La asignación social universal

La propuesta que surgió del Movimiento de Participación Popular para fijar un ingreso para todos los habitantes del país sin importar su condición social o económica fue, de forma general, muy mal recibida.

No presentó una articulación detallada. Sobre lo poco que se supo, que es que el 20% más rico financiaría la iniciativa para toda la sociedad, el coordinador académico de Economía en la Universidad ORT Néstor Gandelman afirmó, con razón, que se trata de una muy mala señal alterar incentivos de esta forma. En realidad, agregó, lo que habría que hacer es ir hacia una sociedad en la que las personas tengan incentivos para esforzarse y progresar.

Sin embargo, la idea de una asignación universal ha contado con prestigiosos adherentes en el mundo académico, adentro de los cuales se pueden mencionar a los premios Nobel de economía Herbert Simon (1916-2001), Friedrich Hayek (1899-1992) y Robert Solow (nacido en 1924). Incluso aquí, en el ambiente político partidario, la Revista Blanca de febrero de 2011 se ocupó de este importante debate teórico, con un artículo de Martín Peixoto ("seguridad social y ciudadanía").

Peixoto planteó allí el problema de la nueva cuestión social. La norma ha dejado de ser la seguridad de por vida a través de ingresos ganados, y por tanto, los problemas de seguridad social son distintos a los que hubo a mediados del siglo XX. Se trata de asumir que estamos frente a un número importante de personas que ya no encuentran los modos para asegurarse el acceso a puestos de trabajo adecuados. Basándose en los autores belgas Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght, Peixoto define la asignación universal como "un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida".

La clave está en entender que esta asignación social universal no se suma a lo que ya existe. Como bien explica el Colectivo Charles Fourier y plantea Peixoto, se suprimen "los seguros de paro, los sistemas legales de jubilaciones, los sistemas existentes de ayuda social y de renta mínima garantizada, las deducciones y créditos impositivos para las personas a cargo, las becas de estudio, las subvenciones al empleo, la ayuda del Estado a empresas con dificultades". A cambio de todo eso, se paga "cada mes a cada ciudadano una suma suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de un individuo que trabaje o no, sea pobre o rico, viva solo, con su familia, en concubinato o en comunidad, haya trabajado o no en el pasado".

Los teóricos belgas señalan que "la asignación universal no realiza una redistribución solidaria entre quienes trabajan y quienes no pueden hacerlo, sino que le da a cada uno lo que le corresponde, independientemente de cuáles sean sus elecciones acerca de la vida que quieren llevar". Carlos Pareja, quien también desde nuestra academia ha estudiado este asunto, plantea un fondo de equidad ciudadana que se financie durante algunos años y que, a partir de una determinada fecha, comience a pagar la asignación universal a las personas que nazcan. Estas personas ya no recibirán seguros de desempleo ni jubilaciones estatales.

Este sistema, bien distinto al planteado desde el MPP, tiene al menos dos notorias ventajas. Una, permite la acumulación de ingresos, con lo cual se sigue haciendo ventajoso tener trabajo. Dos, permite combinar tiempos activos con tiempos que pueden destinarse para calificarse o para atender a la familia. Esto beneficiaría sobre todo a las mujeres, que son las grandes perjudicadas de los sistemas de seguridad social basados en el trabajo.

Si efectivamente aquí se llevara adelante este modelo de asignación universal, estaríamos frente a un cambio de paradigma en nuestra seguridad social. Desaparecería una herramienta fundamental del gobierno: el clientelismo del Ministerio de Desarrollo Social y su falta absoluta de control en las contraprestaciones legales exigidas. Desaparecería la permanente lógica de "pedir a los políticos" beneficios y trabajos públicos.

Es por todo esto que este modelo no es más que una teoría. La realidad de las cosas es que, planteada desde el MPP, la asignación social universal es un instrumento para mantener gente agradecida (y sufragante) y no, como sugiere cierta academia, para multiplicar ciudadanos moralmente autónomos.