El hombre que intenta pacificar Rio

ALBERTO ARMENDARIZ(*)

En Brasil se lo conoce como el "sheriff de Rio". Desde que José Mariano Beltrame asumió en 2007 la Secretaría de Seguridad del estado de Rio de Janeiro, ha logrado devolverle a Rio el apodo de "cidade maravilhosa" que había ido perdiendo luego de varias décadas en las que la violencia del narcotráfico y la criminalidad la fueron volviendo ingobernable.

El gaúcho Beltrame (Santa María, Rio Grande do Sul, 1957), salido de las filas de la Policía Federal brasileña, especialista en inteligencia y ex jefe de la división local de Interpol, aceptó el desafío del gobernador Sergio Cabral de transformar Rio, y para ello llegó con un plan audaz bajo el brazo. Para desarticular el poder de las bandas de narcotraficantes que se habían adueñado de las favelas en los morros cariocas, Beltrame diseñó una nueva política de seguridad que preveía la reconquista de los territorios ocupados, primero con una fuerte y decidida demostración de fuerza -liderada por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), la tropa de élite de la policía militar estatal-, y luego mediante la instalación permanente de comisarías comunitarias, llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que permitan la integración de las comunidades relegadas con el resto de la ciudad.

Relajado, de camisa abierta en su oficina justo arriba de la estación ferroviaria Central de Brasil, en el centro de Río, Beltrame, de 55 años, no parece apabullarse por la difícil tarea que tiene a su cargo. Es una persona muy cerebral, un tecnócrata puro que se vale de datos y cifras concretas para analizar toda la información que llega a su escritorio, decorado con fotos de sus tres hijos, su segunda esposa, Rita, y su fallecida madre.

Riguroso, se levanta todos los días a las seis en su apartamento de Ipanema, toma su mate cimarrón ("Ya tengo dependencia química", asegura), hace ejercicio durante una hora en un gimnasio y luego va a trabajar hasta las 8 de la noche. A la playa suele ir los sábados por la mañana o los días de semana, por la noche, a correr para liberar las tensiones del día.

-¿Cuál ha sido el mayor reto en estos años en que cambió la seguridad en Rio?

-El mayor desafío ha sido implantar una política de seguridad visible, mensurable, palpable, objetiva, con resultados. Eso no existía; la población no la percibía y la política de seguridad era pautada por las noticias negativas en los medios.

-Sus críticos señalan que el proceso de pacificación se concentra en crear un cinturón de seguridad en torno a la zona sur de la ciudad, la parte más turística, y que es una suerte de maquillaje para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

-Mentira. A medida que vamos avanzando, esos críticos están dejando de serlo, porque la capacidad de argumentación de ellos frente a las UPP disminuye cada vez más. Admito que pueda haber escepticismo, porque antes aquí todo se hacía para la televisión, para obtener ganancias políticas de corto plazo. Toda la Secretaría de Seguridad Pública estaba controlada por políticos y obviamente ellos querían hacer cosas mediáticas, para ganar votos. Nuestro primer gran éxito fue la despolitización de la Secretaría de Seguridad Pública.La pacificación está para quedarse.

-¿Cuáles son las principales dificultades en la consolidación de las UPP?

-Es necesario que la policía interactúe más con la comunidad, que es algo muy difícil porque existe toda una historia de que a la sociedad no le gusta la policía, con razón, y que a la policía no le gusta la comunidad, también con sus razones. Eso distanció a la policía de la gente. La policía llegaba para hacer la guerra y le disparaba a cualquiera, y también entraba a las comunidades y era recibida a tiros. Ahora que implantamos comisarías en los morros, con policías que llegan diciendo que van a ser amigos de los habitantes, es común que exista desconfianza. Por eso es importante que sean oficiales nuevos, preparados, con otra mentalidad, que entiendan la lógica pasada y que puedan trabajar hacia un mayor entendimiento. Pero es un proceso que requiere paciencia, tolerancia, pedagogía; crear una masa de gente que le de sustento a esta política de comisarías comunitarias. En las primeras favelas pacificadas ya se siente ese cambio cultural; en las pacificadas recién todavía se vive en tensión.

-¿La corrupción en las fuerzas de seguridad también es un gran obstáculo para cambiar esa relación?

-La corrupción es un grave problema, pero no sólo a nivel estatal sino también a nivel nacional. Las fuerzas de seguridad de Rio tienen una imagen muy mala, con altos índices de corrupción histórica, pero ahora también tenemos altos índices de expulsiones y encarcelamientos. Estamos fortaleciendo el departamento de Asuntos Internos de la policía estatal como nadie en Brasil. Hay castigos, que son publicados, y los agentes son juzgados. Pero el problema no es sólo la policía, hay muchas otras instituciones que son corruptas. Con las fuerzas de seguridad, lo que buscamos es una capacitación continua: todos los agentes que tenemos en la calle en estos momentos tienen que volver a la academia para intentar romper con los paradigmas históricos de corrupción y guerra. El policía no puede ser más visto como un guerrero; tiene que comenzar a ser visto como un prestador de servicios. El tema es que antes de poder prestar servicios, es necesario pacificar, crear un ambiente en el que se puedan desarrollar esas prácticas.

-En todo este proceso, ¿cuáles han sido las sorpresas y los fracasos?

-Cada pacificación fue diferente; la edad de los que viven en la favela, el nivel de empleo, la escolaridad, son todos elementos que cambian en cada comunidad y hacen de cada pacificación una experiencia distinta. Errores tuvimos, muchos, que requirieron ajustes porque el proyecto no está acabado, lo estamos desarrollando a medida que avanzamos. Primero fuimos a la práctica porque el tejido comunitario que soportaba el dolor de las acciones violentas estaba ya muy desgastado. Necesitábamos ser rápidos, mostrar que era posible y que éramos serios. No teníamos tiempo que perder. Ahora estamos formando cada vez mejor a los agentes, equipándolos mejor. Cometimos fallas, como colocar un número menor de agentes del que era necesario, o un número mayor, o no poner suficientes agentes mujeres, que logran mejores resultados de aproximación a la comunidad que los agentes masculinos; la ubicación de las UPP también debió ser cambiada en algunas ocasiones.

-En los últimos tiempos ha habido una migración de la violencia hacia los suburbios. ¿Estaba contemplado?

-Es obvio que iba a suceder en algún grado, pero a medida que avanzamos se va debilitando esa migración. Lo importante es ir integrando esas áreas ocupadas a la ciudad. La mayor parte de la gente que vive en una favela no se va a mudar, no tiene condiciones para hacerlo; puede ser que los líderes de las bandas se trasladen, pero sus redes enteras no. El "bajo clero", como se dice en el lenguaje criminal, ése queda y es al que hay que transformar, ofreciéndole otras oportunidades de desarrollo.

-Mucha gente cree que lo que usted está intentando hacer aquí es combatir al narcotráfico, pero usted siempre resalta que ése no es el objetivo.

-Nuestra idea no es acabar con el narcotráfico sino con la violencia. Devolver a las personas el derecho de vivir tranquilamente, de ir, venir y hacer lo que quieran en paz. Narcotráfico hay en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Nueva York, en París, en Londres, donde haya dinero y demanda, habrá drogas. Con lo que tenemos que acabar es con la banalización de la vida, y dar oportunidades a la gente de las favelas.

-Para ello es clave la inversión social. ¿Cree que está avanzando al mismo ritmo que las UPP?

-Lamentablemente, el ritmo al que está llegando la inversión social a las favelas pacificadas no es el mismo que el que tiene la seguridad. Se están haciendo cosas, pero no a la velocidad que deberían estar ocurriendo. Ya al día siguiente de la ocupación policial debería haber acciones sociales para demostrarles a las personas que el Estado está presente, que es mejor estar del lado del Estado que del lado de los narcotraficantes.

-¿Por qué, a diferencia de Colombia o México, en Rio de Janeiro no hay grandes carteles del narcotráfico?

-Porque aquí el crimen es desorganizado. No hay grandes barones del narcotráfico. Llevo 32 años trabajando en la Policía Federal en todo el país y en el único lugar donde vi barones del narcotráfico es en la frontera de Mato Grosso (fronterizo con Bolivia y Paraguay). Aquí no se estructuraron de una manera mental para instalarse y establecer regiones de negocio, mercados, como sucedió en México. Aquí, al comienzo de la década de los 80, existía un par de grandes narcotraficantes que pertenecían a la Falange Vermelha, que se llenaron de dinero hasta que comenzaron a dividirse y pelear entre sí. De ahí salieron tres facciones, el Comando Vermelho, Amigos dos Amigos, y el Terceiro Comando Puro, sólo que son ideológicamente distintas, se armaron hasta los dientes y salieron por la ciudad buscando territorios. Fue entonces que se instaló el crimen en las favelas, que se volvieron territorios suyos y por cuyo control peleaban entre sí.

-¿Arriba de ellos no hay nadie? Se ha dicho que el Primeiro Comando da Capital (PCC), de Sao Paulo, es quien los abastece de drogas y armas.

-No hay vínculos con el PCC. El PCC es mucho más organizado que cualquier facción de Río de Janeiro. No hay grandes capos narcotraficantes en Rio, sólo en las zonas fronterizas, que son los que los abastecen de las drogas que vienen de Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú. De Argentina vienen muchas armas y municiones a través de nuestras frágiles fronteras en la zona de Rio Grande do Sul y de Foz do Iguacú. Llegan armas del Ejército argentino y también del boliviano.

-Con el narcotráfico debilitado en Rio, parece mayor el desafío de las milicias, formadas por actuales o ex policías, bomberos y otros integrantes del aparato estatal.

-El fenómeno de las milicias es un problema serio en Rio de Janeiro, sin dudas. Pero existe desde hace 20 años y no se hizo nada por mucho tiempo, por lo que ahora la situación es más complicada. Aprovecharon un momento en que la seguridad estaba muy deteriorada y llegaron a las comunidades a ocupar el lugar del Estado bajo el argumento de que ofrecerían seguridad de determinados barrios, en los que ellos mismos vivían o estaban muy cerca. Poco a poco comenzaron a cobrar impuestos extorsivos a cambio de seguridad, y se fueron volviendo los garantes de ciertos servicios, como la distribución del gas, la electricidad, la televisión por cable. Hay milicias en favelas en las que no hay narcotraficantes, pero no porque los milicianos sean buena gente y los hayan sacado; son déspotas en los lugares que ocuparon. Ofrecen su propia protección porque esas comunidades representan un buen mercado para los servicios privados sobre los que ellos cobran. El Estado perdió el control de eso; es más, hasta muchos políticos apoyaron y aún respaldan esas acciones.

(*) La Nación/GDA

LA MARIHUANA Y OTRAS

Legalizaciones

-¿Cree que la despenalización del consumo de drogas, o al menos de la marihuana, ayuda en el combate a la violencia del narcotráfico?

-Esa discusión está equivocada. Deberíamos discutir cuáles serían las consecuencias si despenalizáramos la marihuana y cuáles son las consecuencias de la penalización actual. Porque si un Estado decide legalizar el consumo de marihuana, tendrá la obligación de desintoxicar a los drogadictos. En Portugal decidieron despenalizar el consumo pero el Estado es el encargado de desintoxicar a los usuarios. En Estados Unidos, están taxativamente en contra y gastan miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico. Los brasileños todos debemos debatir el modelo que queremos. El modelo portugués por ahora está funcionando, pero se trata de un país pequeño; no sé si serviría en Brasil. Y también tenemos otro modelo similar, que es el de Holanda, donde ahora están dando marcha atrás.

LAS CIFRAS DE UN PLAN

Buena nueva

La "política de pacificación", como se ha bautizado a la arquitectura de Beltrame, ya está dando resultados notables: la tasa de homicidios calculada cada 100.000 habitantes bajó de 39,5 en 2007 a 26,6 en 2011; la de asaltos, de 552,3 a 412,5; la de robos de vehículos, de 77,5 a 35,9, mientras que las muertes de civiles -supuestamente narcotraficantes- en enfrentamientos con la policía ("autos de resistencia") cayó de 1.330 en 2007 a 523 el año pasado, y la de policías abatidos en conflicto descendió de 32 a 12. Las únicas cifras que van en alza son las de agentes estatales presos por corrupción o formación de milicias, que pasaron de 24 en 2007 a 158 el último año, con un pico de 250 encarcelados en 2009. Para 2014 se estima que habrá desplegados unos 12.500 policías comunitarios, la mayoría jóvenes recientemente egresados de la Academia de Policía y con una nueva concepción de la seguridad.