Ponerse a la altura

Eloísa Capurro

La inversión de 1.500 millones de dólares de la minera Aratirí dejó insuficientes los controles. El proyecto que abarca a los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno es uno de los emprendimientos entre las más de 200 empresas mineras que trabajan en el país. Pero es el más grande que la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) tiene para inspeccionar con un personal que ya le resulta escaso.

Según confirmó una fuente que estuvo vinculada a la dirección, existen apenas dos inspectores, cuando supo haber por lo menos cinco para una menor cantidad de proyectos de los que se manejan hoy. Para controles de guía hay un sólo vehículo. En la década de 1990 existían cuatro vehículos para esta tarea, que básicamente consiste en comprobar que el material que las mineras sacan sea, tanto en cantidad como en esencia, el mismo por el que se pidió el permiso.

Geólogos, dijo la fuente, sólo hay nueve o 10. La dirección ha intentado aumentar el número de técnicos, pero los sueldos del sector privado por ahora son más atrayentes que en el sector público.

"El cuerpo inspectivo controla dentro de sus posibilidades", admitió por su parte el director de Dinamige, Pier Rossi. El jerarca reconoce que hace falta más personal que, espera, se pueda conseguir antes del próximo presupuesto. Ya los contactos se están realizando dentro del Ministerio de Industria, del cual depende la Dinamige, con la intención de transferir personal hacia una dirección que de a poco comienza a cobrar trascendencia.

Más de 282.500 hectáreas del país están destinadas a la actividad minera, tanto para su prospección, exploración o explotación (ver recuadro). Según datos oficiales, se han solicitado permisos en las tres etapas -que están siendo evaluados- para otras 800.000 hectáreas. En los primeros ocho meses de 2009 se extrajeron 10,7 millones de toneladas de minerales enterrados en el subsuelo uruguayo.

Lo que por ahora resulta difícil de cuantificar es el impacto de la minería ilegal, ya sea por no haber solicitado los permisos necesarios como por no haber pagado los cánones fijados por ley. "Poner en cintura eso requiere una organización muy diferente a la que se tiene. Para saber lo que se pierde en plata, tendríamos que saber cuánto se pierde en volúmenes y eso no está estimado", señaló Rossi.

Un ex funcionario del Ministerio de Industria, quien prefirió no dar su nombre, señaló que el gran problema en la minería ilegal son las empresas que extraen arena sin pagar los cánones ajustados por ley. Pero esto, dijo, es un "menudeo" por lo que su impacto en los números de la Dinamige es mínimo.

Los controles a las empresas que sí solicitaron permisos, o a las que han sido denunciadas por particulares, se hacen. Al menos eso aclara el director, quien asegura que se han inspeccionado las muestras que la empresa Aratirí está sacando en sus tareas de prospección y exploración. "En agosto personalmente fui y recorrimos varias de las áreas en perforación y no había problemas", aseguró.

Los productores de la zona (que abarca unas 100.000 hectáreas en estas primeras fases), por su parte, no recuerdan haber visto al personal estatal.

Los problemas en la Dinamige no son recientes. Ya la administración de Tabaré Vázquez había comenzado una reestructura de la dirección, aduciendo serias debilidades en los controles internos para otorgar los permisos mineros de prospección, exploración y explotación.

El proceso determinó el inicio de varios sumarios e investigaciones administrativas, así como el traslado de algunos funcionarios. Estas investigaciones, por lo menos hasta el final de la administración anterior, no se habían aún sustanciado.

La fuente que solía estar vinculada con el Ministerio de Industria recordó que algunas debilidades consistían en el retraso de trámites pero otras evidenciaban connivencia por parte de funcionarios.

Más allá de estos procedimientos, también se realizó una unificación de criterios a la hora de gestionar los permisos mineros que incluyó acortar algunos de los plazos existentes.

En ese sentido, el ex subsecretario de Industria, Gerardo Gadea, opinó que el país aún se debe formular un plan estratégico en minería que incluya, por ejemplo, la posible participación estatal en la explotación bajo el régimen de asociación con privados. "Nunca hemos aprovechado el potencial que tenemos. No sabemos si hay un alto porcentaje de minerales o si es bajo. Tenemos que encarar esto pensando en los próximos 15 a 20 años".

Estudios mineros. Además de controlar que se cumplan los permisos de prospección, exploración y explotación, la Dinamige tiene como cometido la realización de estudios que determinen qué cantidad de minerales existe en el subsuelo uruguayo. Algo de esto se ha hecho, aunque muchos han sido gracias a la cooperación internacional.

Bajo la dirección de Carlos Soares de Lima (quien condujo a la Dinamige desde 2000 a 2002), se realizaron estudios en cooperación con Japón para determinar la existencia de oro en Colonia, San José y parte de Flores. En el último quinquenio se hicieron estudios para detectar yacimientos de ágatas y amatistas en Artigas, así como mapeos para la exploración en Maldonado o Colonia.

Pero todavía es poco. "Entré pensando que en el subsuelo había la misma proporción de producción que en el suelo, en términos de ganadería, turismo, etcétera. Me fui pensando que había diez mil veces más", sintetizó De Lima.

Algunos, como Gadea, proponen que el Estado realice una prospección aereogeofísica de alta resolución. Esto permitiría mapear la totalidad del territorio uruguayo y por lo menos dar indicios de dónde hay minerales que sean interesantes para su explotación.

Todavía son todas propuestas. El Estado conoce poco sobre qué minerales hay y dónde, los que tienen todo para ganar en la negociación son las empresas. Por ley, hay dos formas de ofertar el subsuelo. Una es a través de una licitación, lo que requeriría realizar un estudio sobre la localización de minerales y ponerlo a disposición de varios oferentes. La otra, más común, es que el privado se acerque.

Esto fue lo que sucedió con la empresa Aratirí. El último estudio sobre hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato data de la década de 1970 y fue hecho por la ONU. Dos años atrás la empresa pidió los permisos y comenzó a trabajar.

Según lo que ha declarado su gerente general, Fernando Puntigliano, no se sabe a ciencia cierta si se encontrará el hierro necesario para sostener la inversión. Cuando la información esté, de todas formas, no será un informe estatal.

En eso comienza a trabajar, como puede, la Dinamige. "Estamos dando la información para que las empresas evalúen si les conviene explotar los yacimientos diciéndoles cómo son y su localización para ordenarlo un poco", expresó Rossi.

Antes de Aratirí, Uruguay sólo sabía de su concentración de ágatas, amatistas y algunos minerales ornamentales. Del hierro nadie hablaba. Y hoy apenas se rumorea la posible explotación de diamantes (si los hay) o uranio.

Antes de Aratirí, la mayoría de los emprendimientos mineros eran (y todavía son) fundamentalmente pequeños, tanto en la magnitud de la inversión como en el volumen de mineral que se extrae.

Para ellos el personal que había en la Dinamige y el Código Minero de 1982 eran suficientes. No así para el proyecto indio. El desafío está planteado.

Tres etapas

Prospección.

Abarca sólo los estudios preeliminares que pueden hacerse en la superficie.

Exploración.

Permite perforar en una superficie más acotada que durante la prospección.

Explotación.

Es la creación de la mina.

Reformar o no

En estas semanas comienza a gestarse en el Parlamento la discusión sobre la adecuación del Código de Minería, que data de 1982. La polémica surge luego de que un grupo de productores de la zona de Valentines y Cerro Chato comenzaran contactos políticos para manifestar su rechazo a las obras que la minera Aratirí lleva a cabo en la zona.

Estos enfrentamientos son parte de la actividad minera, ya que el subsuelo es por ley propiedad del Estado, mientras que el suelo puede ser propiedad privada. El Código de Minería, al que se le han hecho modificaciones por decretos, todavía hoy tiene un sesgo notoriamente a favor del emprendimiento minero.

Según el director de la Dinamige, Pier Rossi, el actual código funciona para los emprendimientos medianos y pequeños que hay en Uruguay y para el tipo de explotación que tienen. Falta adaptar la ley para megainversiones en metálicos. "Los controles de acuerdo al código se ejercen donde estamos presentes. La pregunta es si esos controles en algunas etapas para algunas inversiones son tan eficientes", explicó. Para él, debería tratarse una ampliación -y no modificación- del código minero que dé un marco legal para inversiones superiores a los 15 millones de dólares.