De cada diez uruguayos que hoy tienen trabajo cuatro están "en negro". En números absolutos significa que 407 mil personas no están registradas en la seguridad social, por lo que no cuentan con cobertura de salud por Disse, no realizan los aportes al Banco de Previsión Social y como consecuencia, no generan derecho a una jubilación.

Eso no es todo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) un trabajador no registrado gana aproximadamente la mitad de lo que percibe un empleado formal.

Comparando con mediciones anteriores los resultados de la Encuesta Continua de Hogares del año 2003 significan que 40 mil trabajadores se sumaron en los últimos tres años al circuito informal de trabajo.

El fenómeno del alto porcentaje de trabajadores no declarados alcanza a la mayoría de las ramas de actividad. Según los datos oficiales difundidos por el gobierno recientemente, en el sector de la construcción el trabajo informal involucra al 73 por ciento del personal ocupado, en la actividad rural llega al 44.6 por ciento, el mismo porcentajes que en la industria manufacturera.

Pero incluso sectores tradicionalmente más alejados de esa práctica exhiben ahora altos porcentajes de informalismo: el comercio pasó de un 33 por ciento de empleados en negro en 2001 a 50,5 por ciento en el 2003. En hoteles y restaurantes la cifra de no registrados se ubica en 40,9 por ciento.

Economistas y empresarios afirman que la existencia de altos niveles de trabajadores no declarados y evasión de aportes al BPS es una realidad que la economía uruguaya arrastra desde hace mucho tiempo y que afecta la competencia entre las empresas y deteriora la calidad de los empleos.

El problema no es nuevo, pero para los trabajadores las reglas han cambiado: antes, un empleado no registrado podía demostrar mediante testigos su tiempo de trabajo para obtener una jubilación, pero desde la reforma de 1996 esa posibilidad no existe. (Ver nota aparte)

El economista Adrián Fernández percibe un futuro con dificultades. "Hasta 1996 el problema era que todo el mundo se jubilaba en Uruguay aún sin haber aportado a la caja. En pocos años más el problema va a ser que cada vez más personas que llegan a los 60 años no se van a poder jubilar".

Fernández cree que muchos trabajadores no son concientes de la situación: "no es una crítica al nuevo régimen —porque el anterior no se podía financiar— pero la gente tiene que conocer las nuevas reglas", advierte.

En resumen, miles de empleados se pueden encontrar al final de su vida laboral sin poder jubilarse. La otra alternativa es que el Estado cambie nuevamente las reglas y otorgue algún beneficio a costa de un mayor déficit fiscal.

CINCO MIL DENUNCIAS. Los directores del BPS que representan a trabajadores y empresarios reconocen el problema, sostienen que la solución pasa por una mayor fiscalización, pero admiten que los servicios están desbordados.

"Creo que hay una falta de contralor y que el BPS no tiene una política organizada de fiscalización", dice Ariel Ferrari, director por los trabajadores.

Según Ferrari en el BPS "hay casi seis mil denuncias en trámite", la inmensa mayoría a raíz de denuncias de trabajadores, pero sostiene que el número de inspectores es insuficiente.

También afirma que no existe una política focalizada de inspecciones: "en la temporada de verano salimos a inspeccionar toda la costa mientras tenemos miles de denuncias que esperan".

Ferrari sostiene que el problema de la evasión no se da sólo a nivel privado sino que también ocurre en organismos estatales. "El estado ha llegado a tener trabajadores en negro. Hay denuncias, el Código Tributario me impide decir cuales son los organismos, pero es un tema de preocupación".

Mario Menéndez, que representa a los empresarios en el directorio del BPS, sostiene que la única manera de combatir el trabajo informal es fiscalizar "manzana por manzana".

"En la vida hay sólo dos maneras por las que nos portamos bien: por convicción o por temor. Quien no tenga la convicción tendrá que tener las sanciones que merece".

Menéndez dice que le preocupa el efecto de la evasión sobre las finanzas del BPS que, explica, paga 715 mil jubilaciones y pensiones al mes, 400 mil asignaciones familiares y destina un millón de dólares mensuales a distintos grupos.

LA PRESION. A todo esto ¿cómo explican los empresarios el alto nivel de trabajo en negro?. Con distintos matices todos llegan al mismo culpable: la presión fiscal.

"Este es un problema de presión fiscal", sostiene Diego Balestra presidente de la Cámara de Industrias. "Existe una alta presión fiscal y, de algún modo, hay una confusión entre lo que es evasión y lo que es informalidad".

Balestra considera que muchas ilegalidades se enmascaran bajo el término de informalidad: "al final muchos son problemas de legalidad. Lo vemos en los bagashoppings del interior del país: todo el mundo sabe que están allí, que no tributan y sin embargo siguen. Hay un problema de voluntad política".

Los empresarios consultados admiten la incidencia del trabajo no declarado en sus sectores y consideran que quienes pagan sus impuestos son penalizados frente a los evasores.

Sin embargo, el gobierno redujo los aportes patronales al BPS para algunos sectores de actividad que de todas formas exhiben, según los datos del INE, altos índices de trabajo en negro: en la construcción los aportes sociales bajaron del 92 al 80 por ciento, mientras que en el agro el impuesto patronal es cero.

TRABAJO DE CALIDAD. Yendo más allá de la presión impositiva hay economistas que advierten que de no revertirse la tendencia al informalismo habrá consecuencias más estructurales para la economía del país.

La pregunta es: ¿la informalidad se ha convertido en un factor fundamental en el esquema de costos de los sectores productivos?

A Juan Manuel Rodríguez, especialista de relaciones laborales de la Universidad Católica, le preocupa que los datos del INE signifiquen que las empresas han adoptado un perfil de productividad basado en la baja calidad del trabajo.

"Algunos explican el fenómeno diciendo que las empresas tenían que sobrevivir y ahorraron costos de alguna forma. Es difícil determinar qué empresa realmente necesitó hacer esto, lo que queda claro es que si la situación se mantiene y no es algo coyuntural, pasa a ser un problema productivo".

Rodríguez sostiene que el nivel salarial, los beneficios y la seguridad social juegan un papel fundamental en el compromiso de los trabajadores con la tarea. "Si uno degrada el sistema tendrá un trabajador que puede cumplir tareas rutinarias sin preocupación por la calidad, por lo que apunta a productos de muy bajo salario".

"No es un perfil deseable para el Uruguay", sostiene. "Si las empresas apuestan a este perfil están apostando a un país pobre".

Fernando Antía, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, cree que el tema no puede analizarse como un fenómeno de simple evasión.

"Este es un problema que tiene que ver con la calidad de los puestos de trabajo que se están generado y en definitiva con su productividad".

Según Antía, un fenómeno tan extendido "no puede entenderse sólo como un mecanismo de evasión" sino que debe verse como un indicador "de la existencia de muchos puestos de trabajo en la economía con problemas de calidad y productividad y no sólo por las cargas sociales".

Entre los problemas que genera a la economía incluye la competencia desleal entre empresas que utilizan la informalidad para mantener una estructura de costos competitiva.

Antía también ve un riesgo cierto a futuro: "fiscalmente también vamos a tener un problema, porque el Estado se verá obligado a asistir a los sectores que no están generando derechos a la seguridad social. Probablemente intervendrá para asegurarles un mínimo de subsistencia y eso llevará a un mayor compromiso fiscal y consecuentemente a una mayor presión tributaria".