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La comisión que estudia la viabilidad de la energía nuclear gastará un millón de dólares para contratar a consultoras extranjeras. Pero el gobierno no quiere una central y dice que los resultados se aplicarán en 2030.
SEBASTIÁN CABRERA
Todavía no había pasado lo de Fukushima. De gira por Israel a mediados de 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez anunció una comisión multipartidaria que estudiaría la viabilidad de la energía nuclear y dijo que ese era "un paso trascendente para el futuro del Uruguay". Casi cuatro años después, esa comisión recién empieza a apretar el acelerador y gastará hasta un millón de dólares -que es el dinero que último Presupuesto Quinquenal le autorizó- en diversos estudios, algunos a consultoras y expertos internacionales.
Todo para saber si es viable que Uruguay tenga una central nuclear que le permita autoabastecerse y no depender de las cotas de agua en Salto Grande o del viento. Ni del petróleo.
La comisión elevará sus conclusiones al sistema político. Esas conclusiones pueden darle el visto bueno o no a la energía nuclear. Pero también hay una tercera opción: que no se pueda tomar una resolución definitiva debido a las incertidumbres sobre variables que son esenciales. En ese caso, se mantendrá el tema "abierto y sin resolución", según indicaba el documento inicial de la comisión en 2009.
El gobierno de José Mujica siguió el camino trazado por Vázquez pero ya se adelanta que, concluya lo que concluya la comisión, el camino nuclear es una opción a mediano y largo plazo que no se seguirá hasta 2030.
La meta de la actual administración es que en 2015 el 90% de la matriz energética lo ocupen las energías renovables (hidráulica, eólica, biomasa y gas natural). Hoy el 65% de la matriz surge de energías renovables y el 35% es de origen térmico: las centrales que funcionan con productos derivados del petróleo.
En el gobierno argumentan que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) aconseja que, si se adopta la opción nuclear, un país de escaso desarrollo tecnológico como Uruguay debe tomarse un plazo mínimo de 15 años para inaugurar la primera planta, de modo que sea algo "seguro y responsable".
LA LEY. El Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) está frente a la Facultad de Ciencias Sociales en Malvín Norte y cuando uno entra allí no tiene la impresión de que sea un lugar donde impera la última tecnología, sino más bien todo lo contrario. Es un edificio que parece haber quedado congelado aquel 17 de junio de 1997 cuando se prohibió en Uruguay el desarrollo de la energía nuclear.
Justo Laíz -un científico cubano que vino a Montevideo en 1995 a investigar en la Universidad y no se volvió a ir- es el director del CIN. Laíz tiene 49 años y nació en Camagüey, una ciudad en el centro de esa isla que no pisa desde 1995. Al principio no podía volver y ahora ni siquiera se ha preocupado en averiguarlo porque sus familiares viven en Miami.
Laíz estudió en Moscú entre 1981 y 1986 y dirige la única infraestructura nuclear está concebida y construida para el trabajo con material radiactivo, según se indica en su página web. Uno de los objetivos del instituto, que depende de la Universidad de la República, es formar profesionales capaces de hacerse cargo de investigaciones y proyectos nucleares.
Pero Laíz admite que eso se cayó cuando en 1997 el gobierno de Julio María Sanguinetti votó el artículo 27 de la ley 16.832, que prohibió el uso de la energía nuclear y la compra de energía eléctrica con generadores nucleares. El especialista considera que esa ley fue nefasta para los intereses del país y, por supuesto, para su centro de investigaciones.
"Nunca más se habló de la posibilidad de tener un reactor y allí se sentaron las bases de la pérdida de especialistas formados. Se desestímulo la investigación y docencia en ciencias nucleares", dice Laíz. Y cuenta que Uruguay tuvo físicos nucleares y hasta un ingeniero nuclear, que a partir de 1997 se reconvirtieron.
"Esa ley es pobre y está mal hecha", dice el científico, uno de los referentes en la materia en Uruguay. "No es clara porque mucha gente interpreta que no permite poner un reactor de investigaciones en Uruguay. Y no tiene rigor científico porque Uruguay compra energía eléctrica a Argentina y Brasil y en la Aduana no hay nadie que controle de dónde vienen los electrones, son todos igualitos".
Laíz está convencido que Uruguay puede tener una central: "Sería bárbaro, sería fantástico". Y dice que se están dando pasos correctos, como la comisión multipartidaria o una ley de protección radiológica a estudio parlamentario.
-¿La tendencia mundial no va hacia el otro lado?
-No se sabe bien hacia dónde va la tendencia mundial. Con Chernobyl vino el pánico internacional. Pero después se retomó el tema con el aumento del precio del petróleo. Y ahora volvió a caer con Fukushima y así seguirá. Pero fíjese que en Fukushima hubo un solo muerto por las radiaciones porque, de los otros dos muertos, uno se cayó de una torre y al otro le cayó una grúa arriba.
-¿Y afectaría a Uruguay un accidente en la central nuclear argentina de Atucha?
-Sí, puede afectarlo y en grande. Depende de la magnitud del accidente pero tenemos poblaciones a menos de 80 kilómetros de Atucha. O sea, podríamos recibir los efectos negativos de una central nuclear pero no los positivos.
-¿Uruguay no puede autoabastecerse con las energías renovables?
- La energía eólica, la solar, la hidráulica y todas esas energías son limpias y buenas. Pero no podés depender del clima para el desarrollo del país. Cuando hay mucha lluvia, no hay problema y Salto Grande cubre todas las necesidades. ¿Y cuando hay sequía? El costo se multiplica.
GOBIERNO. Da la impresión que cuando se le pregunta sobre energía nuclear, el director de Energía Ramón Méndez salta a la defensiva. Y que ya tiene una posición formada, más allá de los estudios en marcha. Méndez atiende a Qué Pasa desde Europa y dice que el camino de aquí a 2030 está decidido: Uruguay no precisa energía nuclear al menos para los próximos 20 años. Pero luego dice que Uruguay igual se embarcó en discutir la viabilidad de esa energía, ya que "cualquier decisión en un país serio debe ser analizada en profundidad, ya sea para tomarla o descartarla". Y que, si se cierra el camino nuclear, debe quedar claro por qué.
La comisión estudia 19 grandes temas sugeridos por la OIEA, como la financiación, el marco legislativo, el desarrollo de recursos humanos, la protección ambiental, la planificación de emergencias y el manejo de los residuos, entre otros. Se analiza si el costo de una planta nuclear en Uruguay sería menor respecto a las alternativas con combustibles fósiles.
-Méndez, los estudios aún no están prontos, pero ¿cuál es su opinión personal sobre la energía nuclear?
-Uruguay tiene otras opciones más completas e interesantes que generan soberanía y dependen de nuestros recursos. Y que no dependen de la tecnología que se tiene en otro lado. El accidente de Fukushima fue un golpe importante. Muestra que, por más que sea una industria con gran seguridad, no hay sistema 100% perfecto. Los riesgos son grandes.
-¿La energía hidráulica y eólica no nos hacen depender de factores climáticos?
-No, esa combinación nos da gran fortaleza. La semana pasada nuestros técnicos estuvieron en Dinamarca, el país que más entiende de ese asunto por tener un altísimo porcentaje de energía eólica, y nos han dado la bendición absoluta.
-En el CIN piensan que Uruguay puede tener una planta nuclear.
-Mire, no hay ningún país de nuestro tamaño con central nuclear. Sería bueno preguntarle a ellos si saben cómo ha cambiado el mundo en relación a los préstamos para instalar energía nuclear en países emergentes. Y si conocen algún banco de desarrollo dispuesto a prestar plata.
-¿Hoy no se consigue un préstamo?
-Ni el Banco Mundial ni el BID ni la CAF prestan. Muchos tienen prohibido por su directorio prestar dinero para una central nuclear.
En la oposición hay posturas distintas a la del gobierno. Por ejemplo, el representante colorado en la comisión y ex director de Energía, Alvaro Bermúdez, dice que hoy la opción nuclear es muy buena porque por ahora no hay petróleo, gas ni carbón. "Acá pasan inversiones reales y siguen de largo porque no les podamos dar un vatio de potencia", explica Bermúdez.
Y, al contrario que Méndez, considera que lo de Fukushima mostró "alta calidad" porque "todas las otras industrias desaparecieron, las refinerías volaron por los aires y mataron cientos de personas; pero las 11 centrales están en condiciones de reiniciar". Y dice que en este momento se están construyendo 65 reactores nuevos en diversas partes del mundo.
Para un país como Uruguay una central no debería superar los 300 a 400 megavatios (MW) de potencia, pero la potencia de las plantas nucleares comercializadas actualmente es de 700 MW o más, lo cual implica un costo mayor (ver recuadro en página 8).
Se estima que la comisión terminará su trabajo a fines de 2013. Pero la conclusión servirá para dentro de 20 años. Eso es extraño en un país que hace pocas cosas con tanta previsión. ¿Alguien se acordará del informe del millón de dólares en 2030?
La inversión para una planta nuclear de 700 megavatios, que es el mínimo posible en la actualidad, es de unos 3.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto anual del Estado uruguayo, según un estudio oficial de 2008.
Consultoras de Estados Unidos, Francia, España, México y Argentina se han interesado en trabajar para la comisión que estudia la viabilidad de la energía nuclear en Uruguay. Algunas de ellas ya fueron contratadas, pero existe un manto de silencio sobre el tema a nivel oficial.
A fines del año pasado se iniciaron los llamados para las consultorías internacionales "serias" y para la "búsqueda de personal que dedique tiempo al proyecto", dice la representante del Partido Independiente, Pamela de Lucía. "En esto no hay know how nacional".
Su par colorado Alvaro Bermúdez apunta que se trabaja con consultoras reconocidas, que están muy cerca de la realidad nuclear.
La comisión avanzó lento los primeros años. Una de las razones de la demora radica en que hubo una discusión interna sobre cómo se iban a manejar de manera transparente los fondos de hasta 20 millones de pesos. Al final se hizo un convenio con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII), que maneja el dinero y contrata. La comisión por ahora no tiene secretaria ni personal administrativo: utiliza los recursos de la Dirección de Energía. Sus integrantes no cobran por trabajar allí.



