Publicada
en Línea del Fuego el jueves 5 de setiembre
Ruben
Marturet / Gerente General de Montevideo Refrescos S.A.
"Le
dijimos al Estado quién evade pero nadie hace nada"
"Le
hemos informado al gobierno cómo entra la Coca-Cola de contra
bando, cuáles son las rutas, cuáles son las matrículas
de los ómnibus de pasajeros y los camiones de carga en los
que entra el contrabando, y hasta de las estancias que sirven de
depósitos para almacenar refrescos de contrabando. Saber,
saben"
ALVARO
J. AMORETTI I ALVARO GIZ
El
número uno de Coca-Cola en el Uruguay, Ruben Marturet, reveló
que su compañía entregó al gobierno información
que permitiría determinar quiénes ingresan ilegalmente
al país bebidas sin alcohol, qué rutas utilizan y
hasta en qué estancias privadas almacenan la mercadería,
así como detectar y sancionar a quienes elaboran refrescos
de bajo precio evadiendo todo tipo de impuestos y utilizando ingredientes
que podrían poner en peligro la salud de los consumidores,
dijo que la Aduana, la DGI, el Ministerio de Salud Pública
y las intendencias departamentales no actúan contra los infractores
porque hacerlo tendría ``un costo político´´,
y reveló que en algunas semanas la principal autoridad de
su empresa para América Latina llegará a Montevideo
y se entrevistará con el presidente Jorge Batlle para advertirle
que si el Poder Ejecutivo ``no hace cumplir la ley´´
va a ser ``muy difícil´´ para la empresa seguir
operando en el país.
Durante
una extensa entrevista que concedió a El País el mismo
día en que cumplía 52 años, Marturet sostuvo
que en el Uruguay paga impuestos el que quiere, y el que no quiere
no paga nada, dijo que la DGI es "absolutamente inoperante"
y aseguró que si el Estado controlara la evasión en
el sector de las bebidas sin alcohol obtendría ingresos adicionales
anuales del entorno de los 35 millones de dólares.
Durante
décadas, los uruguayos se acostumbraron a asociar, a Coca-Cola
primero y a Montevideo Refrescos S.A. después, con la prosperidad.
Se trataba de una empresa que vendía un producto exitoso
y que ganaba dinero. Hoy en día, y en medio de un mercado
fuertemente recesivo que ha impactado severamente en las ventas,
esa misma compañía termina de salir de un prolongado
conflicto con sus trabajadores, generado a partir de la decisión
de la empresa de introducir en su operativa modificaciones sustanciales
que le permitan superar esta coyuntura. ¿Cuándo dejó
la compañía de ser un modelo de gestión?
"Para
entender este presente hay que ir un poco al pasado. Porque entre
1985 y 1997, Montevideo Refrescos experimentó un crecimiento
muy fuerte. Tan fuerte que fue la empresa de Coca Cola que en ese
período creció más en toda América Latina.
En esos años fuimos ejemplo y modelo para la compañía
a la hora de incorporar envases no retornables y de desarrollar
portafolios con tecnología de avanzada".
¿Qué
pasó en 1997?
"Llegó
la crisis y nos encontró con una empresa dimensionada para
tiempos de crecimiento sostenido, con inversiones muy importantes
en tecnología, maquinaria e infraestructura. Y se volvió
necesario replantear esa empresa en función de la nueva realidad.
El problema es que, al mismo tiempo, el mercado empezó a
cambiar. Y la informalidad pasó a tener un peso muy grande".
¿Y
hasta dónde, en sus orígenes al menos, esa informalidad
que comenzó a ganar terreno no fue alentada por un sistema
tributario que obligaba, al que cumplía con las nor mas y
se encontraba al día con el Estado, a trasladar una parte
de esos impuestos al precio final?
Bueno...
eso es tan claro como que por cada peso que nos entra, unos treinta
centésimos se nos van pa gando IVA, Imesi, Cofis y Tasa Bromatológica.
Y eso transforma al Estado en nuestro principal socio.
¿Un
socio que se comporta como tal y cuida el negocio, o uno al que
sólo le interesan los recursos que obtiene a partir de ese
negocio?
"Cuando
le explicamos nuestros problemas al Ministerio de Economía
y Finanzas y a la DGI, nos han dicho que nos entienden. Pero en
el fondo lo que vemos es que no hay en el gobierno una idea clara
de hasta qué punto es la reactivación la llave que
nos va a permitir a las empresas vender más y a ellos, por
añadidura, recaudar más por concepto de impuestos"
¿Bajar
impuestos para reactivar el mercado interno, apostando a que el
aumento del consumo devuelva alEstado los recursos que aceptó
resignar al reducir la presión tributaria?
"Exacto.
Y ojo, que nosotros reconocemos que hoy no se pueden hacer planteos
que atenten contra la recaudación del Estado, porque hay
una realidad fiscal que no se puede soslayar. Por eso proponemos
fórmulas para aumentar la recaudación como resultado
de un incremento en los niveles de actividad".
Pero
el gobierno enfrenta un déficit fiscal muy fuerte, al punto
que el Estado ha reconocido que ya no tiene dinero ni para pagar
en fecha a sus proveedores. ¿Es posible, en un escenario
fiscal tan deteriorado por una coyuntura adversa, pensar que en
una baja de impuestos para promover la reactivación?
"Y...
yo sé que en un escenario como ese la más fácil
es subir los impuestos. ¿Pero saben cuál es el problema?
Que en este país los impuestos tienen nombre y apellido".
¿Qué
quiere decir con eso?
"Que
son muy pocas las empresas que en este país pagan sus impuestos.
Y entonces, en el sector de actividad en el que nos movemos nosotros,
cuando se aumenta el Imesi, se le está aumentando a fulano
y a mengano. Pero los que operan en la ilegalidad, que son muchos,
no pagaban ni van a pagar el Imesi, o el IVA, o el Cofis, o la Tasa
Bromatológica".
¿Ustedes
tienen elementos que de muestren que hay un número importante
de empresas que fabrican y elaboran refrescos, y que evaden impuestos?
"Sí".
¿Y
han puesto esos elementos a consideración del gobierno?
"Hemos
entregado al Ministerio de Economía y Finanzas toda la información
que tenemos, incluyendo estudios de costos que demuestran que es
imposible que pagando impuestos algunas empresas puedan vender sus
productos a los precios a los que salen al mercado".
¿Ha
actuado el gobierno para hacer que esas empresas, que ustedes denuncian
como evasoras, sean sancionadas?
No
¿Y
por qué cree que, disponiendo de los elementos que ustedes
han aportado, el gobierno no utiliza esa información para
sancionar a los infractores? ¿Porque los elementos que ustedes
entregaron son insuficientes para probar que determinadas empresas
operan en la ilegalidad?
"No,
porque es tan clara la lectura de la información que hemos
entregado que yo, como empresario, no puedo admitir que el gobierno
no la entienda".
¿Y
entonces? ¿Por qué, pudiendo actuar, el gobierno no
lo hace?
"Porque
el Uruguay tiene un gran problema y hasta que no lo erradique no
va a poder avanzar. Es lo que llaman el costo político .
¿Cómo funciona? Es fácil. Yo voy y le pido
al gobierno que me baje los impuestos, porque si me los baja, yo
puedo bajar el precio de mis productos, la gente consume más,
yo vendo más, se generan más empleos y el Estado termina
recaudando más. Y eso lo entienden y lo comparten todos,
y yo no puedo creer que los políticos no lo entiendan. Y
la verdad es que lo entienden, como lo entendemos todos, pero no
lo hacen porque para ellos tiene un costo . Porque ellos razonan
diferente".
¿Cómo
razonan los políticos?
"Ellos
entienden que si me bajan, por ejemplo, el Imesi, yo voy a vender
más y voy a reactivar el negocio. Pero les preocupa que otros
sectores de actividad vengan y les pidan lo mismo. Y yo creo que
se equivocan, porque si viene alguien y presenta un plan que beneficia
a todos y donde nadie pierde, hay que ver cómo se vigila
que lo cumplan, pero hay que decirle que arranquen, que empiecen.
Nosotros estamos pidiendo que nos dejen arrancar, que nos tomen
como ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra forma".
¿Y
no los dejan?
"No.
Dicen que eso tiene, para ellos, un costo político".
Pero
ustedes también le han reclamado a la DGI y al BPS que controlen
y sancionen a las empresas que compiten con ustedes desde una presunta
ilegalidad, evadiendo impuestos y subfacturando. Pero a juzgar por
lo que usted dice nadie controla nada. ¿Por qué? ¿Porque
eso también tiene un costo político ?
"Porque
la DGI es absolutamente inoperante. Las empresas formales, que integran
el Centro de Fabricantes de Bebidas sin Alcohol, hemos puesto en
manos de los técnicos del gobierno informes y estudios que
les permiten identificar claramente a quien evade. Porque en esto
no hay ningún misterio. Si yo tengo una participación
de mercado y pago 100 pesos de Imesi, y usted tiene la misma participación
y paga menos, no hace falta mucho más para determinar que
usted está evadiendo. Y hemos aceptado, para ello, abrir
nuestros libros y poner nuestros números a disposición
del gobierno".
¿Eso
quiere decir que el gobierno sabe quién evade y que no toma
medidas para hacer que el que no paga cumpla con las normas?
"Le
dijimos al Estado quién evade, pero nadie hizo nada. Hace
algunas semanas los trabajadores de una empresa que fabricaba refrescos
en la informalidad denunciaron públicamente las condiciones
en las que los dueños les hacían elaborar los productos
que más tarde vendían. Pero nosotros denunciamos a
esa empresa, ante el gobierno y ante la Intendencia de Canelones,
en el año 2000. Y nadie hizo nada. Y es ahí cuando
siente que el costo del Estado es altísimo, porque el Estado
es absolutamente ineficiente. La DGI, para lo que hace, es carísima.
Pero si hiciera lo que debe, se pagaría sola".
¿La
DGI no hace lo que debe?
"No.
Y a veces me pregunto para qué queremos que exista una DGI
en un país en el que paga impuestos el que quiere, y el que
no quiere no paga nada. Porque la gente no sabe es que si la DGI
hiciera lo que debe, el Estado recaudaría, sólo por
concepto de bebidas refrescantes, unos 35 millones de dólares
anuales más de lo que recauda hoy en día. Y a mí
no me entra en la cabeza cómo, en estos momentos de dificultades,
se desprecian 35 millones de dólares. Porque si yo tengo
problemas en la empresa, pero tengo un proyecto capaz de generarme
un ingreso de 35 millones de dólares en un año, tengo
que pensar que ese proyecto se autofinancia. Pero el gobierno no
piensa así. No ve que si sólo con un sector puede
generar ingresos por 35 millones de dólares en un año,
la reforma que hay que hacer en la DGI se paga sola. Y de esa manera
van a terminar destruyendo al que opera en la legalidad, que un
día va a decir basta, no soporto más".
¿Está
próximo ese día?
¿Y
por qué piensan que nosotros tuvimos un conflicto como el
que tuvimos?
"Porque
tuvimos que hacer un ajuste importante. Porque los ingresos cayeron
un 30%, porque las ventas cayeron un 37% y porque armamos un modelo
de negocios basado en un tipo de cambio que ya no existe. Y no estoy
criticando al gobierno. Estoy diciendo que nos basamos en el escenario
que planteó el gobierno, y que ese escenario cambió".
También
el gobierno le planteó a ustedes, a finales de 2000, un escenario
caracterizado por una lucha frontal contra el contrabando, y la
ofensiva duró sólo algunos meses.
Así
pasa siempre en este país. Se establece una línea
de acción, pero después no hay continuidad. Cuando
el gobierno hizo su ofensiva, el contrabando de refrescos se redujo
entre un 70% y un 80%. Pero hoy el contrabando de refrescos ya es
el doble de lo que fue en 2001. Acá ninguna medida es permanente.
Cuando
el gobierno atacó el contra bando de refrescos y lo abatió
entre un 70% y un 80%, ¿ustedes vendieron efectivamente más?
"Nosotros
mejoramos las ventas, pero lo que le explicamos al gobierno y nadie
entendió es que si se frena el contrabando pero no se combate
la evasión y la informalidad, los que más mercado
ganan son los evasores y los informales, y no las empresas establecidas,
que pagamos nuestros impuestos, porque ellos, desde su ilegalidad,
pueden bajar los precios a un nivel al que nosotros, pagando, nunca
vamos a poder llegar. Hay que atacar toda la ilegalidad".
¿Ustedes
advierten que el gobierno renunció a sostener su ofensiva
contra el contrabando?
"A
nosotros nos consta que hay una intención del actual director
de Aduanas, el señor (Víctor) Lissidini, de seguir
dando la pelea. Pero no tiene la infraestructura para hacerlo. Y
también es claro que en esto también entra a jugar
el costo político. ¿O por qué creen ustedes
que, después de decir lo que dijo, Lissidini se calló
la boca? Porque yo creo que todo lo que dijo es verdad. Lo que pasa
es que hay intereses en juego, que fueron los que lo hicieron callar.
Porque miren que el contrabando de refrescos no se combate levantando
en la feria cuatro o cinco cajones de un feriante que vende bebidas
ingresadas ilegalmente al país. Al que hay que agarrar es
al grande, al que entra esos refrescos al país. Lo que pasa
es que ese, el grande, es el que tiene poder."
¿Un
poder que deriva de que, como denunció Lissidini, los que
manejan el contrabando colaboran con los partidos políticos
en las campañas electorales a cambio de cobertura para sus
negocios ilícitos?
"Sí.
Yo creo que eso que dijo Lissidini es así. No lo puedo probar,
pero estoy convencido de que forma parte de ese costo político
que tanto mal nos hace"
¿Saben
ustedes cómo ingresa ilegalmente al país la Coca-Cola
de contrabando?
"Lo
sabemos perfectamente. Y lo saben las autoridades".
¿Por
qué está seguro de que lo saben?
"Porque
nosotros se lo hemos dicho. Le hemos informado al gobierno cómo
entra la Coca-Cola de contrabando, cuáles son las rutas,
cuáles son las matrículas de los ómnibus de
pasajeros y los camiones de carga en los que entra el contrabando,
y hasta de las estancias que sirven de depósitos para almacenar
refrescos de contrabando. Saber, saben".
¿Y
alguien las allanó para comprobar si las denuncias que ustedes
realizaron tienen fundamento?
"No,
porque dicen que son propiedad privada. Y son muchas. Lo que la
gente tiene que saber es que en los departamentos de frontera no
se vende hoy en día una sola botella de Coca-Cola que no
entre al país de contrabando. Entra todo, sin que nadie pare
nada. Y sin embargo, uno quiere pasar una botella de Fanta Naranja
para el lado brasilero y lo paran, y se la sacan. Y así vemos
las cosas que vemos, por ejemplo, en Rivera, donde los contrabandistas
hacen pre venta de refrescos. Un día venden y entregan al
día si guiente. Y eso también lo denunciamos, pero
nadie hizo nada. ¿Y me van a decir que el intendente de Rivera
no se da cuenta que hay gente que no paga un peso por Tasa Bromatológica
cuando debería hacerlo? Es algo tan evidente que no resiste
discusión".
¿Hay
muchos uruguayos que viven del contrabando de refrescos?
Sí,
son muchos. Pero la dirección del negocio está concentrada
en pocas manos.
¿Cuánta
gente?
"No
puedo precisarlo, pero se trata de un grupo de personas que cuenta
con una fuerte protección"
¿Protección
política?
Sí,
protección política.
¿Y
Montevideo Refrescos no colabora con las campañas de los
partidos políticos?
Coca-Cola
tiene un código de conducta empresarial que prohibe colaborar
económicamente con las campañas políticas.
Lo único que hacemos es darle un descuento del 25% a todos
los sectores políticos, sin importar si son de derecha, de
izquierda, o de centro, en la bebida que les damos en consignación
para sus actos políticos. Eso es todo lo que damos. Y lo
damos a todos por igual.
¿No
hay contribuciones por afuera a algún partido político?
No
se le da nada a nadie. Lamentablemente no todas las empresas proceden
de la misma manera. Y yo creo que el que colabora, lo hace porque
espera un retorno. Y eso es lo que nos preocupa.
A
nivel de Salud Pública, ¿también hay intereses
que impiden que se controle en qué condiciones bromatológicas
son elaborados los refrescos que producen las empresas que operan
en la informalidad?
"Nosotros
hablamos con las máximas autoridades del Ministerio de Salud
Pública y les hicimos ver el riesgo tremendo que representa
para la población el hecho de que hay gente reciclando botellas
que no son retornables, produciendo con agua no potable y con ingredientes
no aptos, almacenando o transportando productos en condiciones antihigiénicas,
y operando en abierta violación a todas las normas bromatológicas.
Y no hicieron nada".
¿Ustedes
aportaron datos concretos de las empresas que producen bebidas que
pueden ser peligrosas para la salud de quienes las consumen?
Sí.
Les dimos nombres, direcciones y carpetas llenas de datos. Hasta
les dijimos dónde y cómo tienen que obtener los datos
para probar que lo que denunciamos es cierto. Nosotros trabajamos
en serio. Les dimos pruebas de que hay marcas que adulteran las
fechas de vencimiento. Les dimos pruebas de que hay empresas que
dicen elaborar con ingredientes que no utilizan. Les dijimos quién
usa agua no potable. Y es muy fácil para Salud Pública
establecer si lo que decimos es o no cierto.
Pero
no lo hace.
No,
no lo hace. Tendría que ir a inspeccionar y no va. Nosotros,
mientras tanto, pagamos fortunas por Tasa Bromatológica,
cuando en este país la función bromatológica
no existe. Y eso es culpa de las intendencias departamentales.
¿Todas?
Todas.
Si denunciamos en el año 2000 a una empresa que opera en
Canelones y en dos años nadie hizo nada, la Intendencia de
Canelones está omisa y el Ministerio de Salud Pública
también. Si una empresa que no paga impuestos es declarada
de interés departamental por la Intendencia de Durazno, lo
que le exonera de pagar la Tasa Bromatológica, ¿de
qué estamos hablando? ¿Se declara de interés
departamental a una empresa de la que no es posible encontrar facturas
en todo el mercado?
¿Tiene
el Estado infraestructura para poder controlar si lo que producen
estas empresas que operan en la informalidad es o no riesgoso para
los consumidores?
¿Y
el Latu? ¿Para qué está el Latu?
La
infraestructura está. Hay que tener voluntad de utilizarla.
¿Y
cómo navega un empresa privada en un mar en el que las reglas
de juego las fijas políticos que se mueven como usted asegura
que se mueven?
Y...
es muy difícil. Porque por un lado está la realidad
y por otro lado el hecho de que, ante cualquier pro yecto, cada
partido y cada sector se posiciona frente a los temas de un modo
político. Es lo que, por ejemplo, pasó en la izquierda
con la salida legislativa a la crisis financiera. El senador (Danilo)
Astori la apoyaba, porque le parecía la solución correcta,
pero en la mayoría primó la necesidad de diferenciarse,
de marcar un perfil, de distanciarse del otro. Y eso pasa con todos
los partidos en todos los temas. Acá los políticos
sólo piensan en diferenciarse política mente del otro.
¿O es que alguien puede creer que no haya medio proyecto
en el que todos no se puedan poner de acuerdo? Están de acuerdo,
pero privilegian un enfoque de marketing. Tienen que diferenciarse.
Y en lugar de hacer como las empresas, que se diferencian siendo
mejores, aumentando su eficiencia, ellos hacen lo contrario. Cuando
entra un proyecto al Parlamento, todos ya sabemos quién va
a votar a favor y quién va a votar en contra, y si va a ser
aprobado o rechazado. Sin embargo, discuten meses en comisión
y semanas en el plenario, para llegar a la misma conclusión.
Pierden el tiempo que no tenemos. Lo triste es que eso lo pagamos
todos los uruguayos.
¿Incluye
en su crítica a la izquierda?
Sí,
porque tampoco me caben los discursos apocalípticos de los
que están en contra de todo, pero nunca hacen una sola propuesta.
Lo que pasa es que uno quisiera que los partidos políticos,
en un momento tan crítico, fueran capaces de ponerse de acuerdo
en algo. Y uno ve que eso es casi una misión imposible.
Los
empresarios con los que usted habla, ¿piensan igual que usted?
Sí.
Creo que todos coincidimos en el diagnóstico y en la impotencia
que sentimos al ver la inoperancia del sistema político.
Ustedes
están procesando un ajuste interno. Cuando ese proceso termine,
¿van a hablar con el gobierno?
Sí.
¿Qué
le van a pedir?
Que
aplique las reglas de juego. Y que las reglas de juego sean iguales
para todos. No le vamos a ir a pedir que nos ayude. Le vamos a pedir
al gobierno que cumpla con su función, que es la de hacer
cumplir la ley. Y si nos ponemos de acuerdo en eso, le vamos a plantear
nuestro plan de reactivación, que no es complicado. Si nos
bajan la carga impositiva, podemos crecer y generar más empleo,
lo que va a llevar al Estado a recaudar más. Y estamos dispuestos
a hacer un seguimiento junto con el gobierno. Y a que si no funciona,
se elimine el beneficio. Lo único que pedimos es que, del
otro lado, haya voluntad política para emprender la tarea
y ganas de asumir el riesgo.
¿Tiene
una buena relación con el presidente de la República?
Sí.
Incluso me ha llamado para pedirme que le entregue personalmente
la información y las denuncias que hemos entregado a las
autoridades del gobierno, porque quiere solucionar las cosas.
¿Y
usted le ha enviado esa información?
No,
yo me he negado a utilizar ese canal. El presidente me ha dicho
que me deje de jorobar, que le mande todo, pero yo he preferido
mantener las gestiones a través de los canales correspondientes.
¿Por
qué?
Porque
uno, como empresario, tiene que creer que existe la estructura necesaria
para encarar y solucionar estos problemas, y que no todo tiene que
hacerlo el presidente. Lo que creo, también es que el presidente
está muy solo. Quizá sea una soledad provocada por
él mismo. Pero no hay dudas de que está solo. Por
eso arranca con temas que se caen, porque no están lo suficientemente
elaborados y preparados.
¿Falta
gerenciamiento en el gobierno?
Sin
ninguna duda. El problema es que se reparten cargos para quedar
bien con todos, en lugar de hacer como en la empresa privada, en
que uno pone en cada puesto al más capaz. Y cuando uno habla
de estas cosas le dicen que siempre se hizo así. Yo digo
que si hacemos lo que hicimos siempre, de esta crisis no salimos.
No sale nadie.
¿Eso
quiere decir que, cuando llegue la hora de pedirle al gobierno una
definición en torno a los reclamos que formula la compañía,
no se va a mantener una entrevista con el presidente Batlle?
Primero
vamos a hablar con el ministro Atchugarry. Y después, en
treinta o cuarenta días, va a llegar a Uruguay el presidente
de Coca-Cola para América Latina, y está previsto
que mantenga una reunión con el presidente Batlle.
¿Y
cuál es la idea de esa entrevista? ¿Plantear un reclamo
formal al gobierno uruguayo por el no cumplimiento de las normas
vigentes?
Contarle
lo que vamos a hacer, explicarle las soluciones en las que estamos
pensando para volver a crecer y decirle claramente que, si no se
dan eterminadas condiciones, es muy difícil para la compañía
seguir operando en el Uruguay.
Las
estafas las deudas y la licuadora
¿Están
dando esta pelea por la legalidad junto a Pepsi y a Nix, sus dos
principales competidores?
"Estamos
dando la pelea junto a todas las empresas que integran el Centro
de Fabricantes de Bebidas sin Alcohol. Y con Pepsi hemos trabajado
juntos, financiando incluso estudios e investigaciones que hemos
puesto a consideración de las autoridades.
¿Y
con Nix?
"Nix
no integra el Centro de Fabricantes de Bebidas sin Alcohol. Y nosotros,
que pagamos los impuestos en fecha, sólo podemos hablar por
las empresas que integran el Centro de Fabricantes de Bebidas sin
Alcohol. Porque en este país hay empresas que, lamentablemente,
aprovechan la situación por la que atraviesa el Uruguay para
obtener de la DGI facilidades que les permiten licuar ante el Estado
las deudas acumuladas durante años de no pagar los impuestos
que les correspondían.
¿A
qué empresas se refiere?
"Las
autoridades saben a qué empresas me refiero. Son empresas
que habiendo estafado al Estado, y haciéndose acreedores
de multas y recargos, hoy han licuado esas deudas con acuerdos que
perjudican al Estado y a los empresarios que sí cumplimos
con nuestras obligaciones.
D´
ELIA, LOS TREINTA SUELDOS Y UNA EMPRESA SIMBOLO DEL CAPITALISMO
¿Por
qué demoraron tanto tiempo en acordar con el sindicato de
trabajadores de la compañía una fórmula que
les permitiera procesar internamente los cambios operativos que
entienden necesarios para asegurar la sobrevivencia de la empresa?
"Porque
cuando uno baja un 37% las ventas, es la realidad la que determina
que no hay puestos de trabajo para todos. Pero hasta que la gente
no asimila esa realidad, el conflicto no se resuelve. Lo importante
es ver cómo actúa una empresa como Montevideo Refrescos
cuando hay que reducir personal.
¿Cómo
actuaron?
"Cuando
tuvimos que cesar la relación con 52 personas que trabajaban
en nuestra planta, pagamos un incentivo de 30 sueldos líquidos.
Eso quiere decir que la persona que lamentablemente hoy no tiene
lugar en la empresa, le aseguramos 30 meses de tranquilidad, incluso
para esperar que el país vuelva a crecer y se vuelvan a generar
los puestos de trabajo que ahora se han perdido. Y yo me siento
orgulloso de trabajar en una empresa que piensa en sus trabajadores
y que no los deja desamparados, ni a ellos ni a sus familias.
¿Le
dolió que, durante el conflicto, el gremio denunciara que
algunas bajas respondían a una política de persecución
sindical por parte de la empresa?
"Esta
es una empresa donde hay libertad total, donde no se persigue a
nadie.
Sin
embargo, el sindicato dijo lo contrario...
"...
y eso es parte de los códigos que se manejan en un conflicto.
Pero cuando lo dijeron, les pregunté por qué lo decían
y le pedí que me lo demostraran. Y no pudieron demostrarlo.
Alguien piensa que podemos perseguir a los sindicalistas cuando
tenemos en la empresa una sala que lleva el nombre de don José
DElía?
¿Por
qué le pusieron el nombre de D´ Elía a una sala?
"Porque
es un hombre al que queremos mucho. Una clase de hombre que se hizo
con un molde que, lamentablemente, se rompió. Porque no hay
ninguno más como él. Pero eso no es todo. Tenemos
600 horas sindicales pagas, asambleas gremiales dentro de la planta,
reuniones entre el sindicato y cada mandatario que ha visitado la
planta, sin restricciones de ningún tipo, acceso autorizado
a sindicalistas de otros países que llegan a la empresa y
quieren reunirse con los representantes de los trabajadores y una
cartelera sindical donde se manifiestan posiciones diferentes a
la de la empresa, y nunca a nadie se le ocurrió censurarla.
Acá hay una libertad de la que no disfrutan, por ejemplo,
los trabajadores de las empresas informales que compiten deslealmente
con nosotros. A alguien se le puede ocurrir que acá hay persecución
sindical?
¿Y
no será que, para un sindicato, es más fácil
difícil negociar con una empresa que, como la Coca-Cola,
es casi un símbolo del capitalismo y de los Estados Unidos?
"Y...
puede ser, pero ojalá las empresas uruguayas le dieran 30
sueldos a las personas que ya no tienen lugar en su plantilla.
Hoy
no tomo Coca-Cola, mañana sí
¿La
Coca-Cola no es un artículo de lujo, pero en cada instancia
de ajuste o de apremio económico se advierte que, entre las
primeras medidas que toma el uruguayo medio, figura la de restringir
la compra del principal producto de su compañía, reservando
su consumo para fines de semana, acontecimientos especiales. De
qué modo afecta esa costumbre las ventas de su empresa?
"Investigando
el mercado hemos llegado a conclusiones muy interesantes. La primera
es que la lealtad y la preferencia que los clientes dispensan hacia
Coca-Cola siguen tan vigentes como siempre. La segunda es que, como
ustedes dicen, en la mente del consumidor es muy fácil dejar
la Coca-Cola, quizá porque interiormente sabe que también
será muy fácil recuperarla. El uruguayo dice "hoy
no tomo Coca-Cola, pero mañana sí". Pero lo importante
es que no la sustituye. Y cuando la puede reincorporar, no lo duda.
Una
apuesta de U$S 12: por Uruguay
¿The
Coca-Cola Company ha realizado una oferta para comprar el 35% de
Montevideo Refrescos que, hasta ahora, estaba en manos de accionistas
locales. En qué se traducirá esa operación
a los ojos del consumidor?
"Creo
que para el consumidor, pero sobre todo para los uruguayos, debe
ser una señal de confianza en el país el que una compañía
de ese porte invierta 12 millones de dólares para aumentar
su presencia en el Uruguay en un momento de tantas dificultades.
Porque eso quiere decir que entraron al país 12 millones
de dólares. Y porque eso significa que, para la compañía,
hay razones para esperar que en el Uruguay las cosas mejores y las
reglas sean iguales para todos.
¿Va
a representar esa operación un cambio sustancial en la operativa
y en la estrategia comercial de la empresa?
"Los
cambios que estamos procesando los hubiéramos llevado a cabo
de todos modos. Se trata de preparar a la empresa para crecer no
bien la crisis comience a desaparecer.
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