Con el fallecimiento del ex comandante en jefe del Ejército y ex Presidente de la República Augusto Pinochet Ugarte desaparece una de las figuras que más marcaron la historia de Chile en el siglo XX. Objetivamente, es la personalidad chilena que mayor impacto ha producido en la reciente historia mundial, y así lo ratifica, para bien o para mal, la viva controversia que provoca su deceso en los principales medios de comunicación del mundo.

Por cierto, los juicios a su respecto están ardorosamente divididos entre partidarios y adversarios, admiradores y enemigos irreconciliables. Eso es inevitable, por la hondura de los odios que dividieron a la sociedad chilena desde mediados de la década de 1960 en adelante, y que, tal vez, no se extinguirán del todo sino con las generaciones que vivieron esa época. En nuestros días, cualquier evaluación positiva será estimada insuficiente por los unos e inaceptable por los otros, y a la inversa ocurrirá con una negativa. Un esfuerzo por anticipar cuál pudiere ser ese juicio del futuro lleva a pensar que éste admitirá que la intervención militar de la que Pinochet fue símbolo y cabeza jerárquica, fue empujada por la más grave crisis chilena del siglo pasado, y que, en ese momento, tal paso expresó la voluntad de una clara mayoría, que incluyó a muchos que más tarde serían sus acérrimos opositores.

El Ejército y las demás Fuerzas Armadas y de Orden actuaron ante lo insoluble de un conflicto que la sociedad civil no logró superar por los cauces políticos y constitucionales, pese a los desesperados esfuerzos realizados, como las representaciones y gestiones ante el Presidente Allende de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados, del ex Presidente Frei Montalva y del entonces presidente del PDC, Patricio Aylwin. Pinochet y sus pares intervinieron frente a una crisis ya fuera de control. Esa intervención, no obstante su altísimo costo en cuanto a imagen y a incomprensión del mundo, evitó a Chile una guerra civil —que habría sido, sin duda alguna, muy sangrienta — o la caída en un totalitarismo.

Tras esas convulsiones, Pinochet condujo un gobierno —autoritario para sus partidarios, dictatorial para sus opositores— cuyo más perdurable legado fue dar a Chile un modelo de emprendimiento basado en la libertad individual y en el derecho de propiedad, valores crecientemente abandonados por décadas, y que en 1973 se hallaban en la imposibilidad de ejercerse, por la crítica situación del Estado de Derecho. La modernización económica resultante de este programa nuevo se hizo evidente en casi todas las áreas, en términos que, desde la completa ruina de septiembre de 1973, dejó al país a las puertas del desarrollo en marzo de 1990 y que, en sus líneas centrales, fue exitosamente seguida por los gobiernos de la Concertación.

El gobierno militar, en una compleja sucesión de etapas —con avances y detenciones o serios retrocesos—, finalmente arribó a una renovada institucionalidad política que, consagrada en la Constitución de 1980, desde 1990 permitió traspasar pacíficamente el mando a la oposición, según los procedimientos y los plazos fijados por ella misma, algo sin precedentes.

Fundamental fue, igualmente, la actuación de Pinochet frente al riesgo de dos graves conflictos vecinales —en particular, durante 1978—, que supo sortear con visión, serenidad y firmeza, y de los que logró hacer emerger a Chile con su territorio intacto y sus derechos fortalecidos, habiéndose, además, evitado enfrentamientos bélicos cuyas secuelas habrían perdurado por tiempo indefinido.

El legado positivo de su administración está ensombrecido y gravemente comprometido por inadmisibles violaciones a los derechos humanos que, tras el período inmediatamente posterior al pronunciamiento militar, no tuvieron justificación ni explicación plausible, cuyo alcance consigna la “comision Rettig”. La Dina devino rápidamente de organismo de seguridad en aparato represivo sin freno, con gravísimas consecuencias para el Estado, incluso por sus actuaciones externas, como su involucramiento en el crimen de Letelier.

Su imagen personal fue también alcanzada por el descubrimiento de cuentas personales en el extranjero —en el Banco Riggs, particularmente—, cuyo monto preciso y origen son objeto de investigación judicial. Esto alejó a muchos de sus partidarios. Sin perjuicio de ello, es equitativo retener que a quien sufre una persecución política cabe, asimismo, imputarle virtualmente cualquier infundio, como lo mostró el grotesco caso reciente de los “lingotes de oro”.

La intensidad de los sentimientos favorables y adversos al ex gobernante se manifestó nuevamente ayer, con las masivas manifestaciones de pesar de unos y de alegría de otros. En lo ceremonial, a diferencia de lo resuelto respecto del fallecimiento de otras figuras controvertidas, el Gobierno decidió no decretar duelo oficial ni honores de Estado, sino los correspondientes a su calidad de ex Comandante en Jefe del Ejército.

El debate en torno a la figura de Augusto Pinochet no se zanjará en nuestro tiempo, y acaso no lo sea nunca. Tras una división menos cruenta, pero que hendió al país no menos que la de 1891, ésta debería ser hora para un especial esfuerzo de reconciliación entre todos quienes, en uno y otro bando, lucharon por lo que, desde la perspectiva de cada uno, creían mejor para Chile.