El gasto social

Rosario Patrón

En lo que va del año ya hemos tenido alguna buena noticia del exterior. La reducción de las tasas de interés en Estados Unidos tendrá para nosotros un efecto beneficioso. Las tasas internacionales de interés y las tasas domésticas se adecuarán a dicha baja. Ello abaratará los pagos por endeudamiento externo y el crédito doméstico dando mayores posibilidades de crecimiento productivo tanto en nuestro país como en los vecinos, por lo que es posible que dejemos atrás paulatinamente algunas de las dificultades de los últimos dos años.

En materia de empleo y salario real los últimos datos mostraron una situación de deterioro que tiene consecuencias económicas importantes pero también efectos sociales indeseados en varios planos, por lo que una reversión en breve de variables externas determinantes viene a ser como regalo de Noche de Reyes.

A pesar de los avatares recientes vale la pena destacar que la estructura de soporte social en nuestro país es considerablemente más densa que la de otros países que han sufrido iguales o parecidos inconvenientes en los últimos tiempos, lo que matiza los efectos polarizantes de las situaciones vividas y atenúa las tendencias de fractura social que la mala situación económica propicia. Por lo menos por ahora. En el futuro la definición de prioridades claras en materia social parece más necesaria que nunca.

Algunos indicadores

La CEPAL, organismo que produce informes muy completos sobre los resultados del estilo mundial prevaleciente de desarrollo en las economías latinoamericanas, es una fuente de información útil para efectuar comparaciones. Su reporte sobre Equidad, Desarrollo y Ciudadanía (Notas de la CEPAL, mayo de 2000) muestra diversos indicadores sociales de 17 países latinoamericanos para el bienio 1990-91 y 1996-97. Las crisis financieras que se produjeron a partir de mediados de 1998 han enlentecido los progresos que la región estuvo realizando luego de superar la crisis de deuda de los años ochenta. No obstante, el período analizado es importante porque muestra los niveles y la tendencia en estas variables y, también, la importancia que cada sociedad atribuye a lo social a través de los recursos que asigna.

Uruguay se muestra, por lejos, como el país con menor proporción de hogares bajo la línea de pobreza y con la distribución del ingreso más equitativa.

Su gasto social, compuesto por los gastos en educación, salud, seguridad social y vivienda y asistencia social, como porcentaje del PBI, es extremadamente elevado en comparación con este conjunto de economías de América Latina. Para el bienio mencionado más reciente, representa un 22.5% del PBI en comparación con una media de 12.4%. Los países con un ratio más cercano al nuestro son Panamá con un 21.9% y Costa Rica con un 20.8%. Además de ser el más alto, el gasto social uruguayo fue uno de los que más se incrementó entre ambos períodos. Con la excepción de algunos países como Bolivia que lo duplicó pero partía de niveles muy bajos, son Uruguay, Costa Rica y Panamá los que más adelantaron en el período.

Sorprendentemente, un país como Chile, con gobiernos de centro izquierda durante los últimos quince años, no sólo tenía niveles inferiores de gasto que Uruguay a principios de los noventa, sino que no lo ha incrementado en forma sustancial en el lapso considerado.

Todos los países analizados --con la excepción de Venezuela y Honduras-- han aumentado el gasto social entre principios y finales de los noventa.

Lo característico de nuestro país, sin embargo, es la cuantía de los recursos que se destinan a la seguridad social y el crecimiento que han tenido y siguen teniendo estos gastos. La proporción del PBI que representa la seguridad social en Uruguay es el triple del promedio de todos los países de la muestra. Las razones de esto son bien conocidas. La composición etaria de la población y la legislación vigente contribuyen a ello. Aún con el nuevo régimen de pasividades que se diseñó con los objetivos de hacer más justo al sistema y posibilitar su financiamiento, la carga que ello representa para la sociedad tiene su contracara en la imposibilidad de aumentar otros gastos sociales que son cruciales para el desarrollo futuro del país.

Si se considera el gasto social excluída la seguridad social, Uruguay asignaba en 1990-91 un 6.3% del PBI a fines sociales mientras que Costa Rica asignaba 13.8% y Panamá el 12.8%. En 1996-97, Uruguay tenía un gasto de 7.2% mientras que Costa Rica tenía un 15.3% y Panamá un 15.3%.

El gasto en salud, vivienda y asistencia social en nuestro país se incrementó entre principios y fines de los noventa al mismo ritmo que el promedio de los países de la muestra. Sin embargo, en materia de niveles, ellos son menos de la mitad de lo que emplean Panamá y Costa Rica para tales fines, son similares a los que registra Chile y están por debajo de lo que gastan Argentina y Brasil.

Lo más preocupante de este panorama comparativo es, no obstante, la inversión en educación.

Lamentablemente, el gasto social en educación en Uruguay es considerablemente menor que en buena parte de los países analizados y menor que el promedio de todos ellos. En este caso los gastos mayores como porcentaje del PBI se registran en Bolivia (5.9%), Costa Rica (5.8%), Panamá (5.5%) en tanto que Uruguay tiene solo un 3%, similar al de Chile (3.3%). A la vez, el avance entre el comienzo de los noventa y el último período de medición ha sido en Uruguay apenas de un 0.3% del PBI mientras que el promedio aumento 0.8% y algunos de los países aumentaron su gasto social en educación más de lo que aumentaron su gasto social total.

Tanto en niveles como en crecimiento del gasto social, entonces, mientras que Uruguay ha privilegiado a la generación de sus mayores, otros países han privilegiado a sus jóvenes.

Esto tiene consecuencias importantes para el futuro desarrollo del país. No solamente la educación es uno de los mecanismos para igualar oportunidades sociales sino que es el centro mismo de generación de capital productivo que se requiere para obtener altas tasas de crecimiento.

Tanto en uno como en otro aspecto Uruguay necesita una inversión mayor si es que ha de mantener en el futuro el lugar privilegiado que hoy ocupa en el contexto latinoamericano en materia de niveles menores de pobreza y mejor distribución del ingreso.

Lo posible y lo necesario

No hay duda que la posibilidad de realizar mayores gastos en educación está ligada a la capacidad de crecer sostenidamente. Las opciones ya realizadas en materia de asignación de recursos a distintos destinos y, en particular a la seguridad social no pueden ser revertidas en el corto y mediano plazo. Por eso, en lo inmediato, es fundamental la eficiencia y eficacia con que se utilizan los fondos asignados a la educación. Formas nuevas de organización, descentralización, desburocratización y competencia deberían ser bienvenidas para optimizar los resultados en términos de calidad y cantidad de servicios brindados. Algunos episodios que han ocupado últimamente mucha prensa muestran que seguramente podríamos introducir cierto grado de flexibilidad y originalidad en nuestra forma de defender la educación para todos, es decir la pública, rescatando sus valores tradicionales encarnándolos en estructuras modernas y funcionales a la sociedad de hoy.

En segundo lugar, es imperativo que el país siga realizando reformas estructurales que impulsen el crecimiento productivo y, por lo tanto, la creación de recursos adicionales. Solamente en una economía que crece se pueden dar mayores inversiones sociales con efecto no inflacionario y duradero. La generación de empleo, además, es lo que permite a las familias satisfacer sus necesidades básicas y, consecuentemente, estar en condiciones mejores de ejercer con mayor efectividad su rol de educadores primarios y tener mayores posibilidades y libertad para mantener a sus hijos en el sistema educativo formal por más tiempo.

En tercer lugar, la sociedad tendría que dejar de lado una tradicional tendencia a a apoyar indiscriminadamente cualquier causa más o menos solidaria y explícitamente definir que la prioridad está en la educación. Solo así podrá existir una política sistemática donde parte del aumento del ingreso nacional se direccione sin discusión a programas de capacitación, a la educación formal básica y universitaria y al apoyo a la infrastructura familiar mínima que permita a los jóvenes valorar y aprovechar la instrucción recibida.

De la inversión social del pasado es que obtuvimos la cohesión e integración comunitaria que nos destaca a nivel internacional; la inversión social que realicemos de hoy en más, y la estructura que ella tenga definirán las características que como sociedad tendremos en el futuro.