En pie de guerra

FABIÁN MURO

Con Lacalle era más fácil. Con él del otro lado uno la tenía más clara...", dice Manuel Oroño, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) con un tono de desconcierto. O desconsuelo. Tener que enfrentar una patronal con la que muchas veces se comparte ideología -y que fue un aliado político durante años- es un desafío tanto para el sindicalismo público como para un gobierno del Frente Amplio.

Aunque en el discurso de un lado y del otro siga habiendo coincidencias -el propio Oroño se encarga de recordarlas más como un ejercicio para sí mismo que para el interlocutor- en los hechos el divorcio entre algunos de los sindicatos más importantes y el gobierno de José Mujica parece consumado.

Y en la separación de bienes, por ahora, viene ganando el gobierno: la imagen de algunos trabajadores públicos y sus gremios -como los que representan a sectores de la Enseñanza y la Salud- no está en uno de sus mejores momentos. Incluso quienes hablan a favor de un Estado "fuerte" y grande, como por ejemplo el vicepresidente de OSE y ex asesor de sindicatos como Fenapes,, Daoiz Uriarte, empiezan refiriendo a esa mala imagen del funcionario público.

El incremento en la tensión entre gobierno y sindicatos públicos se viene dando desde 2011. El secretario general de la Confederación de Funcionarios el Estado, COFE, Joselo López, le recuerda a Qué Pasa la movilización de 6.000 personas en noviembre, por ejemplo.

Estos conflictos, sin embargo, se vienen gestando desde que asumió Mujica. Si Lacalle alguna vez les dijo a los trabajadores públicos "ustedes hagan como que trabajan y yo hago como que les pago", Mujica ni siquiera se preocupó por emplear un tono jocoso: "Todos ustedes son suplantables", les dijo a funcionarios de Ancap, en mayo de 2010.

Pero en los últimos meses se intensificó -como siempre en zafra de Rendición de Cuentas-, cuando los trabajadores de Ancap cortaron el suministro de nafta en reclamos por condiciones laborales o cuando los funcionarios de Salud Pública intentaron ocupar centros y fueron desalojados, amablemente eso sí, por la fuerza pública o cuando los públicos afiliados a COFE entraron a prepo al ministerio de Economía. El panorama se completa con incidentes violentos durante una ocupación de la Biblioteca Nacional y los reclamos de gremios docentes. Varios frentes de batalla de una guerra que tiene al gobierno ocupado (ver recuadro): su rival es un ejército mal visto de 265 mil uruguayos que reclaman beneficios y privilegios que el resto de los trabajadores no tiene. Así le es difícil conseguir simpatías.

Para Oroño el gobierno "abandonó" las promesas que hizo durante la campaña electoral. En todo lo que, por lo menos desde Fenapes, se coincidía -país productivo, redistribución de la riqueza, privilegiar a la enseñanza pública- hoy se discrepa, según el sindicalista comunista.

Para Juan Castillo, quien ocupó hasta hace poco uno de los puestos directivos de la central trabajadora -coordinador del Pit-Cnt- y hoy está en la conducción del Frente Amplio, hay un claro retroceso en materia laboral. "Desde que está este gobierno no se ha aprobado ninguna ley laboral", dice Castillo, e incluye allí también a los gremios privados. "Hay cinco proyectos de ley que consideramos urgentes, que andan dando vueltas y no se aprueban".

Tanto el nuevo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Homero Guerrero, como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, fueron contactados para esta nota pero no respondieron a las consultas.

FOCO. Más allá de las desavenencias previsibles por razones coyunturales (la Rendición de Cuentas, el estado de la educación y la salud públicas) subyacen líneas de conflicto más profundas entre funcionarios públicos y su patronal, el Estado.

Algunas de las divergencias van incluso más allá de Uruguay. En otros países se replica este tipo de enfrentamiento entre el Estado y sus trabajadores. En Estados Unidos, el cientista político Daniel Di Salvo (ver entrevista en la página 9) analizó este fenómeno en uno de sus ensayos, titulado "El Problema de los Sindicatos Públicos", y en la Unión Europea, el gobierno del presidente francés Francois Hollande ya tuvo que lidiar con sus primeros conflictos con los empleados públicos.

Daoiz Uriarte habló en parte de este problema cuando expuso en el marco de las Jornadas Técnicas de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público, en Minas en setiembre de 2011.

Para él, hay varios "mitos" sobre la función pública que contribuyen a condicionar a la imagen que se hace la ciudadanía cuando los funcionarios se movilizan o hacen reclamos corporativos. Los mitos sobre los funcionarios públicos, de acuerdo al jerarca de OSE, son básicamente cuatro: no trabajan, son demasiados, atienden mal y es imposible echarlos. A esas nociones se le podría sumar otra a la luz de los más recientes conflictos: su intransigencia.

Esta última fue alimentada por el presidente de Ancap Raúl Sendic, parte interesada en el conflicto, cuando calificó en una entrevista con Búsqueda el enfrentamiento como una disyuntiva entre el Estado "burro" y el "inteligente". Sendic puso el foco en uno de los más importantes ejes del enfrentamiento con los sindicatos públicos: el rol del Estado en tanto agente económico.

Para Uriarte, una razón que explica esta brecha entre antiguos aliados es que algunos sindicalistas no parecen recordar que durante 15 años no existieron Consejos de Salarios. O que hay un índice de desocupación muy bajo. O que ha habido una importante recuperación salarial. "Los discursos y los conceptos que manejan algunos líderes sindicales parecen de otras épocas, es como si no se hubiesen dado cuenta" de algunos avances, dice Uriarte.

El académico Luis Senatore, del Instituto de Ciencias Políticas, publicó junto a su colega Gustavo Méndez el documento "La revitalización del movimiento sindical". Los autores señalan entre otras cosas el descenso y el crecimiento en afiliaciones a los sindicatos. Si entre 1987 y 2003 las afiliaciones bajaron de 250.00 a 100.000, de 2003 a 2011 se aumentó de 100.000 a casi 350.000. Y los investigadores también señalan que de los afiliados cotizantes al Pit-Cnt hay un leve predominio de sindicalistas públicos en comparación con los que están afiliados a algún sindicato del sector privado: 48% del sector privado y 52% del público.

La revitalización, y el consiguiente alto perfil que tienen hoy los sindicatos de trabajadores públicos, llevó a que tanto gobierno como oposición coincidieran en sus críticas hacia estos gremios.

Desde el gobierno se dice que estos sindicatos "buscan" la confrontación. Y desde la oposición se afirma que tienen demasiado poder. Tanto Luis Alberto Heber como Luis Alberto Lacalle hablaron de un gobierno "cívico-sindical" la semana pasada. El razonamiento es que gremios como el de los docentes de Secundaria, por ejemplo, se toman atribuciones que no les corresponden.

"Más allá de los conflictos actuales, claramente este es un gobierno que favorece a los trabajadores", dice Uriarte. "Si hoy hay un gobierno cívico-sindical, antes había gobiernos cívico-empresariales".

Desde los gremios públicos la visión es distinta, claro. En varias de las declaraciones recogidas por Qué Pasa queda claro que los sueldos son importantes y las condiciones de trabajo también. Pero también se vislumbra, como insinúa Oroño, que la ideología pesa.

Beatriz Fagián, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), resalta los reclamos concretos (ver recuadro en las páginas 4 y 5), pero también dice que entre aquellas cosas que se exigen está la terminación de las tercerizaciones, que "explotan" a los trabajadores y que le terminan costando al Estado más erogaciones: "Claro, porque luego los trabajadores le hacen juicio al Estado, se les da la razón, y hay que pagarles".

La terminología empleada por Fagián no cae bien en el Poder Ejecutivo, que prefiere referirse a "obstáculos" que representan los reclamos sectoriales para el desarrollo o el progreso del país.

Claramente, hay visiones encontradas sobre el rol del Estado y la relación que éste debe establecer con sus empleados. El economista Juan Manuel Rodríguez, del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica y también del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), menciona que no solo las cámaras patronales han entablado demandas contra medidas del gobierno en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). También COFE lo ha hecho, aunque hasta ahora sin éxito.

De acuerdo a los estudios sobre la conflictividad laboral del instituto dirigido por Rodríguez, los gremios de funcionarios públicos y de la salud pública figuran desde hace años entre los más conflictivos. En eso influye, dice el jerarca, que se trata de gremios numerosos, con muchos afiliados (solo la Federación de Funcionarios de Salud Pública tiene más de 20.000 afiliados).

Senatore y Méndez, los autores del estudio "Revitalización del Movimiento Sindical", concuerdan en el peso ideológico que tienen en la actualidad los conflictos, más allá de los números en el recibo de sueldo o los beneficios estipulados en negociaciones colectivas. En el capítulo "Coyuntura actual: segundo gobierno del Frente Amplio", los académicos señalan que el "contencioso" más importante de esta etapa se centra en el papel del Estado "y su función en un modelo de desarrollo productivo".

Más allá de las divergencias sobre las metas a largo plazo, las discrepancias político-partidarias del momento también confluyen para complicar la situación. Según el análisis que hace el economista e investigador Jorge Notaro, los conflictos entre Estado y trabajadores públicos se despliegan en cuatro áreas: la municipal -un dolor de cabeza para el Frente Amplio durante muchos años pero que hoy no representa un problema urgente-, la Administración Central, la salud pública y la enseñanza.

Para el investigador, el talante negociador del gobierno no aparece. "El Poder Ejecutivo mete la pesada", dice en alusión entre otras cosas al decreto que declara la esencialidad, aún vigente. Y no acepta el argumento de la negativa a aumentar el gasto público. Esa motivación se cayó, afirma, cuando el Estado se hizo cargo de las pérdidas de Pluna, lo que implica un aumento del gasto público por un monto que aún se desconoce.

Sin embargo, también razona que parte del movimiento sindical anda a los tumbos, sin una estrategia clara, incapaz de movilizar a quienes serían "los principales beneficiarios" del aumento del gasto público en salud y educación: los usuarios de ASSE y los padres de los alumnos.

Oroño coincide en que Fenapes no ha sabido articular sus reclamos de manera satisfactoria. La actitud autocrítica se repite entre otros sindicalistas públicos. Son conscientes de que hay una importante parte de la opinión pública que a la que le cuesta solidarizarse con sus reclamos. Pero no han ideado medidas que, sin dejar de afectar a la patronal, despierte adhesiones ajenas. Así, los antiguos aliados siguen peleándose en función de intereses coyunturales y estratégicos. Algunos de los que balconean los distintos conflictos temen que una vez que el Frente Amplio regrese al llano sea imposible recomponer el antiguo vínculo. Otros, en tanto, esperan que la independencia del Frente Amplio le dé al sindicalismo uruguayo la autonomía absoluta para perseguir sus principales objetivos: los beneficios de sus afiliados.

Los números de los públicos

TOTALES

264.078 personas tenían vínculos laborales con el Estado al 31 de diciembre de 2011. De éstos, 263.044 eran funcionarios públicos propiamente dichos.

COSTOS

La planilla de funcionarios públicos le cuesta al estado unos 5.000 millones de dólares. Eso es cerca de cinco veces más que las exportaciones totales de carne vacuna del país (1.400 millones de dólares).

GÉNERO Y EDAD

Se podría hablar de "funcionarias", ya que las mujeres predominan levemente en la fuerza laboral, que por otra parte es relativamente joven. La edad promedio es 46 años.

Qué reclaman los sindicatos públicos

ANCAP

El pretexto fue una garita que se reclamaba para protegerse del clima. Pero tras eso había una disputa sobre una reestructura que, en la visión oficialista, terminaría con la "carrera del burro" (ascenso y beneficios por antigüedad) y en la visión sindical era pérdida de derechos adquiridos.

ENTES AUTÓNOMOS

¿Solidaridad sindical o reflejo condicionado para hacer un paro? El decreto 401, que la dirección de Ancap pretendía aplicar para descontar haberes de trabajadores movilizados, motivó que el resto de los trabajadores de las empresas públicas se sumaran. La tregua en Ancap calmó los ánimos.

EDUCACIÓN

Un docente entra ganando 12.000 pesos nominales por 20 horas de trabajo (aunque en los hechos trabaja más). Fenapes pretende que el piso salarial para un docente de secundaria ande en el entorno de los 20.000 pesos nominales y aún no se ha llegado a un acuerdo.

SALUD PÚBLICA

La líder Beatriz Fagián ha dichoque son "la cenicienta" del Estado. Con 8.900 mensuales al ingresar, tiene algo de razón. El gremio reclama 16.900. El gobierno ofrece 14.600. "Se puede negociar", dijo Fagián. Pero la sindicalista quiere certezas. Y también reclama la creación de 2.500 puestos de trabajo nuevos.

COFE

El Estatuto del Funcionario Público es el gran escollo. Los liderados por Joselo López se resisten a los criterios del Poder Ejecutivo, que pretende que el estatuto abarque solo a la Administración Central y no a todos los funcionarios públicos (ver recuadro, página 8).

La "ventanilla" y el estatuto

El 2 de marzo de 2010 el presidente José Mujica dijo que los concursos para ingresar al Estado eran "un instrumento de acomodo" y que la reforma del Estado "es una reforma ética". Dos años y medio más tarde, Mujica no ha avanzado demasiado en esa reforma.

Es verdad, sí, que en 2011 el gobierno lanzó el portal Uruguay Concursa, donde se puso en marcha el sistema de "ventanilla única" que centraliza los ingresos de funcionarios a la Administración Central. Pero este sistema ha enlentecido los ingresos, según dicen los sindicatos y también el ex subdirector de OPP Conrado Ramos (ver entrevista en páginas 6 y 7). La ventanilla "prácticamente no está funcionando" y no sirve cuando se necesita contratar rápido a alguien, dice el secretario general de COFE, Joselo López. Otras fuentes afirman que un ingreso puede demorar hasta un año por las trabas burocráticas de este sistema.

El proyecto de estatuto del funcionario público, en tanto, parece ser la gran apuesta. Pero el estatuto abarcará solo a los funcionarios presupuestados de la Administración Central (sin contar a diplomáticos, policías y militares), con lo cual queda afuera la mayoría de los funcionarios. Solo incluye a cerca de 20.000 empleados de un total de 260.000. El estatuto dice que los funcionarios tendrán un horario de ocho horas y que trabajarán los feriados laborables. Se elimina el ascenso por antigüedad y se va al ascenso por concurso. Habrá retribución variable por rendimiento y se dejan más claras las causales de destitución. Se toma como ejemplo la reestructura en marcha en Ancap, con ascensos a través de sistemas de evaluación.