FALLO I Un "scaner" para los bultos se compró en 2000 pero nunca se hizo funcionar

Un suicidio denotó falta de seguridad en el Parlamento

El Ministerio del Interior ofreció al Parlamento apoyar con personal y elementos técnicos de última generación al cuerpo policial encargado de la vigilancia y seguridad de los edificios del Poder Legislativo, luego que ayer se produjera el suicidio de un hombre en el edificio anexo, hecho que alertó sobre la existencia de fallas en el sistema.

Un hombre de 39 años, oriundo de Toledo, departamento de Canelones, logró ingresar el jueves al caer la tarde al edificio anexo donde hay despachos para los 130 legisladores y circulan unas mil personas a diario , armado con una escopeta de caño recortado oculta en un portafolios sin ser detectado por los controles de seguridad de la policía y de una empresa privada. Luego de pasar horas encerrado en un baño, se descerrajó un disparo poco después de la medianoche del jueves 26 y murió en el acto.

Un férreo sistema de seguridad en el Poder Legislativo fue instalado en diciembre de 2000, acompañado por la obligatoriedad de que funcionarios, periodistas y visitantes lucieran en todo momento tarjetas de identificación de diferentes colores. Pero, paulatinamente, los controles disminuyeron su efectividad hasta quedar casi reducidos a su mínima expresión, luego que los propios legisladores hicieran jugar su influencia para que no se aplicaran en forma estricta en el caso de ellos y de sus colaboradores. Inclusive, un scaner para registrar bultos fue adquirido en aquel momento pero nunca llegó a instalarse por la oposición de muchos senadores y diputados, dijeron a El País fuentes de ese poder del Estado.

Una unidad de la policía, integrada por 48 personas y bajo el mando de un comisario, está encargada oficialmente de la seguridad del Poder Legislativo. Pero a raíz de las últimas manifestaciones que llegaron hasta el Palacio, que provocaron hechos de hostigamiento y violencia contra los legisladores y el propio edificio, su efectividad fue puesta en duda por las autoridades que encomendaron el apoyo a la tarea a los efectivos de la Jefatura de Policía capitalina.

Adicionalmente, desde hace unos años el Poder Legislativo cuenta con el servicio de una empresa de seguridad privada, que dispuso a otras 30 personas para la tarea. En el edificio donde se produjo el fallo de seguridad no hay personal de ninguna clase recorriendo los cuatro pisos, pero cinco cámaras de vigilancia monitorean cada planta.

UN HABITUE. Pero, aparentemente, cualquier control se convierte en insuficiente cuando se produce una fuga en la seguridad. Pasada la medianoche del jueves, un vigilante constató que la puerta de un baño del tercer piso del edificio de las comisiones estaba trancada y cuando intentó forzar la entrada, escuchó una detonación. Al ingresar encontró el cuerpo sin vida del hombre que se había disparado con una escopeta de caño recortado. Junto al cuerpo se encontró una carta, que fue entregada a las autoridades policiales.

El hombre, un productor granjero de Toledo, departamento de Canelones, se registró el jueves de tarde al ingresar al anexo, anunció que se dirigía al despacho del diputado Ernesto Agazzi, del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), al que nunca llegó según los secretarios del legislador.

La persona logró ingresar con la escopeta de caño recortado y sin culata en un portafolios y no despertó ninguna sospecha dado que frecuentaba en Palacio Legislativo en su condición de pariente del diputado nacionalista Julio Lara, representante por Canelones.

Pocas horas después, el comisario a cargo de la guardia y el secretario de la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo entregaron un informe a las autoridades con los detalles del suceso.

La Comisión Administrativa, que preside el titular de la Asamblea General Luis Hierro, se reunirá el lunes 30 para analizar la situación y tomar medidas, dijeron los informantes. Entre ellas estaría la aceptación de la asistencia ofrecida por el Ministerio del Interior y la adopción de una resolución respecto al futuro de la empresa privada de seguridad que presta servicios en el Palacio Legislativo. De todas maneras, las autoridades aún no establecieron responsabilidades en lo interno, aunque se notaba un gran pesar por lo sucedido.