El déficit y la deuda pública (II)

ISAAC ALFIE

Mi anterior columna la dediqué a explicar algunas definiciones básicas y su significado económico-financiero (qué nos dicen cada una de ellas). En cuanto a la forma de medición, lo hice en grandes trazos, dejando de lado "el manual" donde se enseña cómo tratar algunas situaciones específicas. Tampoco me adentré en cómo se mide el gasto público hoy en Uruguay, que está subvaluado y en un monto significativo, ni en detalles de su resultado final, que se sobrevalora (mayor déficit que el publicado).

Sin ir al detalle que, por otra parte, confieso desconocer en su totalidad, algunas partidas de gasto que no aparecen en las cuentas son obvias y se relacionan con las Empresas Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo. A vía de ejemplo, el llamado "Fideicomiso del Transporte", mediante el cual el gas-oil está cargado con un sobre precio por litro, que Ancap transfiere a un fideicomiso administrado por la CND y ésta lo distribuye entre las empresas de transporte colectivo de pasajeros. En los hechos, hay un impuesto y un subsidio que no pasa por las cuentas públicas que el año pasado, según el balance de Ancap, fue 0,25% del PIB. En igual sentido, hay erogaciones desde la CND en toda la parafernalia creada de sociedades y fideicomisos que es gasto público y no se mide. El más notorio es el referido a la Corporación Vial, que hace de MTOP en paralelo, cuyo financiamiento se realiza mediante deuda nueva, transferencias desde el gobierno central y recursos genuinos. Por último, las EE.PP. tienen decenas de S.A. a las que le garantizan la deuda que contraen y le inyectan capital y, en sus balances se exponen como préstamos, cuando en realidad son gastos.

SITUACIÓN ACTUAL. Lo recién descrito hace que debamos tener presente que no sabemos exactamente el monto de la deuda pública, ni el gasto agregado, así como tampoco el real desequilibrio de las finanzas, de donde tomando la cifras conocidas partimos de una situación mejor a la real (no sabemos cuánto). Dos semanas atrás había adelantado que, "considerando el actual nivel de la deuda pública, su composición y el déficit estructural que tiene el sector público, estamos bastante más expuestos de lo que imaginamos ante un choque negativo duradero". En primer lugar, todos sabemos que la economía aún hoy está operando por encima de su nivel de tendencia potencial, lo que implica mayor recaudación y menores erogaciones. También sabemos que nuestra moneda está sobrevaluada pese a la corrección cambiaria de los últimos dos meses, lo que también disminuye algunos componentes de gastos, en especial la cuenta de intereses. Solo este último concepto, medido de manera conservadora, nos está reduciendo el déficit en 0,5% del PIB. De donde, la situación fiscal hoy nos indica que el déficit de tendencia está en el entorno de 4,5% del PIB, frente al 1,7% publicado el que, recordemos (BSE), está subestimado en al menos medio punto.

STRESS TEST. Ahora que se han puesto de moda, no está demás realizar un "stress-test" sobre la trayectoria de nuestra deuda pública ante un shock adverso. Aún siendo precavidos en los supuestos, dos cosas son ciertas: i) jamás se pensará en extremos que luego la realidad se encarga de mostrar cuán posibles son y, ii) ninguna previsión, por buena que sea, tendrá en cuenta todo lo que luego los hechos nos mostrarán.

De todos modos, la historia al menos nos da una base y estudiarla, aprenderla y recoger sus lecciones, tomando las hipótesis de sus casos extremos y sus derivaciones es un ejercicio razonable. Uruguay tiene uno de estos hechos bastante cercanos en términos históricos y es el shock negativo que recibió entre agosto de 1998 y fines de 2002. Ante ello he simulado qué ocurriría con la deuda pública si pasara lo mismo que hace 14 años y el shock perdurara por igual lapso, más de 4 años. Cuando digo "pasara lo mismo", me refiero a la caída del nivel de actividad y la depreciación real del peso, en similares magnitudes, no en cuanto a los problemas en el sector financiero. Es decir, no habría que gastar recursos (reservas) en sostener la cadena de pagos, salvando a los depositantes. En igual sentido, asumo que las autoridades reaccionan de igual manera que lo hicieron las de la época y, entonces, realizan ajustes en las cuentas públicas de manera de evitar que los déficits sean escandalosos y deriven en poco tiempo en una situación de insolvencia. Esto implica que realizan un ajuste fiscal del orden de 2,5% del PIB (unos US$ 1.060 millones a valores actuales), a la vez que evitan una escalada inflacionaria que brinde recursos (mediante el cobro del impuesto inflacionario). En aquel entonces, pese a todos los problemas y el incendio en el que estaban Argentina y Brasil el déficit fiscal jamás llegó al 4% del PIB, estuvo entre 3,5 y 3,9% en 1999-2002, bajando al 3% en 2003 y por debajo de 2% en 2004. Esas cifras, ajustadas por el ciclo económico (es decir medidas estructuralmente) eran levemente deficitarias en 1999, equilibradas en 2000 y superavitarias en el resto de los años. Del mismo modo, salvo el cambio de precios relativos que impactó en el IPC en 2002, la inflación se mantuvo baja, más aún si la miramos en términos relativos con nuestros vecinos.

El lector dirá con toda razón que no se avizora una situación tan complicada y menos por tanto tiempo como la ocurrida. Decididamente comparto esta evaluación, las variables mundiales no parecen mostrarnos un escenario tan adverso, pero convengamos que nunca se lo puede prever y que, en todo caso, es un buen escenario extremo para saber dónde realmente estamos parados y cuán sólidos son nuestros fundamentos.

Entonces tomaré a la evolución entre 1999 y 2003, ya un año después del piso de la recesión. Las variables utilizadas son el PIB nominal, la UI, el déficit fiscal y el tipo real de cambio.

RESULTADOS. En aquel entonces, el ratio de deuda bruta a PIB pasó de 30,3% en 1998 a 101% en 2003, en tanto los activos del sector púbico no financiero en reservas dentro del BCU comenzaron y terminaron el período en el orden de 5,5% del producto, aunque a fines de 2003 el Gobierno Central disponía de cerca de 2% adicionales fuera del BCU. Como dato importante, al inicio del período, la proporción de deuda en moneda nacional era 12% y estaba toda en títulos no reajustables y, al final del mismo era apenas un 5%, donde la mitad de ellos ya estaban en UI.

La deuda estimada a fin de junio pasado es del orden de 62% del PIB (57,3% a fin de marzo y 56% a fin de 2011, pero el dólar ha subido y hubo nuevas contrataciones), 50% está en dólares, un 5% en pesos nominales y el restante 45% en UI. Cuando se produce una caída en la actividad, la UI evoluciona por encima del PIB nominal lo que hace aumentar automáticamente el ratio de deuda a PIB. Del mismo modo, si el dólar aumenta fuerte, el PIB medido en dólares cae mucho y, entonces, el ratio de deuda también sube. Evidentemente, la suba del ratio en esta segunda hipótesis es de mayor proporción a si la deuda se nomina en UI, pero en este caso igual crece, solo que más moderadamente.

Con los supuestos realizados, si tuviéramos un shock de similar magnitud, la deuda bruta pasaría del 56% a fin de 2011 a 108% a fines de 2016. Es decir, el nivel de deuda sería superior al del pico anterior pero con, al menos, una desventaja no menor. En efecto, como el porcentaje de deuda en moneda extranjera ahora es sustancialmente inferior, la "caída sola" del ratio que naturalmente se da cuando el valor del dólar que "sobre reaccionó" en momentos de dificultades vuelve a un lugar "normal", ahora tendría un efecto menor. La ventaja se compensa. Así, mientras en 2003 el ratio de 101% con un dólar de paridad y un PIB de tendencia se reducía a aproximadamente 63%, ahora el 108% apenas si caería al 91%, (considerando también el efecto de baja por la deuda en UI), con lo cual nos dejaría en un nivel de deuda de largo plazo casi insostenible y con la necesidad de hacer un ajuste fiscal adicional.

ACCIONES. Reitero, no parece que exista un escenario donde se de un fenómeno tan extremo, aunque todo indica que el horizonte nos pone frente a dificultades. Así como estamos si queremos mantener intacta nuestra capacidad de pago y baja la inflación, debemos ya tomar medidas. Jamás será mucha la precaución que se tome. Diez años atrás el país pudo capear el temporal porque en los años previos, había construido un enorme espacio que le permitió afrontar un shock extremo. La solvencia se ganó pese a que las épocas no fueron, ni cercanamente, tan propicias como la bonanza vivida a partir de 2003, y especialmente desde 2006. Lamentablemente, hoy no tenemos ese espacio pero, creo, que sí disponemos del tiempo suficiente para actuar, eso sí debemos hacerlo ahora antes que pueda resultar muy tarde.