SANTIAGO | EL MERCURIO / GDA
Fue en el transcurso del propio régimen
militar cuando por primera vez se comenzó
a preparar un plan de contingencia ante la eventualidad
de que el entonces Presidente Augusto Pinochet
falleciera en forma repentina.
En aquella época, el motivo de preocupación
para ello no era su estado de salud, sino un eventual
atentado que le costara la vida.
Así, capítulos completos que abordaban
aspectos como el funeral de Estado que debería
realizarse, en su condición de Presidente
de Chile; las invitaciones a personalidades extranjeras
y nacionales; el plan de seguridad para la realización
de las exequias; cómo tratar a la familia
del entonces gobernante, y el protocolo que rodeara
al evento, fueron minuciosamente planificados
sin que Pinochet se enterara de su existencia.
El resultado se plasmó en un grueso archivador
que quedó guardado en la vicecomandancia
en jefe del Ejército hasta entrada la década
del 90.
Uno de los pocos aspectos que quedaron sin resolver
en esa época fue el del lugar donde se
enterrarían los restos del general (r),
en una época en la que nunca estuvo contemplada
la cremación.
Todas las alternativas que quedaron planteadas
correspondían a unidades castrenses, como
la Escuela Militar, la Escuela de Infantería
en San Bernardo, la primera unidad en la que estuvo
destinado el regimiento Carampangue
de Iquique o la V División de Ejército,
también en la nortina ciudad, por la que
Pinochet siempre sintió una especial predilección.
Sin embargo, con el correr de los años,
el dossier fue reduciendo sus páginas.
El traspaso del gobierno a Patricio Aylwin, en
1990, implicó que a partir de entonces
gran parte de esas disposiciones quedarían
bajo la responsabilidad de la autoridad civil,
permaneciendo para el Ejército sólo
las medidas correspondientes a un comandante en
jefe, primero, y a un ex jefe militar, a partir
de 1998.
El arresto en Londres a fines de ese año
por su responsabilidad en las violaciones a los
derechos humanos, los diversos procesamientos
que comenzó a enfrentar tras su regreso
a Chile y, por último, el escándalo
de las millonarias cuentas a su nombre en distintos
bancos internacionales fueron minando poco a poco
el realce y la pompa de los servicios fúnebres
contemplados para Pinochet dentro del Ejército,
así como la disposición de los gobiernos
de la Concertación para otorgarle honores
de Estado en su condición de ex gobernante.
Tanto así que el propio general (r) terminaría
manifestando su deseo de que su cuerpo fuera incinerado
para evitar una profanación a su tumba,
dondequiera que ésta estuviera, especialmente
si se trataba de un cementerio.
Finalmente, miembros de la propia familia Pinochet
Hiriart como su hijo Marco Antonio
no sólo acatarían la solicitud del
ex militar, sino que en los últimos meses
expresarían privada y públicamente
su interés de efectuar un funeral privado
y eminentemente familiar, más allá
de los honores que el Ejército mantuvo
en el aspecto protocolar.
Precisamente, hubo dos instancias en las que
la institución realizó una suerte
de revista preparatoria o ensayo para
un eventual sepelio de Pinochet.
El 17 de agosto de 1990, el entonces comandante
en jefe encabezó el funeral del general
(r) Óscar Izurieta Molina, quien había
ocupado el mismo puesto durante los seis años
del gobierno de Jorge Alessandri y, posteriormente
a su retiro, fue miembro del Consejo de Estado
creado por Pinochet.
Doce años después, en octubre de
2002, le correspondió al general (r) Juan
Emilio Cheyre presidir los funerales del general
(r) Sergio Castillo Aránguiz, quien ocupó
la máxima jerarquía castrense entre
el 3 de mayo de 1968 y el 24 de octubre de 1969,
cuando fue llamado a retiro luego del levantamiento
que protagonizara ese mismo mes el general Roberto
Viaux en el regimiento de artillería Tacna,
bautizado como Tacnazo.
Las mismas disposiciones y honores realizados
en esas dos ocasiones serán los que la
institución castrense pondrá en
práctica a partir de hoy para Augusto Pinochet,
los que serán curiosamente presididos por
el hijo del general (r) Izurieta Molina, el actual
titular del Ejército, Óscar Izurieta
Ferrer.
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