Un empujón sencillo, necesario y conveniente

SOLEDAD DÍAZ | FERRERE ABOGADOS

No es una novedad que el arbitraje es el medio preferido para resolver diferencias derivadas de inversiones y negocios en casi todo el mundo. Uruguay, aunque cada vez más contratos incluyen arbitraje como forma de resolución de disputas (dispute resolution), no termina de incorporarse a ese proceso generalizado.

Colonia, Montevideo y Punta del Este

Si bien en Uruguay se realizan cada vez más arbitrajes no parece existir conciencia de los beneficios que obtendría el país si fuera sede de más arbitrajes. Nuestras fortalezas están a la vista, Punta del Este, Montevideo y Colonia tienen casi todo para ser sedes ideales. Hay infraestructura (hoteles, centros de conferencias y accesibilidad) para hacer arbitrajes, alojar a los participantes y facilitar su comodidad y la ejecución de su tarea.

Cada vez hay más abogados especializados y pueden encontrarse otros profesionales y técnicos idóneos como árbitros y asesores. Comparando con otras partes de Latinoamérica, los jueces no son "hostiles" al arbitraje: respetan los laudos y declinan jurisdicción si las partes pactaron arbitraje. Uruguay es miembro de la Convención de Nueva York de 1958 (una convención relevante que unificó para más de 145 países los criterios para aceptar laudos y cláusulas arbitrales) hace ya 30 años.

Y ahora tenemos un volumen de negocios y proyectos de inversión que justifican el despegue de la práctica arbitral.

Falta ella

La única carencia, fácilmente subsanable, es que no tenemos una moderna ley de arbitraje. Uruguay, que parece tener demasiadas normas en algunos temas, no sancionó, como casi toda Iberoamérica, esta ley que sí necesita.

Cualquier asunto comercial se puede arbitrar: contratos de energía; inmobiliarios; de construcción e infraestructura; de servicios; de joint venture; conflictos corporativos; y casi cualquier transacción imaginable. En muchos países las disputas de estos negocios se resuelven casi exclusivamente por arbitraje. En vez de atravesar un juicio de dos o tres instancias, se pueden resolver con mayor flexibilidad y rapidez, en un procedimiento que eligen las partes. Casi todo puede ser libremente acordado por los involucrados, se puede elegir el idioma, quiénes y cuántos serán los árbitros o dónde será el arbitraje. Y, además, el proceso puede realizarse manteniendo la confidencialidad, lo que puede resultar clave en ciertas controversias de negocios. A diferencia de los juicios, el arbitraje permite que el expediente y el laudo permanezcan ajenos al conocimiento del público, la prensa y los competidores.

Expertos

El arbitraje permite someter la controversia a expertos en la materia en cuestión, que no tienen por qué ser abogados. O a abogados especializados en un área: contratos de construcción o financiamiento, derecho marítimo, compra venta de mercaderías. Esto puede ser ventajoso para las partes, que no deben presentar su caso ante jueces desbordados de trabajo, que están obligados a dirimir temas "civiles" en general, lo que cubre desde el incumplimiento de un millonario contrato de joint venture hasta un choque de monto relativamente bajo. El aumento del arbitraje de disputas comerciales contribuye también con un más eficiente sistema judicial, en beneficio de todos Ios usuarios. Permite quitar de los juzgados litigios de gran monto, con mucha prueba y en los que se invocan complejos argumentos que le requieren al juez mucho tiempo. Tiempo que se debe distraer de otros casos.

Impulso y la oportunidad

Uruguay podría ser sede de muchos más arbitrajes en negocios locales y externos… siempre que exista un buen marco legal y no quede en un limbo inhabilitante por inercia legislativa.

La ley que el país precisa está hace años en el Parlamento. La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil hizo una "ley modelo" para uniformizar criterios y promover el arbitraje. Muchos países -casi todos los del entorno- la adoptaron y nuestro Parlamento ya tramitó dos expedientes para ello, en 2004 y 2010. El primero se archivó estando bastante avanzado. El segundo, no ha avanzado en los últimos dos años. No hay razón política ni jurídica para no hacerlo. Y no implica un esfuerzo gigantesco.

Erogaciones públicas. Es sólo cuestión de impulso. Aún sin la ley, el arbitraje comercial en disputas de negocios sigue siendo la mejor alternativa y Uruguay un buen escenario. Pero no hay razón para perdernos de participar en una buena oportunidad de negocios, ni para desperdiciar otra oportunidad de mejorar: se trata de ponernos al día en este momento, con una ley moderna que elimine las suspicacias que genera la falta de un marco legal adecuado.