Guerra al contrabando .El atentado contra el juez Miguel Basil fue calificado como "grave" y fruto de un "desprecio absoluto de la ley" por el presidente Batlle

Un mensaje escrito con "un plomo de calibre 38"

Stirling dijo que se puede presumir ahora que el ataque contra inteligencia policial fue obra de contrabandistas

FREDDY FERNANDEZ RENZO ROSSELLO

La habitación con vista a la avenida Sarandí estaba tenuemente iluminada por una lámpara de escritorio. Allí el juez Alberto Miguel Basil estudiaba unos expedientes que tenía en carpeta. Eran casi las tres de la madrugada, pero en cierta forma el tiempo apremiaba al magistrado que debía ponerse al día con sus asuntos al regresar de sus vacaciones. De pronto el perro ladró, Miguel Basil sintió ruidos y fue a investigar. Al llegar a la cocina, ubicada en el fondo del apartamento, lo deslumbró el fogonazo de la detonación. Tres balas calibre 38 impactaron contra la pared, a escasos centímetros de la cabeza del magistrado.

Este hecho ­que fue calificado como "grave" y fruto de un "desprecio absoluto de la ley" por el presidente, Jorge Batlle­ marcó un hito en el combate al contrabando. Batlle definió el acto como "algo que le mandan decir (al juez) con un plomo del calibre 38".

"Cuando ocurrió el atentado contra Inteligencia (policial) una de las hipótesis manejadas era que podía provenir del contrabando, en el plano de las conjeturas se puede presumir ahora que ambos hechos están vinculados y que aquella hipótesis es la que se fortalece", dijo por su lado el ministro del Interior, Guillermo Stirling.

De esta manera el secretario de Estado confirmó ayer que la principal hipótesis en el atentado es que fue ejecutado por delincuentes vinculados al contrabando.

Tras el ataque, el Ministerio del Interior dispuso una custodia especial para el juez, en tanto un equipo especial de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) se trasladó hasta Rivera para sumarse a la investigación del hecho. Por el momento no hay pistas que permitan identificar a él o los autores del mismo.

EL PERRO LADRO. "El perro pidió para salir, él lo acompañó a oscuras y apenas llega a la cocina se abalanza contra la terraza. Alberto se va acercando y ve un fogonazo", relató poco después a CX 24 Nuevotiempo Silvia Alba, esposa del magistrado riverense. "El primer disparo fue hacia el perro y después dos posteriores a la cabeza de Alberto, según quedaron marcados los tiros en la pared. Gracias a Dios que mi esposo atinó a tirarse al piso en el momento en que ve el primer fogonazo. La persona escapó después del tercer disparo", puntualizó.

El magistrado y su esposa residen en el segundo piso del Centro de Justicia de Rivera, al igual que el juez del otro turno en lo penal, Eduardo Pereira. Para llegar hasta su objetivo, el tirador debió trepar hasta los techos linderos con una iglesia y ubicarse cerca de una de las ventanas enrejadas para disparar hacia la vivienda del magistrado.

La esposa del juez agregó que éste no pudo identificar a quien efectuó la serie de disparos. "Lo que vio fue el fogonazo. Parecía un hombre encapuchado, pero no mucho más porque fue un segundo, sin luz y estaba sin lentes. No hubo intercambio de palabras", precisó Alba.

Al consumarse el atentado comenzaron a llamar a la Jefatura de Policía, cuya sede se encuentra a una cuadra y media del edificio judicial, pero no obtuvieron respuesta inmediata. Por ese motivo el juez se comunicó con el jefe de la delegación de la Brigada Nacional Antidrogas, que fue el primer oficial en llegar al lugar.

Los efectivos policiales llegaron al apartamento del juez 33 minutos después de que éste los llamara. La dilación de la respuesta policial se explicó luego por el hecho de que el telefonista de la Jefatura interpretó mal el llamado y envió a los uniformados a la vivienda del juez Eduardo Pereira, un piso más arriba que el de Miguel Basil. "Yo mismo llamé a la Jefatura, pero no quiero caer en una discusión que no lleva a ninguna parte", se limitó a comentar el propio Miguel Basil al ser consultado por El País.

INVESTIGACION. No parecen caber dudas en cuánto a la naturaleza del atentado y concretamente desde donde proviene. En tal sentido, el propio Stirling expresó las suposiciones oficiales y más tarde Batlle envió un claro mensaje en este sentido.

El examen de los antecedentes inmediatos al hecho ocupó buena parte del trabajo de investigación que, pocas horas después del acto, comenzó a desarrollarse. Distintas fuentes consultadas por El País aportaron elementos en tal sentido. Uno de los hechos inmediatamente ligados al atentado fueron las amenazas telefónicas contra el juez Miguel Basil que se produjeron en la segunda quincena del mes de agosto. Por ese entonces declaraban en la sede judicial varios funcionarios policiales en la instancia que dio lugar al procesamiento de un ex jefe de Policía de Rivera. Las amenazas se efectuaron al teléfono celular de la esposa del magistrado y del teléfono de la propia sede judicial.

Otro hecho significativo, que a la luz de lo ocurrido ayer comenzó a ser visto de otra manera, fue el robo ocurrido el 15 de agosto pasado a las oficinas departamentales de la DGI. Este hurto, que fue calificado como "muy especial" por los investigadores, tuvo como objetivo documentos guardados por la oficina, ya que en ella no se maneja dinero en efectivo.

Una nueva amenaza telefónica fue recepcionada el 18 de octubre pasado por el celular de la esposa del juez, en esa ocasión la voz anónima dijo que si el magistrado retomaba las investigaciones lo asesinarían. Concretamente, el mensaje fue: "Si no logramos que te destituyan, te vamos a matar".

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Un juez en la línea de fuego

Días antes fue baleada la sede de inteligencia policial en Montevideo, otro actor en la lucha anti contrabando

ALVARO GIZ

El miércoles pasado la banda terrorista ETA mató a un juez en España y la noticia fue inmediatamente difundida al resto del mundo. Una situación similar, aunque no con ese trágico saldo, se había vivido en Uruguay tan sólo un día antes. Aunque cueste creerlo, así fue.

El juez penal de Rivera, Alberto Miguel Basil, un magistrado que cobró notoriedad en los últimos tiempos por haber intervenido en la desarticulación de una red de contrabandistas integrada por particulares, policías y aduaneros, fue el blanco de tres disparos realizados a corta distancia con un revolver de grueso calibre por un desconocido.

Por el momento, no hay huellas, ningún testigo advirtió la presencia del sicario y la propia víctima del ataque sólo alcanzó a ver un rostro encapuchado, por lo cual hay muy pocas pistas para avanzar en la investigación. Además, la cercanía de la línea fronteriza ofreció al atacante una inmejorable vía de escape y un lugar donde perderse.

El atentado contra el magistrado estuvo precedido de otro similar realizado días antes contra la sede de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía, en Montevideo, y según admitió públicamente el ministro del Interior, Guillermo Stirling, uno y otro episodios están innegablemente relacionados.

Es que la inteligencia policial también había jugado un papel preponderante en las investigaciones desarrolladas para descubrir a los contrabandistas que fueron procesados en Rivera por Miguel Basil.

El presidente Jorge Batlle dijo que el hecho es "grave" porque refleja "un sentimiento de desprecio a la ley" y reiteró que su gobierno piensa seguir cumpliendo con su obligación de combatir el contrabando.

Además, señaló que le transmitió telefónicamente su respaldo al magistrado y que las autoridades "lo van a proteger y lo van a ayudar" aunque se haya conducido siempre con absoluta libertad e independencia, "como debe ser".

"Lo que me importa sí, es que es un juez que está actuando en un expediente y que ha recibido un atentado como una alerta, diciéndole: no se ponga a trabajar más en lo que no debe. Eso es lo que le mandan decir con un plomo de calibre 38", afirmó el presidente quien junto al ministro de Economía, Alberto Bensión, habían sido de los primeros jerarcas de gobierno en recibir amenazas de muerte cuando en octubre del año pasado lanzó la ofensiva del gobierno para reprimir el contrabando.

Otro aspecto de la situación que no puede pasar desapercibido son las declaraciones que realizó luego del atentado la esposa del juez Miguel Basil, la periodista Silvia Alba, quien dijo no confiar en la Policía de Rivera, varios de cuyos efectivos --jerarcas y subalternos-- fueron procesados con prisión por el magistrado.

Alba no dudó en calificar de "inepta" a la Policía local y en cuestionar que sus efectivos hayan demorado en intervenir en el atentado a balazos que sufrió su marido.

En declaraciones que realizó a CX 24 Nuevotiempo a pocas horas de la agresión al magistrado, Alba dijo que a pesar de que la Jefatura de Rivera está ubicada a una cuadra y media de su domicilio, los agentes llegaron al lugar media hora después de que sucediera el ataque.

Asimismo, recordó que en los meses de agosto y octubre, una voz anónima le había aconsejado que intercediera ante el magistrado para que abandonara la investigación que amenazaba las operaciones de la organización de contrabandistas, porque de no hacerlo sufriría las consecuencias. "Textualmente dijeron que si no lograba que lo destituyeran, 'iba a ser boleta'; que primero se iban e encargar de la mujer, después de él y que no iban a ser los únicos", relató.

Las declaraciones de Alba deben tomarse con seriedad y no pensar que son fruto de un momento de nerviosismo. Porque más allá de las precisiones que la Policía de Rivera pueda realizar respecto a si fue o no debidamente avisada de lo sucedido, lo cierto es que tanto el magistrado como su esposa no se sienten seguros. Es posible también que a juicio de las autoridades Alba haya hablado más de la cuenta, pero no hizo otra cosa que revelar la situación en la que viven ella y su marido, la cual quedó totalmente confirmada con la ejecución del atentado.

La situación tiene tal gravedad que a la mañana siguiente del hecho inteligencia policial decidió enviar a Rivera un equipo de investigadores --reforzado con un alto oficial especializado en contraterrorismo--, quien participa activamente en las pesquisas que se desarrollan.

Aunque la custodia especial que le fue otorgada al juez está a cargo de efectivos de la Jefatura de Rivera, la presencia del personal de inteligencia puede ser suficiente como para demostrar que Miguel Basil no está solo.

Lo sucedido por estos días en la fronteriza ciudad de Rivera es sin dudas una muestra clara de que cuando se afectan los intereses de mafias como las que en el país manejan el gran contrabando --y por ende millones de dólares--, es muy probable que ocurran hechos que los uruguayos de estos tiempos solo estamos acostumbrados a ver en películas o noticieros de televisión.

Sería bueno que el gobierno ajuste el torniquete para que se esclarezca lo que ha sucedido y así demostrarle tanto al juez Miguel Basil como a los otros funcionarios que actúan honestamente, que el apoyo va más allá de las declaraciones. Esto será fundamental para que no cejen en el empeño de desarmar las organizaciones de contrabandistas que, como la de Rivera, han demostrado que son capaces de hacer daño si sus intereses son afectados.