Los barcos quietos

César Bianchi

Cinco buques de bandera española están parados, con prohibición judicial de zarpe, en el puerto de Montevideo. Autoridades portuarias, trabajadores y empresarios del sector pesquero, parlamentarios y hasta autoridades del gobierno están inquietos porque con los barcos detenidos hay un negocio millonario estancado. El presidente del Centro de Navegación, Mario Baubeta, acusa a un par de abogados, defensores de tripulantes peruanos, de utilizar "la maquinita de hacer plata" mediante "extorsiones" a las pesqueras españolas con juicios laborales de cifras astronómicas.

La verdadera máquina de hacer dinero -fuera de servicio, por el momento- son los buques españoles Loitador, Patricia Nores, Playa de Galicia, Pesmar 2 y el portugués Polaris, todos en el puerto sin salir a pescar. Según autoridades portuarias y empresarios del sector, las flotas pesqueras que llegan a Montevideo dejan ingresos de unos 250 millones de dólares anuales por servicios que van desde recambio de tripulantes, reparaciones, aprovisionamiento, combustible, exportación de cajas de cartón, y embarque de carnada e instrumentos de pesca, entre tantos otros.

Así las cosas, representantes de la firma Pesquerías Marinenses S.A. (dueña del Pesmar 2), el citado Baubeta, y hasta el diputado del MPP, Jorge Pozzi, se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, para encontrar "una salida" al conflicto, aunque sea con una garantía bancaria, y evitar la medida cautelar que impide a los barcos hacer su tarea: salir a pescar.

De Chediak encontraron una respuesta poco alentadora, que explica el vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat: "cuando hay jueces trabajando, en este caso en juzgados laborales, no se puede hacer nada. No podemos incidir. Los jueces interpretan la ley y tienen independencia".

Entre la impotencia de los empresarios pesqueros y el trabajo (a veces) serio de algunos abogados que defienden a trabajadores peruanos y reclaman por derechos no respetados, hay un puñado de historias de desarraigo, malos tratos y, por qué no, oportunismo.

De 500.000 a 10.000. El tema es así: menos de una decena de marineros peruanos han decidido asesorarse legalmente y hacerle juicio a sus empleadores ibéricos. Les reclaman licencias no gozadas, aguinaldos y salarios vacacionales no pagados y hasta les endilgan negligencia en la asistencia ante accidentes laborales. Se trata de demandas por las que se llegan a pedir hasta medio millón de dólares, pero que suelen arreglarse (muchas veces eludiendo al abogado defensor de la víctima) por 10.000 o 20.000 dólares.

El problema comienza cuando alguno de estos abogados solicita la medida cautelar de pedir el embargo del buque con prohibición de zarpar, por miedo a que éste se vaya del puerto y ya no vuelva. Entonces, el trabajador se quedaría sin cobrar ni un peso de lo reclamado.

La gran mayoría de los 14 juzgados laborales no suelen hacer lugar a esa caución, pero algunos sí. Por eso hay cinco barcos de bandera extranjera con la imposibilidad de trabajar.

Y por eso, el sector pesquero está que trina, y ha logrado sensibilizar a la clase política y gubernamental. "Sobre los reclamos en sí, que decida la Justicia, no nos metemos. Pero si no le encontramos una solución para que salgan a pescar en lugar de estar detenidos, estos barcos que recalan hace 20 años en nuestro puerto, no van a venir más", dijo el diputado emepepista Pozzi, integrante de la comisión de Transporte.

"A las empresas no les importa afrontar el juicio y terminar en un arreglo, pero ¡quieren que el barco siga pescando!", agregó. "Estamos intentando dar con una salida legal, protegiendo el derecho de los trabajadores, pero que las empresas no tengan el lucro cesante imponente que tienen y sigan eligiendo Montevideo".

Por su parte, Baubeta, titular del Centro de Navegación, calificó esta medida del embargo como "extorsiva". Y atacó a los jueces que la sentencian: "la aplican los jueces jóvenes, que no tienen experiencia en lo laboral. Mire: los armadores (dueños del buque) mandan dinero adelantado a las familias en Perú y están al día con sus contratos. Igual después les reclaman un montón de cosas y entre ellas que trabajaron 24 horas los 365 días del año, cuando no es así", dijo Baubeta.

El propio presidente de Pesquerías Marinenses, el español Álvaro Martínez Riva, dijo de visita en Uruguay y en entrevista con El País el lunes 2: "nosotros firmamos contratos privados con los peruanos de buena fe, por una cifra que anda por los 1.100 dólares mensuales. Giramos escrupulosamente a su familia en Perú 400 dólares todos los meses y luego liquidamos cada cuatro meses, según el monto de las capturas, los restantes haberes. Pagamos todo".

Para los peruanos y quienes los defienden no es tan así.

La abogada Andrea Bottini, quien lleva adelante cinco juicios defendiendo a tripulantes peruanos, dijo que no pagan más que un salario líquido por marea, es decir, por acción de pesca y descarga.

El prefecto del puerto de Montevideo, Guido Ferrari, dijo que "siempre puede haber un reclamo". "Ellos no se niegan a pagar sino que quieren que les pidan otras cauciones como garantías bancarias, pero que los dejen pescar, mientras el juicio sigue".

-¿Pero tienen razón en sus reclamos los peruanos?

-La felicidad completa no existe. Siempre algún motivo de reclamo hay; el asunto es que no le paren los barcos a empresas que hace 20 años que vienen. Porque si no se van a ir para Brasil, como ya están haciendo otros buques.

Bottini sugiere: "Debería haber un mejor asesoramiento legal a las empresas. Hay que decirles que de acuerdo a la legislación nuestra, hay rubros salariales que hay que pagar. Si los trabajadores hicieran una denuncia en los organismos previsionales, los que se van a perjudicar son los barcos. Que se cubran: que los pongan en caja, en el Banco de Seguros, cosa que si se cortan un dedo, tengan asistencia", dijo Bottini, que sabe de tripulantes heridos en altamar que han quedado, literalmente, a la deriva.

Ella conoce el caso de un marinero peruano que murió enredado y su viuda recién cobró una indemnización gracias a un seguro internacional.

HISTORIA MÍNIMA. Antonio Cáceres está destemplado. En plena tarde de 5 grados está con una remera de manga corta. No hay forma de que tenga frío luego de noches enteras en las islas Falklands (ningún peruano dice Malvinas) lidiando con pescado congelado. Hace 10 años que navega y está lejos de su familia y de su ciudad, Lima, a la que sólo va de vacaciones.

En febrero estaba en alta mar cuando se dislocó una muñeca. Le informó del accidente al capitán, dijo, pero éste se hizo el desentendido. "A ellos no les importa si tú te accidentas, te prestan atención sólo si te vuelas un dedo o te mueres. Lo que verdaderamente les importa es el pescado", afirma Antonio, serio.

Lo mandaron de trasbordo con otro barco que venía para Montevideo y una vez acá esperó que lo llevaran a un hospital, pero no. Era jueves y le dijeron que el lunes le liquidarían lo adeudado y "quizás" lo llevaran a atender.

Se fue al Maciel por su cuenta y se curó, aliviado porque no había sufrido fractura. Cáceres se asesoró con el Dr. Fernando Menéndez -que no quiso hablar con Qué Pasa- y luego elevó un reclamo por negligencia en la asistencia médica y abuso de autoridad. Sabe de compañeros que reclaman años de servicio no contemplados.

Cáceres cuenta que solía trabajar 20, 24 y hasta 26 horas consecutivas, los hacían dormir dos y volvían a levantarlos para seguir pescando. Todo por mil dólares mensuales siempre, cuando a los marineros españoles les pagan por pescado recogido o a porcentaje ("ganan 20.000 dólares por mes"). "Nos llegaban a decir `ustedes peruanos, no nacieron para descansar`", cuenta Antonio. Una tripulación, de unos 20 marineros, procesa 15 toneladas de pescado diarias.

"Ahora que saben que estamos en esto de los juicios, los pesqueros piensan irse a Brasil como los de bandera inglesa, que están recalando en Falklands".

Otro marinero peruano también habló con este suplemento, pero luego se arrepintió. Estaba por llegar a un arreglo, dijo, por bastante menos dinero del que había reclamado por su traumática situación laboral. Con el dinero, quizá se vuelva a Perú.

Hay quienes, incluso, sólo quieren 20.000 dólares para comprarse un taxi y trabajar en Lima. El resto ganado en el juicio se lo puede llevar algún abogado que tenga "la maquinita de hacer plata".

El caso blas

Los peruanos recuerdan siempre al marinero Benito Blas, quien falleció de peritonitis en un barco, en 2006. El capitán, dice Antonio Cáceres, ordenó que siguieran pescando mientras movían el cadáver de un lado a otro para que no estorbara.

70

son los barcos de la flota pesquea española. Cinco de ellos están con prohibición de zarpe hoy.

500

millones de dólares es el máximo al que ha alcanzado una demanda. Luego negocian por 20.000.

317

son los pesqueros que recalaron en el primer semestre . Los "containeros" fueron 609.

870.000

dólares es el valor de una garantía que pondría un banco en nombre de Pesquerías Marinenses.

Cambiar la legislación es la clave

Entre todos los consultados que se lamentaron por el embargo de barcos inhabilitados para zarpar mientras se desarrolla el juicio laboral hubo unanimidad: hay que cambiar la legislación vigente. Lo dijo, por ejemplo, el legislador oficialista Jorge Pozzi. "Procuramos que depositando una cifra como garantía, se le permita siempre la zarpada y no que por la prohibición pierdan 20 veces más que por la demanda", dijo. Hoy, la medida cautelar queda a criterio del juez laboral. Ferrari, prefecto del puerto de Montevideo, fue ilustrativo: "en el código general del proceso debería decir que en el caso de buques extranjeros `se aceptarán` las garantías y no `se podrán aceptar` las garantías bancarias o fiduciarias. (Los peruanos) siempre buscan algún juez nuevo para que pida la prohibición de zarpe...".