MARCHA ATRAS | Intendente dejó en suspenso su decisión hasta las elecciones de una nueva dirección de Adeom

Arana revisó limitación de las licencias gremiales

En medios frentistas decisión municipal fue valorada como "error político"; Asamblea Uruguay pide que el tema se trate en reunión de coordinación.

PROBLEMAS. La dirigencia del sindicato municipal ya hizo sentir su malestar al intendente cuando asumió su segundo período

El intendente de Montevideo, Mariano Arana, comunicó ayer a una delegación de dirigentes del PIT-CNT y del sindicato municipal (Adeom) que su Administración había resuelto dejar sin efecto hasta abril --cuando se realizarán las elecciones en esa organización-- su decisión de limitar las licencias gremiales.

El viernes pasado, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) comunicó a Adeom que quedaban suspendidas las licencias gremiales de todos los trabajadores que no integran la dirección del sindicato.

La secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, dijo que para adoptar esta medida las autoridades municipales tomaron en cuenta el ausentismo que se producía en el sector limpieza, el cual, a su juicio, afectaba el cumplimiento del servicio.

En la reunión de ayer estuvieron presentes los dirigentes del PIT-CNT Alberto Melgarejo (textil), Juan Carlos Venturini (gráfico) y Luis Romero (sindicato del caucho) y el secretario de organización de Adeom, Pablo González.

Tras el encuentro, el intendente Arana dijo que se había atendido la solicitud de la central sindical, "partiendo de la base de que nuestro propósito es el respeto a las organizaciones de los trabajadores, y al mismo tiempo, fundamentalmente, el cumplimiento de los servicios básicos que la Intendencia debe garantizar a todos los vecinos de Montevideo".

El jefe comunal explicó que se decidió dejar en suspenso la resolución de cortar las licencias sindicales a los funcionarios, que había sido adoptada el pasado viernes, en el entendido de que había abusos que afectaban el cumplimiento de distintos servicios y señaló que "ahora viene una instancia de diálogo que para nosotros será bienvenida como siempre".

Por otra parte, Arana rechazó que este acuerdo para "no innovar" menoscabe de alguna forma la autoridad de la administración municipal. "Una de las condiciones que se plantean en este acuerdo de 'no innovar', es precisamente que se cumplan las condiciones y las formas de relacionamiento que aseguren el cumplimiento de los servicios a todos los vecinos", dijo.

Resaltó que de este modo se volverá a la situación preexistente, pero sobre la base del cumplimiento de la totalidad de las tareas que deban realizar los funcionarios.

Reiteró que el gobierno municipal de Montevideo siempre ha estado abierto al diálogo con los trabajadores.

Por su parte, el dirigente de Adeom, Aníbal Varela, dijo a El País que "en principio" existe conformidad en el gremio con el planteo de Arana "porque se logró revertir la situación", aunque advirtió que el tema será analizado formalmente hoy por el ejecutivo del gremio municipal.

Varela agregó que el actual convenio quedará vigente hasta fines de abril y que la dirigencia sindical que asuma luego de los comicios deberá negociar uno nuevo.

El domingo, el secretario general de Adeom, Pablo Sanmartino, había declarado a El Observador que el gremio había decidido denunciar la situación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Según los gremialistas, el acuerdo vigente con la comuna de Montevideo les habilita a realizar 9.000 horas anuales de licencia gremial. De ellas, el delegado de Adeom ante el PIT-CNT, Héctor Bauzada, --quien integra la Comisión de Conflictos--, utiliza 2.500 horas anuales de licencia sindical.

CARTA. Paralelamente, la Mesa Política del Frente Amplio recibió ayer una carta de la dirección del sindicato de empleados y obreros municipales en la que se solicitó una entrevista a ese órgano de conducción política para tratar el tema del relacionamiento entre el sindicato y las autoridades de la Intendencia de Montevideo.

El secretario de la Presidencia del Frente Amplio, Nelson Macedo dijo a El País que los dirigentes sindicales serán recibidos por la Comisión de Asuntos Sociales de la Mesa Política, que es el organismo al que le compete recibir a las diferentes gremiales.

Adelantó que para esa reunión también serán citadas las autoridades de la Intendencia de Montevideo, "de manera de escuchar a las dos campanas", puntualizó.

Por otra parte Asamblea Uruguay solicitará hoy que el jueves, en la reunión de coordinación entre la bancada de ediles del Frente y el Ejecutivo municipal, se analice lo sucedido con Adeom.

Ancel: Frente negocia pero pide garantías

La Mesa Política del Frente Amplio resolvió ayer reclamar a colorados y blancos garantías explícitas para que no se apliquen los artículos 612 y 613 del Presupuesto, que habilitan a la venta del 40% de las acciones de la telefonía celular.

Así lo informó ayer el secretario de la Presidencia del Frente Amplio, Nelson Macedo, quien precisó que para el Frente Amplio no es suficiente la expresión de la voluntad política de no aplicar los referidos artículos, sino que es preciso una ley que los deje sin efecto.

La semana pasada el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio se reunió con los senadores Alejandro Atchugarry del Partido Colorado y Francisco Gallinal del Partido Nacional, quienes expresaron la voluntad política de no aplicar los artículos cuestionados por el Frente.

El presidente del Frente Amplio Tabaré Vázquez se reunirá después del 19 de marzo con el titular del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, a los efectos de proseguir las conversaciones sobre Ancel. Paralelamente, el órgano de conducción política de la coalición de izquierda ratificó la decisión de comenzar una campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum sobre esos artículos, en caso que la negociación que está en proceso fracase.

El lunes próximo se resolverá el camino a seguir para la eventual convocatoria, pero se maneja que se optará por la "vía larga" que implica la presentación de firmas que representen al menos el 25% del padrón electoral.