F.M.
Con sede central en Washington y oficinas en 88 países, la Business Software Alliance vela por los intereses de las principales empresas de programas del mundo, como Apple, Microsoft, Adobe y Symantec, entre muchas. Monserrat, abogada costarricense, recorre los países latinoamericanos para, dice, contribuir a formar conciencia acerca de las desventajas de instalar software pirata en los computadores personales y empresariales. "El principal cambio es cultural. Hay que entender lo importante que es respetar la propiedad intelectual".
-Usted vino a capacitar agentes policiales, ¿no es así?
-Sí, hacemos capacitaciones a nivel mundial. Consideramos muy importante ayudar a los gobiernos a hacer que se cumpla la ley de propiedad intelectual, que conlleva muchas cosas buenas para cada gobierno. También instruimos a jueces. En las facultades de Derecho de muchos países se enseña propiedad intelectual como una materia más dentro de Derecho Civil. Entonces todos los que nos graduamos de abogados, que no sacamos posteriormente un posgrado de propiedad intelectual, salimos con un barniz en esa materia.
-¿Cuáles son las medidas más pertinentes desde el punto de vista judicial para lidiar con el tema de la piratería y la violación a la propiedad intelectual? ¿Multas? ¿Prisión?
-Bueno, la multa se aplica en la sección tributos, así procesamos lo civil. La prisión se presenta si es una acción criminal. El cambio que tuvo la ley de propiedad intelectual es muy favorable porque establece una multa. Eso podría ayudar a que los infractores piensen dos veces. Porque vas a comprar un producto de software que te cuesta 200 dólares, y dices: "no, voy a bajarlo o voy a comprar el de la esquina que me lo venden a 20 dólares". Pero si te agarra la Justicia no sólo vas a tener que pagar los 200 dólares que originalmente debiste haber pagado, sino una multa que está entre una y 10 veces el precio original. Entonces al final terminas pagando mucho.
-¿Hay una compatibilización de la legislación que ustedes promueven? ¿Buscan que la legislación sea similar a nivel continental?
-No nos metemos tanto porque cada país tiene su idiosincrasia, un sistema legal diferente. Pero sí velamos porque se cumpla con los tratados que los países han firmado. Los tratados internacionales te dicen cuál es el tipo de protección al que el país se compromete. En el caso de Uruguay, este país ha certificado todos los tratados más importantes de respeto a la propiedad intelectual.
-¿O sea que jurídicamente no hay motivo para quejarse por parte de la BSA?
-No necesitamos más leyes. Necesitamos que las autoridades las hagan efectivas. Porque podemos tener una ley que termina muerta en el papel si nadie la lleva a cabo. Si los jueces tienen miedo de imponer sanciones altas, si no conocen muy bien la ley… lo que tenemos que hacer es equiparar las infracciones a la propiedad intelectual a un robo. Es exactamente eso, un robo.
-¿Es factible que la BSA o algún otro organismo que defiende la propiedad intelectual inicie alguna acción judicial en contra de ese país?
-Puede que el gobierno de Estados Unidos ejerza una presión sobre el país y lo incluya en la lista de infractores a la propiedad intelectual. Pero es mejor pensar cuánto deja de recibir el país por la piratería. El que copia no paga impuestos. Nos está robando a todos, te está robando a ti, le está robando a Pedro, porque no hay mejores carreteras, porque no hay más inversión. Si la piratería de Uruguay bajara un 10%, la contribución adicional al PBI sería de 37 millones. Es posible, se ha hecho en otros países. Los ingresos extras para el sector serían 27 millones de dólares y el fisco recibiría cuatro millones de dólares más.
-¿Qué posición tiene la BSA respecto al conocimiento en general? Hay áreas que tal vez benefician el desarrollo económico o social si se comparte.
-Los países que tienen menor índice de piratería son los que tienen mayor crecimiento e incentivan la innovación. Eso trae grandes inversiones que generan que los países crezcan y salgan del subdesarrollo.
-¿Cómo ve la BSA los anuncios o los planes de la administración pública en algunos países de recurrir a un software de código abierto?
-No interferimos con los gobiernos, porque son soberanos y toman sus decisiones. Aconsejamos en base a la experiencia internacional que existe. Y consideramos que es inconstitucional que se diga sólo se va a usar esta ley, o sólo se va a usar este tipo de software.
-¿Porque es competencia desleal?
-No tanto por eso, sino porque están limitando los proyectos del Estado y es una decisión unilateral. No todo el software libre te ofrece las posibilidades de construir carreteras, de hacer muchas cosas y eso limita el crecimiento. Apoyamos la neutralidad: que se elija el software que más conviene para determinado proyecto.
-¿Cuáles son los principales desafíos para el futuro?
-Trabajamos para que en los próximos 10 años se bajen por lo menos 15 puntos de piratería a nivel de América Latina. Esto va a generar mano de obra, creación e inversión. ¿Por qué Intel se instaló en Costa Rica? Porque sabe que es un país que respeta lo que Intel produce ahí.