La venta de acciones de Alur

JULIO PREVE FOLLE

Poco a poco se comienza a discutir un proyecto de ley propuesto por el Partido Socialista sobre la prohibición de compra de tierra por parte de estados extranjeros o sus empresas, que contiene algunos elementos que puedo compartir, así como otros que me parece necesario descartar. Pero lo que llama hoy la atención, es que el mismo día que se informó sobre este original proyecto de ley, la prensa daba cuenta de la venta posible de una porción significativa del paquete accionario de Alur, a la empresa estatal petrolera de Venezuela. Y esto sí, definitivamente, debe descartarse: un estado extranjero no puede beneficiarse de una generación de valor que deriva del esfuerzo para tributario de los uruguayos. No puede ser así.

EL VALOR DE ALUR. El valor de Alur es el producto de una combinación de políticas públicas que le confiere una condición de privilegio muy especial, que le permite facturar montos que una mirada superficial podría considerar importantes. Sin embargo ocurre que el negocio de Alur es, sin privilegios, absolutamente nulo. Esto es así porque la importación de azúcar, una materia prima, está protegida por el arancel máximo del 35%, algunas veces combinado con otras disposiciones restrictivas. Ello permite pagar a los agricultores en ocasiones tres veces más que sus competidores, y refinar con costos fuera de competencia. Puede también, aunque no lo hace regularmente, importar azúcar crudo y refinarlo, que es el negocio de Azucarlito; en este caso -importar crudo con arancel cero, vendiendo refinado protegido al 35%, para un agregado de valor mínimo- la protección efectiva supera cómodamente las tres cifras. Por su parte los agricultores así como el propio ingenio, han recibido de la sociedad por diversas vías diferentes ayudas a su endeudamiento, ya sea a través de Ancap, como antes del Banco República.

Pero así como la competitividad genuina es nula para el azúcar, menos puede imaginarse para los biocombustibles en los que se opera en régimen de monopolio. Como se sabe la importación de estos sigue estando prohibida para cualquier particular, en tanto la producción puede hacerla un privado -pidiendo permiso, cuándo no- pero por cantidades mínimas, siendo el resto solo de Ancap. En este contexto de protección arancelaria y exclusión de la competencia, no dudo que al igual que en el negocio azucarero se pueda producir mañana etanol, el que por otra parte, al igual que el biodiesel, los consumidores estamos obligados por ley a consumir, aun en ocasiones como la actual, que es más caro que la nafta.

PRIVILEGIOS. En otras palabras, por una combinación de inversión con fondos públicos, tratamiento especial del endeudamiento, protección arancelaria, exclusión de la competencia, y obligación de consumo de biocombustibles, no es raro que en esta situación Alur tenga una facturación creciente y un balance mejor que cuando empezó.

En realidad lo insólito o preocupante sería que con estos privilegios perdiera plata. Claro está que en su estado de resultados no figurará nunca la transferencia de recursos desde el consumidor expresada a través del precio de azúcar, del combustible y biocombustible, o de los déficits de su empresa madre. Tampoco se recogerá la pérdida de riqueza implícita que implica que recursos móviles estén aplicados en actividades sin ventajas comparativas, en lugar de estar en otras genuinas. Y deberá incluirse en la cuenta el sobreprecio de todo el azúcar, también el de Paysandú, beneficiario de la misma política. Es que intentar producir lo mismo que los dos productores más competitivos del planeta, como lo son Brasil en azúcar y etanol a partir de caña de azúcar, y Argentina en biodiesel de soja, solo puede ocurrir a partir de intervenciones que excluyan el comercio desde estos orígenes. Y así ocurre, con costos evidentes para la sociedad que los consume obligada, integrando el éxito de este emprendimiento, el ya legendario "espacio fiscal". En estas condiciones Alur logra facturar más, ojalá que también se nivele en sus resultados, y de esta forma quizás sus acciones valgan. La pregunta es para quién.

Y la respuesta es que las mismas valen solo y exclusivamente por la política pública que las sostienen, es decir solo en tanto y en cuanto se crea que esta política se mantendrá. Es ésta -la política- la que define su valor. Y es asimismo este fundamento el que determina las características de un potencial comprador, alguien que funcione en esta frecuencia de onda, que crea que la riqueza se genera de modo estable por decreto, o por acuerdo de comisiones ad hoc: este es el retrato de Venezuela.

JAMÁS VENDER. Ahora bien. Supongamos que median importantes razones sociales para defender la permanencia de esta política, y que no se va a sustituir por otra para producir dátiles en Vichadero, o bananas en Cardal. Si esta política se mantiene, le vamos a pedir al menos dos cosas: una de forma y otra de fondo. La de forma es que sus directivos no hagan declaraciones o financien propaganda, como si sus "éxitos" y su ejemplo derivaran de su excelencia o de su ingenio, y no de leyes y decretos que imponen a la sociedad en su conjunto transferencias que no recibe casi ninguna otra actividad. Y que por supuesto no pueden usarse de modelo de nada, en tanto integran un ya durísimo costo fiscal social.

Pero nos queda la objeción central, de fondo. Si la sociedad va a continuar poniendo plata en esta actividad, es absurdo que el beneficio cualquiera que sea, termine en el estado venezolano. Es duro pagar impuestos en Uruguay, no solo por su cuantía sino por la calidad del gasto que a ellos se asocia. Es duro asimismo pagar de modo indirecto al revolver el café, o al surtir combustible, transferencias hacia una empresa para que concrete sus negocios. Pero lo que resulta definitivamente intolerable es pagar impuestos de modo indirecto al estado venezolano; esto es insólito y hay que rechazarlo.

Alur pues, al igual que lo plantea el proyecto de ley sobre la tierra, no puede ser propiedad accionaria del estado venezolano. Una cosa es que reciba ayudas de ese estado, de su empresa de petróleo o de su banco. Otra muy diferente es que participe de eventuales ganancias, que derivan solo y exclusivamente del esfuerzo de los contribuyentes. En tanto su salud dependa de una arquitectura legal que imponga contribuciones de los uruguayos, que el estado venezolano tenga acciones de Alur es tanto como pagarle impuestos a Venezuela.