La inseguridad se ha instalado

SERGIO ABREU

Las decisiones de los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay fueron tomadas en abierta contravención con el Derecho Internacional y del Mercosur. La suspensión de Paraguay fue resuelta sin que se verificara la causal que amerita la adopción de sanciones (quiebre democrático) y sin realizar las consultas previas exigidas en el Protocolo de Ushuaia; el ingreso de Venezuela fue anunciado a pesar de que el propio Protocolo de Adhesión -además del Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto- requieren el depósito de cinco instrumentos de ratificación. Por lo que la única conclusión posible es que, jurídicamente, ni Paraguay está suspendido, ni Venezuela es miembro pleno.

Las decisiones de los presidentes han llevado al Mercosur a un terreno de total inseguridad jurídica en el que las normas no constituyen freno a la voluntad de los gobiernos y los compromisos se diluyen ante los intereses de los Estados Parte que conducen el proceso, entre los que no se encuentra precisamente Uruguay.

En un reino que no fuera el "del revés", quizás podríamos entender que los gobiernos están reconociendo que, antes y más allá de la ratificación del Protocolo de Adhesión de Venezuela, el Mercosur debería adoptar definiciones existenciales antes de incorporar nuevos miembros, y esas definiciones supondrían modificaciones significativas en la estructura jurídica vigente. Para los Estados Parte ha sido más fácil ignorar las normas que contradecían sus actitudes que adaptarlas a la realidad, convirtiendo al Mercosur en el reino del no compromiso.

El Mercosur se ha venido "bilateralizando" como consecuencia de la decisión de los gobiernos de no tratar las cuestiones colectivas en los órganos del Mercosur, de tolerar los incumplimientos y no respetar los fallos arbitrales. Juntos van a tener una mayor capacidad de negociación.

Las trabas venezolanas se van a sumar a las argentinas y ya no pensemos en acuerdos del Mercosur con terceros países, porque Argentina y Venezuela no ofrecen la menor seguridad jurídica. El hecho es que el Mercosur se está convirtiendo -con las decisiones sobre el Arancel Externo Común (AEC) que también aceptó Uruguay- en la región proteccionista por excelencia.

Ha quedado clara en Mendoza una dualidad de criterio por parte de Brasil. Ese cambio tiene una raíz política y no fue determinado por los intereses de exportadores brasileños. La presidenta de Brasil también optó por la supremacía de lo político sobre lo jurídico y por la inclusión del eje bolivariano en el Mercosur.

Respecto de la celebración de acuerdos con países no pertenecientes al Mercosur, la posibilidad de negociar con los países latinoamericanos -que se hizo aparecer como un logro de Uruguay en Mendoza- no implica ninguna concesión para Uruguay, porque el Mercosur ya celebró acuerdos comerciales sobre el universo de bienes y con desgravación programada total, con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú; un acuerdo comercial por productos con Cuba; y un acuerdo marco con México, que habilitó la suscripción de un TLC bilateral. Las posibilidades de negociación comercial se reducen a retoques menores de acuerdos vigentes y a la celebración de acuerdos con los países de Centroamérica y el Caribe. No se obtuvo nada de lo que Uruguay necesita que son acuerdos comerciales -en los términos aceptados por la OMC- con China, la UE, la Federación Rusa, Japón y los países prósperos de Asia, Oceanía y América del Norte. Incluso, ampliar lo negociado por el Mercosur con la India y la Southern African Customs Union (SACU).

Tampoco olvidemos que Uruguay puede hacer acuerdos con cualquier país del mundo sobre servicios, inversiones o cualquier otra materia que no involucre preferencias arancelarias, sin tener que dar cuentas al Mercosur como ya lo ha hecho. O sea, todo lo que el presidente trajo de Mendoza es el alarmante concepto de que lo político supera lo jurídico.

Las expresiones del presidente Mujica reflejan fielmente el ambiente en el que se tomaron las decisiones en Mendoza: los jefes de Estado del Mercosur piensan que lo político vale más que lo jurídico, no admiten frenos a su voluntad y sus decisiones están determinadas por el humor del momento. Esa es la lógica política que lleva al avasallamiento de las minorías, la vulneración de los derechos individuales, los golpes de Estado y las dictaduras. Confirmado por uno de los principales dirigentes de su sector político que ¡sostuvo públicamente que los senadores paraguayos debían ser fusilados!

La gran preocupación de los uruguayos debe ser defender la vigencia del derecho internacional. El derecho es el escudo de los débiles, es la defensa y garantía en la relación entre los países como el nuestro y países como Brasil o Argentina. Contribuir -como lo hizo Uruguay en Mendoza- a soslayar el derecho internacional y la normativa del Mercosur, es debilitar defensas que en el futuro un gobierno uruguayo menos sumiso puede necesitar. De nada sirve gobernar sobre la base del miedo porque éste aumenta la fragilidad.

El presidente manifestó que las decisiones que tomó en el Mercosur y en las relaciones bilaterales con Argentina, estuvieron motivadas por la defensa de los intereses nacionales y del empleo de los uruguayos. Su temor, legítimo, es que las medidas que pueda adoptar Argentina afecten, significativamente, el turismo, los servicios logísticos, la industria, la construcción. Y también que en el futuro, Brasil pueda adoptar medidas restrictivas del comercio. Pero de nada sirve gobernar sobre la base del miedo, como lo prueba el hecho de que esos temores se están convirtiendo progresivamente en realidades.

En el caso de Argentina, lo importante no es que las exportaciones hayan caído poco o que el turismo tuvo una pequeña reducción, sino que las incertidumbres que crea Argentina inciden en las decisiones de los operadores sobre inversiones, contratación de mano de obra, nuevos emprendimientos. La inestabilidad de la economía argentina y una caída mayor del crecimiento en Brasil pueden afectar más a Uruguay que las medidas que adopten los gobiernos con o sin ánimo de perjudicarnos.

Cada tanto la historia nos muestra los costos de la dependencia de nuestros vecinos, pero nos empecinamos en mantenernos en la comodidad de la comarca y no asumir los costos de la independencia. La opción que enfrenta el gobierno es seguir en el temor de los daños que nos puedan infligir los vecinos, o asumir el precio de ser un país independiente. Ser independientes no implica salir del Mercosur, ni deteriorar las relaciones con Brasil o buscar retaliaciones con Argentina, sino tener claro en qué se puede ceder y en qué no; qué se puede pedir y obtener sin que eso cree limitaciones a decisiones futuras. Ser independiente es mantener libres las opciones en política internacional e inserción externa. Renunciar al derecho internacional en nombre del llamado Socialismo del Siglo XXI, nos condena a la dependencia y a la sumisión política y comercial. Y eso no lo aceptamos los uruguayos.