Vandalismo .El equipamiento urbano de Montevideo registra índices de destrucción que van del 3 al 7% de su mobiliario. Las empresas planean más vigilancia nocturna

La furia urbana entre ceja y ceja

Los teléfonos públicos son los más castigados. En dos años se multiplicaron por cinco los destrozos en todo el país

CARINA NOVARESE

Es posible que algún experto en la intrincada geografía de la mente pueda explicar por qué romper satisface a algunas personas. Con o sin explicación, sin embargo, son miles los elementos públicos que sufren la fuerza bruta de la gente. Desde una simple papelera hasta un teléfono de Antel, no hay mobiliario urbano que se salve del destrozo.

En los últimos tiempos el vandalismo se ha convertido no solo en un problema para las autoridades municipales y empresas privadas que se encargan de diversos aspectos de la ciudad, sino también en un costo obligado que puede llegar a ser muy alto.

J.C.Decaux, la empresa de origen francés que se encarga de instalar mobiliario urbano en Montevideo, registra actos de vandalismo en un 3% del equipamiento, un porcentaje similar al que se registra en Europa. Tal como dijo Phillipe Lecuyer, director de la empresa para América Latina, "Montevideo es una ciudad de características europeas", en este aspecto.

De las casi 2.400 piezas de equipamiento actualmente instalado, las más afectadas son aquellas que incluyen vidrio. Un equipo técnico de 15 personas patrulla la ciudad para realizar el mantenimiento y adoptó la estrategia de arreglar sobre lo roto de manera inmediata.

La empresa estudia en estos días la posibilidad de agregar vigilancia privada en algunas zonas. Además está llevando adelante un estudio para conocer cuáles son los barrios en los que existen mayores problemas de vandalismo, así como las fechas clave. "Hemos llegado a la conclusión de que hay momentos del año, como año nuevo, los días de clásico en el fútbol y otros eventos en los que el vandalismo se dispara".

DESPUES DEL BAILE. Heres, otra de las empresas que se encarga del mobiliario urbano por licitación con la Intendencia, registra un 7% mensual de vandalismo en sus refugios peatonales, de los que hay cerca de 1.000 en todo Montevideo. Según informó el subgerente general de esta empresa, Juan Carlos Paradizo, el vandalismo afecta a casi todas las zonas de la capital, pero sobre todo se registra los fines de semana, en áreas cercanas a locales bailables.

Es común que los mayores destrozos se realicen sobre todo en el display publicitario y no tanto en las estructuras de los refugios. Lo más usual es encontrar los acrílicos rotos y no faltan los casos en que los afiches desaparecen, sobre todo los estéticamente más atractivos, dijo Paradizo. La empresa se encarga de reparar los daños en las 24 horas posteriores a la rotura, para lo cual dispone de equipos que patrullan la ciudad diariamente.

En la Intendencia, en tanto, los destrozos son cosa de todo los días y no se salvan ni las estatuas de los personajes más insignes. El nivel de vandalismo ha llegado al punto de que ciertos monumentos son arreglados o limpiados y el mismo día aparecen nuevos destrozos, explicó la directora de Espacios Públicos, Rosario Fosatti.

La comuna realizó recientemente un relevamiento de espacios públicos. De un total de 320, un 65% estaba en "buen estado" o "muy buen estado" y el 35% se determinó que "requiere atención". En esos lugares se contabilizaron 200 elementos como fuentes, monumentos y placas, muchos de los cuales presentan daños derivados de la acción humana. Tal como dijo Fosatti, la cantidad de los actos vandálicos y su frecuencia, "supera toda posibilidad de respuesta inmediata".

En particular los monumentos parecen ser objeto seguro del destrozo, la escritura y hasta el insulto. De los 200 relevados por la Intendencia, el 50% se encontró sucio. "Hemos limpiado hasta dos o tres veces el mismo monumento en pocos meses. Inmediatamente después se produce un nuevo acto vandálico. Tenemos que cambiar la forma en que estamos actuando. Limpiar por demanda no sirve pero tampoco podemos tener cuadrillas limpiando todos los días las mismas cosas", agregó Fosatti.

Como consecuencia del aumento de este tipo de acciones --así como del robo de plantas y hasta de adoquines en ciertas zonas de la capital-- la Intendencia habilitó un número telefónico (9010006) para realizar denuncias, así como un servicio especial para atender los casos denunciados. La Intendencia también evalúa la posibilidad de instalar rejas alrededor de los monumentos.

Para el director de Areas Verdes de la Intendencia, Jaime Igorra, todo se resume en un término: cultura (o falta de ella). "La cultura de Estados Unidos y de la Comunidad Europea es muy diferente a la nuestra en este aspecto. La nuestra es más agresiva".

MULTIPLICADO. En el caso de Antel, el vandalismo contra aparatos de telefonía instalados en la vía pública ha aumentado sistemáticamente en los últimos dos años, hasta el punto de que se multiplicó por cinco. Según los registros de la empresa estatal, en lo que va del año 2002 hubo 610 atentados en todo el país, aunque las zonas más afectadas son Montevideo y Canelones, con el 82% de los casos. En los hechos Canelones es el departamento más proclive a la acción de los vándalos, mientras que en Río Negro y Soriano no se constata ningún destrozo en los teléfonos públicos.

El pico de vandalismo se produjo en el último trimestre de 2001, cifra que con pocas variantes se mantuvo en lo que va del año 2002. Los destrozos van desde la rotura de tubos, aparatos y cabinas, hasta el robo de monedas, el daño de instalaciones eléctricas y los dibujos o pegatinas en la cúpula y el propio aparato.

En términos económicos, las roturas y sustracciones significan para Antel un gasto anual de 120.000 dólares. Pero además del costo económico, explicó el gerente de teléfonos públicos de Antel, Gerardo Addiego, "pesan los elementos intangibles, imposibles de cuantificar, a la hora de superar una emergencia o salvar una vida, especialmente en lugares en que la única comunicación posible es a través de un teléfono público".

Antel recibe muchas denuncias de los propios usuarios, a través del teléfono gratuito 08002233, pero también advierte los problemas en cada aparato por un sistema de alarmas que avisa casi inmediatamente que algo anda mal. La empresa también realiza inspecciones periódicas y contrata los servicios de una empresa de limpieza, que se hace cargo de los numerosos stickers, hojas pegadas, pintadas de graffiti y otros dibujos que inundan los aparatos públicos.

Las autoridades de Antel analizaron las posibles "motivaciones" detrás del impulso que lleva a algunas personas a destruir propiedad pública. Se estima que en algunos casos los teléfonos se rompen por beneficio personal, ya que muchas personas intentan hablar sin pagar, para lo cual rompen las instalaciones eléctricas o simplemente, quieren apropiarse de monedas y en algunos casos hasta del aparato entero.

También están quienes rompen para "liberar su furia. Algunos se enojan mientras hablan, cuelgan con fuerza y luego golpean con el tubo lo que tienen a su alcance", explicó Addiego. Entre los vándalos se cuentan quienes rompen por "enojo con Antel" o "simplemente por romper". Estos últimos "son los peores, no hay motivos. Es por una tentación irresistible de ver algo que está bien y poder dañarlo. O sea, para dejar una marca personal que otros vean".

El padre pagó el pato

En octubre de 1998 se comenzaron a instalar los nuevos teléfonos públicos en Treinta y Tres. Uno de los primeros aparatos fue colocado en la plaza y a los pocos días se registró la alarma correspondiente a la falta del tubo. Cuando llegó el funcionario de Antel para repararlos, una vecina se acercó y le dijo que el tubo lo tenía en su casa, ya que había visto como un joven lo había arrancado. La mujer relató que tras lograr su cometido, el adolescente parecía desconcertado, hasta que huyó corriendo. Luego guardó el tubo, sin saber que el sistema de Antel los hace inutilizables luego de ser desprendido del aparato principal. La historia terminó con una denuncia policial realizada en base a los datos de la testigo. Luego de encontrar al joven el juez dispuso que su padre pagara los daños.