Eloísa Capurro
El proyecto que la minera india Aratirí desarrolla en Uruguay sigue en marcha. Pero todavía con problemas. La Dirección Nacional de Minería todavía no se ha definido en relación a los 29 recursos que los productores rurales de varios predios de Treinta y Tres interpusieron para frenar los trabajos de la minera, que había presentado cedulones para entrar en 30 campos de la zona.
"Cayeron los cedulones para entrar en los predios y los recurrimos ante la Dirección Nacional de Minería (Dinamige)", explicó Guillermo de los Santos. Él es uno de los tantos productores agropecuarios de la zona limítrofe entre los departamentos de Durazno, Treinta y Tres y Florida que se ven afectados por las tareas de prospección y exploración que lleva adelante Aratirí desde hace dos años.
Los productores recurrieron al pedido de servidumbre, un título minero por el cual el superficiario (es decir el propietario de la superficie del predio) permite la actuación al minero. Estos recursos están desde junio a estudio de la Dinamige (que depende del Ministerio de Industria) y según explicó su director, Pier Rossi, están dentro de las "prioridades" de la dependencia del Ministerio de Industria. "Lo que es el estudio de recursos tiene prioridad. Es un deber del Estado responder ante el superficiario", explicó el jerarca.
Pero todavía no hay novedades y la empresa sigue sin poder entrar en esos predios. "Por ahora en Las Palmas no entraron y en Sarandí siguen trabajando", explicó el productor De los Santos.
Para los trabajos de prospección y exploración, la minera deja agujeros en la tierra que una vez cerrados no tienen más de 10 o 15 centímetros de diámetro, pero poseen unos 300 metros de profundidad. En algunos campos hay hasta 30 agujeros. A la distancia pueden verse manchones rojos que resaltan en el verde de los cerros. Y los productores se preguntan si en aquella tierra removida volverá a crecer pasto alguna vez.
Al momento Aratirí tiene siete permisos de prospección (que abarca los estudios preeliminares sobre la superficie) otorgados por la Dinamige y otros 12 permisos de exploración (que le permiten perforar sobre una zona más delimitada que durante la prospección). Todavía a estudio de las autoridades hay 31 permisos de prospección y otros cinco de exploración.
A diferencia de lo que ocurría durante el verano, ahora en esos campos se puede ver a las autoridades ministeriales controlando el trabajo de la empresa privada. En abril Qué Pasa publicaba que, aunque la Dinamige aseguraba realizar inspecciones a las muestras extraídas por la minera, los productores no recordaban haber visto personal estatal en la zona.
Para la empresa los recursos interpuestos por los productores no son un problema. Según explicó su gerente general, Fernando Puntigliano, hay otros predios en los que Aratirí está realizando sus tareas en busca de hierro. "No nos afecta porque hay muchos lugares para trabajar y muchos productores que están trabajando con nosotros. No hemos tenido necesidad de entrar a esos lugares", aclaró el ex director de la Administración Nacional de Puertos. Puntigliano agregó que todavía hoy se siguen firmando nuevos convenios con algunos productores de la zona.
El proyecto avanza también por otras líneas. El gobierno ya dio su consentimiento para la localización de una terminal portuaria de dedicación exclusiva en la localidad de La Angostura, en Rocha, a unos 12 kilómetros de Punta del Diablo. De hecho durante el mes de setiembre, comenzarán una serie de reuniones con vecinos de las localidades rochenses de Castillos, Lascano y el Chuy para informarles de los estudios que se iniciarán.
Según informó Gabriel Tinaglini, director general de Desarrollo de la Intendencia de Rocha, Aratirí pretende construir dos ductos (por uno correría el mineral, por el otro agua) de 60 centímetros de diámetro que recorrerán 200 kilómetros: desde los yacimientos al balneario de La Angostura. Lo único parecido que existe en esos predios son los ductos que transportan la fibra óptica. Pero esos corren al costado de la ruta; los de Aratirí atravesarán predios privados.
"El proyecto nos obligaría a delimitar un área industrial en una zona que no está siendo aprovechada", agregó Tinaglini. En el área el único emprendimiento que hay es forestal y está a cargo del Ministerio de Defensa. El proyecto del puerto de Aratirí emplearía a 100 personas, según estimaciones oficiales.
El proyecto, sin embargo, está todavía sujeto a la aprobación final de la inversión de Aratirí, algo que no se sabrá hasta que las tareas de prospección y exploración finalicen. Incluso cuando esto suceda, todavía restará la concesión de permisos de hidrografía y medioambientales. "Están en la fase de prefactibilidad del proyecto", explicó el jerarca municipal.
reformar el código. Otro asunto que comenzará a discutirse este segundo semestre del año es la reforma del Código Minero. Esta semana, con la presentación del presupuesto quinquenal, se puso a estudio del Parlamento una serie de cambios en los cánones establecidos por ley. Según explicó a El País el subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, la administración pretende que el canon que corresponde al Estado (que actualmente es del 2%) se fije sobre lo que la minera facture y no sobre la producción del yacimiento como ocurre hoy. Esto, estiman las autoridades, incrementaría en un 30% lo que el Estado recauda.
La Dinamige había pedido también que el Presupuesto incluyera una partida que permitiera la contratación de más personal para las tareas de control de los grandes emprendimientos. En abril Qué Pasa informó que la Dinamige sólo tiene nueve geólogos, dos inspectores, y un solo vehículo para controles de guía (eso es para comprobar que el material que se extrae sea el declarado tanto en cantidad como en esencia). "En el presupuesto se presentaron todas las necesidades. Veremos qué quedó en pie de todo eso", estimó Rossi para esta nota.
También la oposición comienza a atender el asunto. El diputado nacionalista Álvaro Delgado preparó un memorándum que expondrá el lunes al Ministerio de Industria los principales cambios que debería tener el código, que data de 1982.
"Tiene que ser parecido a la ley de forestación. Uruguay debe discutir y definir si quiere tener un desarrollo minero integral y dar garantías para todos", opinó. En ese sentido planteará cánones diferenciales dependiendo del tipo de explotación minera (oro, hierro, balastro), por ejemplo. Además, con el apoyo de la comisión de Industria y Energía de Diputados, espera concretar un ámbito de discusión entre las autoridades estatales, departamentales, los productores y las mineras.
2013
es el año en el que la minera estima comenzar la producción de hierro para la exportación.
Apuntes mineros
Un accidente como el que enterró bajo 700 metros de profundidad a 33 mineros chilenos no podría ocurrir con el emprendimiento que Aratirí planea en Uruguay. Es que aquí la explotación será a cielo abierto y en canteras.
De hecho no se trabajaría más que en ocho o 10 lugares que ocuparían unas 250 hectáreas cada uno.
De concretarse, la inversión sería mayor a la registrada por la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM). Se estima que la empresa india invertiría 1.500 millones de dólares y crearía más de mil puestos de trabajos indirectos.
Los productores de los predios afectados insisten en que su actividad ganadera es más sustentable que la minera. En julio se presentaron ante la Comisión de Industria del Senado y antes lo habían hecho ante la misma comisión, pero de Diputados. Guillermo de los Santos, uno de los productores de la zona, estimó que la reunión con los senadores fue una de las más productivas que han tenido con el sector político.
En la comisión los productores plantearon, entre otras preocupaciones, cómo afecta al valor de sus tierras el hecho de que hayan sido declaradas de interés minero. Así explicaron que hasta para el arrendamiento forestal, otra de las actividades que se desarrollan en la zona, las tierras pierden valor ya que las forestadoras prefieren no arrendar campos en los que ya exista una denuncia minera.