AVANCES | En su investigación sobre Uruguay, la Comisión para la Paz no encontró indicios sobre ejecuciones de detenidos

Catorce desaparecidos murieron por las torturas

Hasta el momento los familiares de estas personas no han sido notificados por la comisión sobre sus conclusiones.

RECLAMO. Los familiares demandan conocer la verdad sobre el destino de los desaparecidos

IVAN KIRICHENKO

Los 14 uruguayos cuyas desapariciones fueron aclaradas por la Comisión para la Paz murieron por "exceso de torturas" y no por ejecuciones, en ningún caso permanecieron vivos más de un mes a partir de la fecha en que fueron detenidos, entre ellos el Partido Comunista es el grupo que más integrantes tenía, y al menos uno de ellos desapareció en 1981, informaron a El País los voceros del organismo, Carlos Ramela y Gonzalo Fernández.

Hasta el momento los familiares de esas 14 personas que desaparecieron en territorio uruguayo durante la dictadura no fueron notificados sobre los avances de la comisión, pero serán informados antes de que el organismo finalice su trabajo de investigación.

Es difícil establecer características comunes entre las 14 desapariciones, ya que algunas de las personas fueron secuestradas en la calle y otras en sus propios domicilios, dijo Fernández. También difieren los detalles de los operativos de detención, y los lugares en los que permanecieron detenidas las personas.

Sin embargo, la comisión estableció que todos murieron por torturas. Y que no existen indicios sobre eventuales ejecuciones, sostuvieron ambos voceros.

La mayoría de las desapariciones aclaradas hasta el momento se produjo entre 1974 y 1976, aunque también existe al menos un caso de 1981, explicó Ramela. Según la nómina que publicó la organización de familiares de desaparecidos en su sitio en Internet, en 1981 desaparecieron en Uruguay los militantes del Partido Comunista Félix Sebastián Ortiz y Antonio Omar Paitta Cardozo. El último desaparecido en Uruguay según esos registros fue Miguel Angel Matto Fagián, quien fue detenido el 29 de enero de 1982.

En cuanto al tiempo que pasó entre la desaparición de las personas y su muerte por torturas, la Comisión para la Paz concluyó que en la mayoría de los casos transcurrieron "pocos días" entre uno y otro hecho, y que en ninguna de las situaciones pasó más de un mes, informó Fernández.

Entre los 14 casos que la comisión considera aclarados --en virtud de que dispone de datos sobre lugares y fechas de fallecimiento--no se encuentran los de las dos personas que desaparecieron antes de la dictadura: Abel Adán Ayala y Héctor Castagnetto, quienes desaparecieron en 1971 y 1972 respectivamente.

Ambos casos "desde el punto de vista técnico no ingresarían en el período de trabajo de la Comisión, que es el del régimen militar, pero la decisión fue incluirlos porque presentan similitudes obvias. Hoy están en el listado y se están estudiando como si fueran dentro del período", señaló Ramela a El País en su edición del 16 de enero de este año.

Los familiares de las personas cuyas desapariciones fueron virtualmente aclaradas aún no fueron notificados, por lo cual los nombres permanecen en reserva. De todas formas, serán informados sobre los avances antes de que finalice el plazo de funciones del organismo.

Durante las primeras semanas de la labor de la Comisión para la Paz, la organización de familiares de desaparecidos comunicó que prefería que los casos aclarados fueran notificados a todas las familias respectivas al mismo tiempo, luego de finalizado el plazo para la investigación oficial.

Sin embargo, tiempo después el grupo de familiares revisó su posición y dejó a la comisión en total libertad de comunicar sus avances en la fecha que lo considere pertinente. Hasta el momento fueron notificados los familiares de los cinco uruguayos desaparecidos en Argentina de cuyos restos óseos la comisión determinó el paradero.

DESTRATO. En una entrevista publicada por El País el 16 de abril pasado, el integrante de la comisión José Claudio Williman afirmó: "La lucha contra la guerrilla siempre es una guerra sucia. Pero el seguir torturando, y llegar a que se le muera la persona, es una cosa que nunca la pude entender (...) Acá ha habido una prolongación en el destrato del detenido, que no puedo comprender. Injustificado".

Acerca de los métodos de desaparición aplicados en Uruguay, la comisión concluyó tiempo atrás que, a diferencia de lo que sucedió en Argentina --donde los desaparecidos fueron 30 mil según organizaciones de derechos humanos y 15 mil según estimaciones oficiales-- en Uruguay no se produjeron "vuelos de la muerte", o sea que no se desarrolló una práctica sistemática de arrojar a los desaparecidos al mar desde aviones o helicópteros.

Hasta el momento, el organismo no ha podido hallar restos óseos de desaparecidos en Uruguay, aunque sí halló restos de dos uruguayos desaparecidos en Argentina y de uno desaparecido en Bolivia. También posibilitó la identificación del cadáver de una mujer argentina desaparecida cuyos restos aparecieron en la costa uruguaya durante la década de 1970.

Asimismo, la comisión se acerca a cumplir un año de funciones --el próximo 9 de agosto-- en pleno trámite de exámenes de ADN a dos jóvenes residentes en Buenos Aires entre los cuales cree que se encuentra el desaparecido Simón Riquelo, luego de obtener avances en su investigación del caso.

Aunque la ley de caducidad saldó de manera legal la cuestión de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, el gobierno del presidente Jorge Batlle estimó que las heridas del pasado permanecen abiertas mientras no se aclaren los casos ni se marque una postura oficial al respecto.

Por ese motivo, Batlle apeló a un "estado del alma" propicio para "sellar la paz entre los uruguayos", al tiempo que se desarrolla una investigación oficial por parte de la Comisión para la Paz, creada con ese objetivo específico.

Crítica de familiares

El grupo de familiares de desaparecidos durante la dictadura pidió ayer públicamente al presidente Jorge Batlle que acceda a detener a los oficiales retirados requeridos por un juez argentino, y solicitó al Parlamento que no permita que las Fuerzas Armadas uruguayas integren los cuerpos de paz de Naciones Unidas.

En un comunicado, los familiares preguntaron a las nuevas generaciones militares "hasta cuándo van a tolerar esta ignominia que los separa de sus compatriotas", y advirtió que "cuanto más tarden en rendir las mínimas cuentas que con máxima tolerancia y garantías hoy se les solicita, más cuentas se les acumularán y más desgastada estará la tolerancia".

Familiares dijo que las Fuerzas Armadas uruguayas "no son dignas" de representar al país en el exterior porque "no quieren forjar la paz en su propio país".

"La población, en el año 1989, refrendó la ley (de caducidad) aspirando a facilitar la paz, pero no a perpetuar la ignominia de seguir ocultando el paradero de los desaparecidos y por tanto continuando el crimen. Las Fuerzas Armadas tienen en sus manos una decisión clave: o se suman a la corriente dignificadora y pacificadora, a la que estamos convocados, o siguen por lo menos marginados y divorciados de la sociedad a la cual, es bueno no olvidarse, se deben y la que también --es bueno recordar-- las mantiene", sentenció el grupo.