en las intendencias.

Presupuestados o no, todos los municipales montevideanos se benefician de todos modos del convenio firmado este año entre la comuna y el sindicato. Un convenio de los que hace tiempo no se ven en la actividad privada.

El acuerdo prevé ajustes salariales en base al 100% del índice de precios al consumo. Los ajustes serán semestrales a menos que la inflación supere el 7% en el período: en ese caso serán cuatrimestrales. Además, el acuerdo prevé para el 2003 y el 2004 sendos aumentos salariales del 1% por encima de la inflación.

El convenio incluye también asistencia médica para los municipales y sus familias (cónyuge e hijos menores), que incluye servicio de acompañantes y asistencia odontológica, para lo cual se le descontará a cada trabajador un 3% de su sueldo.

En materia de compensaciones, los funcionarios cobran por ejemplo, un 20% de sueldo adicional por tareas nocturnas o un 30% por trabajar los sábados. Los que tienen la potestad de multar en el tránsito cobran también un porcentaje de lo recaudado por ese concepto.

Además, los funcionarios reciben partidas de útiles escolares, pueden solicitar boletos rebajados y muchos tienen descuentos de hasta el 50% en el pago de la contribución inmobiliaria, aunque esto sólo se aplica para aquellos cuya casa no supera los 500.000 pesos de valor catastral.

Comparación

Todos los beneficios arriba mencionados vienen a reforzar salarios que están lejos de ser los más bajos del Estado.

En UTE, el promedio salarial de los 5.500 trabajadores de menor paga es de 7.000 pesos. En Antel, el promedio salarial excluyendo cargos gerenciales se sitúa entre 6.000 y 7.000 pesos, según su sindicato. Y en la Intendencia de Montevideo el promedio de sueldo básico por apenas 30 horas semanales es de 7.725 pesos.

A estas cifras hay que sumarles todos los beneficios extras, que también alcanzan a los funcionarios jerárquicos que tienen verdaderos sueldos de privilegio.

Para Juan Manuel Rodríguez, los distintos adicionales de los que gozan determinados funcionarios públicos (y no otros) dependen del poder de presión de sus sindicatos y de la autonomía de cada organismo para fijar las retribuciones.

"En las empresas públicas, las tasas de afiliación sindical superan el 90%", explicó el economista. "Y en muchos casos, los beneficios con los que cuentan son una forma de mejorar su remuneración sin aumentar directamente los salarios, ya que estos se negocian centralmente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo que se hace es generar ingresos que no se cargan al rubro de las retribuciones sino al de gastos, donde la empresa tiene mayor discrecionalidad".

Los trabajadores de los entes defienden sus beneficios argumentando que son conquistas sindicales legítimas. Ante la comparación con el sector privado, alegan que el problema no es que ellos tengan beneficios en exceso, sino que los trabajadores privados no tienen los suficientes.

"Nosotros estamos en contra de los salarios de hambre y las condiciones de esclavitud que hay en el sector privado", afirmó García, el dirigente de UTE. "En vez de comparar las remuneraciones de unos y otros, lo que hay que hacer es comparar ambas con lo que es el costo de una canasta familiar", dijo Julio González, presidente del sindicato de Antel.

"Todos los trabajadores deberían tener un salario digno. Eso no ocurre con cientos de miles, entre los cuales hay privados y también públicos", afirmó Hugo de Mello, presidente de la Federación de funcionarios de Ancap. "Aquí no se trata de ver quién gana menos y ajustar para abajo. Nosotros no andamos fijándonos cuánto ganan los funcionarios de los bancos, que tienen remuneraciones muy importantes, para pedir que se les bajen los sueldos a ellos".

Pero el problema gana en complejidad si se tiene en cuenta que el peso de las remuneraciones y demás beneficios del sector público termina recayendo sobre la actividad privada, y a la hora de reducir costos eso se traduce en reducciones salariales y despidos de los trabajadores más indefensos: los que no trabajan para el Estado.

En el caso de Ancap, de Mello cree eso no se da. "La incidencia de las remuneraciones y aportes patronales sobre el precio de los combustibles es de sólo el 5%", afirmó. "Pero en todo casos, si los beneficios de los trabajadores públicos representaran un peso extra para el sector privado, se supone que las autoridades que se encargan de negociar y otorgar esos beneficios deberían tenerlo en cuenta".

Todo parece indicar que eso nunca fue considerado. Los trabajadores privados día a día ven cómo sus sueldos bajan, sus horarios se agrandan y no reciben ningún tipo de compensación por trabajar con la espada del desempleo planeando sobre sus cabezas.

Y muchos trabajadores públicos, que cobran sueldos paupérrimos, tampoco reciben ninguno de los beneficios que algunos ministerios, empresas públicas y bancos estatales otorgan tan generosamente.

El 20 de febrero, se publicó en El País una carta firmada por la maestra Amalia Fernández:

"Tengo 50 años y soy maestra de la escuela pública. Tengo tres hijas y mi marido está desempleado desde hace cuatro años. Todos los lunes a las 5.30 se lo puede ver en diversos comercios donde le piden datos y nunca lo llaman. Como maestra gano 4.800 pesos. Con ese dinero tengo que pagar el Banco Hipotecario, comprar la comida y mantener a mis hijas. Mi departamento de dos ambientes se cae a pedazos. La verdad es que mi vida es un caos. Ahora no sólo no hacen nada para ayudarme sino que me suben los precios de todo lo que necesito para seguir viviendo (...) Estoy teniendo problemas físicos y psicológicos a raíz del estrés al que se me somete porque el país está mal administrado..."

¿No tendrá razón la maestra? *

Todos al psiquiatra

NI BIEN LAS PUERTAS del ascensor se abren, el visitante que ingresa al séptimo piso del edificio de Ancap tiene la impresión de hallarse en una mutualista y no en la sede de una empresa pública.

Al recorrer el piso --íntegramente dedicado al servicio médico del ente--esa sensación se ve reforzada por las paredes cubiertas de azulejos, las colas para retirar medicamentos ante la ventanilla de la farmacia, y los carteles ante las distintas puertas: "odontólogo", "dermatólogo", "dietista".

Frente al consultorio de la psiquiatra, un hombre y una mujer conversan animadamente mientras esperan su turno. "Es muy buena, yo me atendía con ella ya cuando era médica general", dice él. "Yo vine a consultar por mi marido", cuenta ella. "Yo vengo a renovar la receta de los remedios", responde él.

La nómina de especialistas del servicio médico de Ancap incluye 50 profesionales, entre ellos cuatro cardiólogos, tres oftalmólogos, otros tantos urólogos y un cirujano plástico. Atienden en total a 6.000 pacientes: funcionarios y jubilados de Ancap.

El año pasado, este servicio médico costó ocho millones de dólares (casi un tercio del presupuesto del hospital de Clínicas, que fue de 30 millones). De dividir esa cifra entre los 6.000 beneficiarios se obtiene una cifa bastante superior a los 825 pesos por persona que el Poder Ejecutivo fijó este año como tope para el gasto en servicios médicos.

"Estamos estudiando cómo adecuarnos a las exigencias del Poder Ejecutivo", afirmó Pablo Abdala, director nacionalista del ente. "La idea es tratar de bajar los gastos manteniendo el servicio, aunque si no es posible tendremos que transferir la asistencia a las mutualistas privadas".

El sindicato de Ancap se resiste a esta posibilidad. "El servicio médico es muy importante, especialmente para los jubilados, que son los que más lo utilizan y que por sus ingresos --entre 3.000 y 5.000 pesos-- se verían en dificultades para atenderse en mutualistas privadas, donde los tickets y exámenes son mucho más caros", afirmó Hugo de Mello, presidente de la Federación Ancap. "Reconocemos que los costos son algo importante, pero no deberían pesar más que la preocupación por la salud. Lo que hay que hacer es bajar los gastos, como ya se está haciendo".

Si bien hay otros organismos estatales que tienen servicios médicos propios --por ejemplo, el Banco Hipotecario tiene uno, con farmacia y psicólogo incluídos-- el caso de Ancap es atípico en el conjunto de las empresas públicas, que en general pagan a sus funcionarios la atención en mutualistas privadas.

En la Administración Central, los funcionarios de los ministerios de Defensa e Interior cuentan con sus propios servicios médicos. Los empleados de los demás ministerios deben pagarse la asistencia médica de su propio bolsillo. Los maestros y profesores de la enseñanza secundaria, en cambio, reclaman sin éxito desde hace tiempo el pago de una cuota mutual que, hasta ahora, deben solventar con sus magros salarios.

SINDICATOS PROPONEN NUEVOS RECORTES

SI BIEN LAS EMPRESAS PUBLICAS han recortado sus presupuestos en los últimos años, sus sindicatos aseguran que aún existen gastos superfluos que deberían ser eliminados antes de aplicar las tijeras a sus remuneraciones.

En mayo, el flamante presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, anunció 37 medidas para reducir su presupuesto anual en 12 millones de dólares. Una de ellas fue la suspensión del equipamiento de la sala de conferencias de la Torre de las Comunicaciones, que tenía un costo de 1,5 millones de dólares. Además, se estableció que las remuneraciones y compensaciones del personal jerárquico dependerán del éxito del recorte de gastos, se paralizó el 50% de la flota de vehículos y se suspendieron los viajes al exterior de los directores.

Julio González, presidente del sindicato de la empresa, afirmó que Gurméndez contrató una secretaria privada por 26.000 pesos mensuales. También denunció que, antes de la suspensión de los viajes al exterior, tres de los directores gastaron en un año 120.000 dólares en pasaje y alojamiento y otros 60.000 en viáticos.

"Además, se redujo la flota de vehículos en un 50% pero, como en algunas áreas no hay locomoción, se alquilan autos o nos tomamos taxis", afirmó González.

El sindicato dice que Antel en el 2002 concedió donaciones y auspicios algo insólitos, como 7.000 pesos donados a la Agrupación de Negros y Lubolos Los Amigos, 7.000 al Tronar de Tambores con Kanela, 14.000 al Centro Comercial y Social de Canelones y otros 14.000 a la comparsa Yambo Kenia.

En Ancap, las horas extras se recortaron un 30%, se restringió el uso de celulares y se redujo la flota de vehículos en casi 40 unidades (quedaron 130). "Ya desde el año pasado veníamos haciendo recortes: los viáticos bajaron de 800.000 dólares en el 2000 a 340.000 en el 2001 y la inversión en publicidad pasó de 4,5 a 2,5 millones en el mismo período", explicó Pablo Abdala, director de Ancap en representación del Partido Nacional. "Además, en materia de remuneraciones se logró un ahorro de un millón y medio de dólares, principalmente gracias a un programa de retiros incentivados aplicado aún antes de que el Poder Ejecutivo lo recomendara.

Por su parte, Hugo de Mello, presidente del sindicato, afirmó que también debería "reestudiarse" el hecho de que los directores cuenten con una determinada cantidad mensual de bienes producidos por la empresa --como bolsas de portland y botellas de bebidas alcohólicas-- para repartir entre las instituciones que elijan. "En muchos casos se ha beneficiado a instituciones que realmente los necesitaban, pero muchas veces se ha usado esta potestad con fines clientelísticos", dijo.

Además, afirmó que los directores tienen un excesivo número de asesores contratados "que a veces son sus propios familiares, y muchas otras veces ni siquiera trabajan". De Mello no quiso dar nombres.

Por su parte, el presidente de UTE, Ricardo Scaglia, declaró a Búsqueda que su gestión permitió ahorrar 48 millones de dólares en remuneraciones en los últimos tres años y además se bajaron los gastos en transporte y suministros. Además, en el 2000 se realizó un programa de retiros incentivados al cual se acogieron 700 funcionarios, se recortaron los gastos en el Parque de Vacaciones y la renegociación del convenio de productividad con el sindicato permitirá bajarlo de cinco salarios anuales a "uno y poco", lo que significará un ahorro de 31 millones de dólares.

El sindicato de UTE sostiene que si bien la empresa posee 1.200 vehículos propios, el directorio contrató 268 vehículos con chofer. "Estos cuestan 4,5 millones de dólares al año, por lo que proporcionalmente resultan mucho más caros que los 1.200 vehículos de la empresa, que tienen un costo anual de 6,5 millones, contando mantenimiento, patente, seguro y hasta la compensación salarial del funcionario encargado de manejarlo", afirmó Julio García, presidente del gremio.

García afirmó también que el directorio tiene contratados 55 asesores que cuestan 700.000 dólares al año, y que los gastos de secretaría de los directores suman 2,5 millones al año.

En OSE, según su vicepresidente, Hugo Granucci, en el 2001 se realizó un "ajuste severo" en el rubro gastos, que disminuyó en un 8%, lo que no impidió que el organismo tuviese un déficit de 200 millones de pesos. "Este año empezamos a aplicar medidas de austeridad como reducción de horas extras, viáticos y compensaciones", afirmó. "Con esto esperamos reducir en otro 8% los gastos para quedar en equilibrio presupuestal en el 2003". A modo de ejemplo, Granucci afirmó que las horas extras en la región metropolitana se redujeron de 50.000 a 19.000 al mes.

Mientras tanto, el sindicato de OSE afirma que los viáticos de los jerarcas políticos del ente no se han reducido. Según manifestó el dirigente Gustavo Ricci cada director gasta unos 8.000 pesos semanales en viáticos, el vicepresidente cobra un "viático gerencial" de 25.000 pesos mensuales y el secretario privado del presidente gastó 157.718 dólares en viáticos entre marzo del 2001 y mayo del 2002.

Uno de los temas reiteradamente mencionados por los sindicatos de las empresas públicas es el desproporcionado número de gerentes. En OSE, el sindicato denuncia que si bien hay 19 gerencias, los funcionarios que ganan lo correspondiente a cargos gerenciales llegan a 80.

En UTE hay 270 gerentes y subgerentes para un total de 7.030 funcionarios. Esto significa que de cada 25 funcionarios, uno es gerente o subgerente y cobra remuneraciones básicas que van de 25.398 a 46.660, a las que hay que sumarle diversas compensaciones que llevan a que el gerente general, por ejemplo, gane cerca de 80.000 pesos mensuales.

En Antel, González afirmó que hay 382 funcionarios jerárquicos que cobran en promedio 30.000 pesos de sueldo básico. Sus ingresos equivalen a más del 30% del total de las remuneraciones que paga toda la empresa pese a que representan apenas el 7% del total de trabajadores.