DECISION | La iniciativa recogió el respaldo de todos los partidos políticos y contó con un intenso trabajo parlamentario

Poder Ejecutivo promulgó ley bancaria; prorrogan suspensión

El Directorio del Banco Central del Uruguay extendió hasta el 17 de enero la inactividad de las entidades suspendidas

El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley bancaria después de un intensísimo trabajo del Parlamento que completó el último jueves la aprobación de la iniciativa, luego de poco más de un mes de tratamiento legislativo.

La ley —que lleva el número 17.613 y contempla la creación de un nuevo banco a partir de la fusión del Comercial, Montevideo y Caja Obrera— fue básicamente negociada en el Senado de la República y contó con el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, como figura determinante en el seguimiento del proceso.

Asimismo, en la víspera, el directorio del Banco Central del Uruguay aprobó una nueva prórroga de la suspensión de actividades dispuesta para las tres entidades mencionadas, más el Banco de Crédito y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Uruguay (Caycu).

La dirección bancocentralista extendió la prórroga hasta el día 17 de enero de 2003. La fijación expresa de plazo lo exige la ley de intermediación financiera.

El gobierno tiene la firme intención de que el nuevo Banco Comercial abra sus puertas el viernes 14 de febrero.

Para eso está trabajando una comisión desde hace algunos días, integrada por el director ejecutivo del Banco Comercial, Paul Elberse, el interventor del Banco Montevideo y el Caja Obrera, Jorge Xavier, y el gerente de la CND, Alejandro Conforte.

También están trabajando varios subgrupos en la definición de las dependencias, la selección de personal, la unificación de los sistemas informáticos y la elaboración de los balances de las tres instituciones para aclarar las cifras con que comenzará a operar el futuro banco.

El ministro Atchugarry ha estimado que trabajarán unos 750 empleados en la nueva institución (actualmente suman 1.774) y que tendrá 45 sucursales. El banco fusionado se regirá por el derecho privado, pero el paquete accionario estará en manos del Estado.

ACUERDOS. Ayer, durante una conferencia que brindó el equipo económico, el Secretario de Estado volvió a elogiar los "acuerdos amplios" que recogió la iniciativa en el Parlamento. Atchugarry dijo que "es una señal" para el país y alentó a continuar profundizando esa política de consenso.

Cuando se discutió la ley en el Senado, todos los partidos coincidieron en que el apoyo a la creación del nuevo banco era un aporte decisivo para intentar que los depósitos retornen al circuito bancario y, en particular, permitan fortalecer a la nueva institución.

También, todos destacaron la "madurez y prudencia" de la sociedad uruguaya —como nota de distinción con respecto a la Argentina— y resaltaron la colaboración brindada por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (Aebu).

La norma establece la creación de una superintendencia de protección al ahorro bancario, un fondo de garantía de depósitos y un fondo de subsidio por desempleo para los funcionarios.

Para abrir el banco fusionado será necesario diferir la devolución de parte de los depósitos, con entregas parciales de capital a medida que se cobren los créditos.

Al mismo tiempo, un 30% de los depósitos pasará a capitalizar la entidad, tras haber aceptado los ahorristas tiempo atrás y en forma voluntaria, convertirse en accionistas del nuevo banco.

El jueves, en la sesión de la Cámara de Representantes, el diputado de la Lista 15 José Amorín afirmó que los uruguayos "han vuelto a confiar" en el sistema financiero y que el flujo de depósitos ha sido "claramente favorable" a las instituciones.

Amorín sostuvo que la ley "reconoce" la actitud de ahorristas, deudores y bancarios porque "reaccionaron con sensatez" frente a la crisis del sistema.

La iniciativa consiguió el voto de 81 legisladores en 82 presentes. El único voto negativo en sala fue expresado por el representante herrerista Jaime Trobo.

"Esta no es una buena solución y no va a resolver el problema", vaticinó.

"Es un parche. No es solución. Vamos a socializar las pérdidas que deberían asumir los bancos que hasta hoy existen", subrayó.

Por su parte, el diputado Martín Ponce de León, del EP-FA, dijo que la ley recoge "los restos del naufragio de la crisis bancaria" y que esperaba el resurgimiento de "un sistema bancario sano".