Tirarán la producción

JULIO PREVE FOLLE

La noticia puede haber pasado desapercibida: este año habrá que tirar una parte importante de la producción de tres de los más importantes cultivos hortícolas en términos de producción y consumo, la cebolla, el zapallo y el boniato. Para rubros totalmente encerrados y sin chances de exportación, una caída en la demanda o un incremento en la oferta domésticas, genera previsiblemente sobreproducción y caídas de precios. En el caso de la cebolla, un buen año en términos de clima sumado a algunos adelantos técnicos, determinó un aumento del área de 7,8% y en la producción un 42%. Para el caso del boniato el aumento de la producción fue del 56% por razones análogas, y en el zapallo un 17%, según la información derivada de una excelente publicación periódica del MGAP. Estos guarismos que en cualquier rubro darían para festejar, en la granja se convierten en una tragedia para los productores, sistemáticamente afectados por una política vieja, que no da resultados en ninguna parte, que posee un único instrumento: el encierro y además, en este caso, ilegal.

EXCEDENTES. Lejos de festejar, dirigentes de la Asociación de Productores de Canelones y de la Comisión Nacional de Fomento Rural señalaron que habrá que tirar el 30% de la cosecha de zapallos, y el 50% de la de boniatos; quizás la cebolla se pueda conservar por más tiempo. A la vez, estiman caídas en los precios que alientan solo a alimentar animales. El presidente de una de estas gremiales, en una síntesis de la catástrofe que es al mismo tiempo toda una explicación previsible de las consecuencias de la política de encierro, señaló el 14 de julio: "No sabemos qué vamos a hacer con la producción. El consumo en fresco está topeado y la colocación en industria es baja, en tanto no hay salida para venderlo al exterior".

Lo que está pasando no es nuevo. Hace un tiempo lo destacamos para la uva, cuyos excedentes se convirtieron en un vino que debió exportarse con subsidios, realizando así nuestro país exactamente la práctica que se ha condenado desde siempre. Y ha ocurrido también recientemente en algunas frutas.

Obvio es decir que esta durísima circunstancia económica de sobreoferta golpea más a los productores vulnerables, que resisten menos la caída de precios domésticos. Se ratifica de esta forma lo que uno de estos dirigentes señalaba a fin del 2011: que en los últimos 5 años se perdieron 1.600 productores, que existe sobreoferta de productos, que ella conduce a precios cada vez menos redituables, que la demanda cae, que los costos aumentan todo el tiempo, que están peor que antes de 2002, que no hay chance de exportar sin subsidios, que los grandes también están en problemas, que no se pueden pagar los salarios elevados, etc. Esto era antes y es nuevamente ahora como fruto de una política equivocada.

POLÍTICA EQUIVOCADA. En su momento se creó un IVA solo a los productos importados, implementando así un arancel disfrazado, pero eso no fue lo único. Se lo utilizó también y así sigue, para subsidiar la industrialización del tomate, que es un fracaso total. Y en paralelo se utilizó hasta el paroxismo la expedición de un certificado sanitario, no solo para liberarlo conforme a la voluntad discrecional del funcionario de turno, sino aprobándolo previa conformidad de un comité integrado por los mismos granjeros. El gobierno socialista moderó este horror corporativo, pero convirtió el certificado sanitario en un arma más poderosa, ahora de su propia discrecionalidad. En efecto, el gobierno expide certificados que deberían indicar solo las exigencias sanitarias para importar de cualquier país, pero lo hace conforme a una cantidad de kilos. Se trata de la política de gobernar "a favor del pelo", de hacer lo fácil que es siempre proteger, y no trabajar en lo que es más difícil y lento, o sea en desarrollar rubros que alguna vez sean competitivos y autosustentables. Es a la vez una política de claro perjuicio al consumidor, pero sobre todo letal como se demuestra para el propio productor. En efecto, una granja encerrada, si crece, solo puede aspirar a abarrotar el mercado doméstico y fundirse, no por la existencia de importaciones sino por su propia producción excedentaria que cuando ocurre, es inexportable por no ser competitiva, que es precisamente la razón por la que se la protegió. Con esta política vieja e injusta en especial con los más vulnerables, la granja no tiene futuro y, lo que es peor, afrontará cambios con el dolor de muchos. Así lo venimos escribiendo desde hace tiempo. La granja merece otra atención pública, una política activa de apertura e inserción externa, tal como se insinuó en el comienzo de esta gestión del MGAP. En aquel momento el ministro señalaba su incomodidad con nuestro vino y con nuestra política de encierro en materia de carne aviar. Pero no solo no se hizo nada sino que se extendieron los mecanismos distorsivos del comercio y de administración arbitraria. Es más; tan cerrada está la granja, para perjuicio de consumidores y pequeños productores, que si uno lee con atención esa excelente publicación que referí líneas arriba, la misma considera el consumo nacional, lo coteja con la producción, le resta una estimación de pérdidas en almacenaje, y concluye acerca de por cuánto tiempo está asegurado el abastecimiento. El suyo es un razonamiento solo posible con una economía totalmente cerrada y por ende sin destino; defendida por lobbies equivocados, de corto plazo, y por productores grandes.

ALTERNATIVA. No puede continuar esta protección total como política y con el abuso de derecho como instrumento. El certificado sanitario debe ser solo eso, y como herramienta de protección transparente se debe usar el arancel ad valorem, en este caso el arancel externo común, que sin dificultad habría que negociar su aceptación en el Mercosur para ser usado en el comercio intrazona por un tiempo. Este arancel no debería alcanzar a todos los productos porque no puedo creer que en ninguno tengamos chance de competir. Acotada en los rubros y en los instrumentos, la protección ahora transparente, debería complementarse con mecanismos de subsidio perfectamente limitados en el espacio y el tiempo, para lograr algo parecido a la política forestal derivada de un plan maestro que definió sus principales objetivos e instrumentos, con estímulos que, cumplidas determinadas etapas, murieron. No encuentro ninguna razón institucional válida para que la granja disponga de privilegios sin término, como cerrarse cada vez que a alguno le parece necesario. Sí, en cambio, tiene mérito suficiente como para reclamar recursos públicos para encarar transformaciones en rubros con esperanza de crecimiento, contando entretanto con la protección que haga falta, nunca discrecional, ni corporativa, ni ilimitada, ni eterna. De lo contrario habrá que seguir tirando lo que "sobre".