Discusiones útiles e inútiles

JULIO PREVE FOLLE

Tres episodios mediáticos me han llamado la atención de estos últimos días: el sainete del asado caro, las nuevas discusiones con argumentos con olor a naftalina sobre la concentración de la tierra y -este sí un tema serio- la presentación del proyecto de ley de asociaciones público privadas.

ASADO BARATO. Había un político del que se recuerda su famosa apelación permanente al precio del querosén. Al presidente actual lo mentarán sin duda por el del asado. Pero esta vez su preocupación me hizo pensar en otros temas que por omisión son graves. Por ejemplo, exhortar a los frigoríficos a cobrar menos el asado, cuando se trata de un sector en intensa competencia, no sólo es un error sino -lo más insólito- constituye una recomendación de colusión, algo que el propio Ministerio de Economía y Finanzas en repetidos estudios no ha podido demostrar. Pero hay algo peor, que es lo que siempre me ha parecido una preocupación social hemipléjica. El gobierno entiende que el asado no debe valer aquí más que en el exterior, y como sentimiento puede ser compartible. Ahora bien, si esto es así propongo agrandar la lista de los bienes y servicios que pagamos más caros aquí que en el exterior, no ya por una razón de mercado, sino por intervenciones directas del gobierno, que hacen que los uruguayos los paguemos mucho más aquí que en el exterior. Veamos: el azúcar, el vino, el pollo, la papa, la cebolla y en general las frutas y verduras; el aceite, la cerveza, por largos períodos la leche, las telecomunicaciones, los automóviles nuevos y usados, el combustible; sigo con pantalones, camisas, vaqueros, zapatos, todo proveniente de una larga lista de trabas no arancelarias, aranceles ad valorem y específicos, subsidios, etc., que son disposiciones de política doméstica. En definitiva, no veo la razón de hacer que tantos productos y servicios tan populares como el asado, se paguen más aquí que en el mundo.

TIERRA CONCENTRADA. La prensa también dio cuenta de una reunión sobre la concentración de la propiedad de la tierra en la que expusieron dos integrantes del MPP, principal sostén político del gobierno y fuerza mayoritaria del Frente Amplio: el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca y el senador Agazzi. Allí se escucharon múltiples planteos, a cuál de ellos más viejo, tales como por ejemplo cobrar un impuesto a las grandes extensiones, volver a las detracciones, retener ganancias "extraordinarias", etc. Otra vez se da aquí la preocupación hemipléjica del gobierno que no se extiende a otras concentraciones: la molinería de trigo la domina una sola empresa; la elaboración de aceite también y es socia de ALUR; la lechería casi una sola empresa; el arroz una sola con el 50%; la malta una sola; el azúcar dos. Y quedan los monopolios públicos, que no por ser estatales está demostrado que todos sirvan al bien común. Sobre este tema de la concentración de la propiedad de la tierra voy a reiterar lo que hago siempre. Propongo revisar las cifras de los censos agropecuarios y reparar en lo reportado en el del año 2000, que da cuenta de lo ocurrido en la década de los noventa. Sobre este período se difunde muy poco lo que ocurrió: que la propiedad de la tierra, no sólo no se concentró más, sino que aumentó el número de productores rurales pasando de 54.816 a 57.131, un resultado que como desmiente una cantidad de interpretaciones y planteos de las diversas formas de socialismos vernáculos, simplemente se lo ignora. Pero es la realidad. En las décadas de los sesenta y setenta cae en cada una el número de productores un 10%, en la de los ochenta un 15%, y en la de los noventa no sólo se revierte el fenómeno sino que los productores más chicos crecen un 43%. Estas son las cifras. Puede decirse que fue una casualidad -algo ridículo- o que los gobiernos no tuvieron nada que ver -más ridículo- pero lo que no se puede es negar lo que ocurrió. Por otra parte, no es tan claro que la tierra se esté concentrando hoy: no sería lógico, dados los valores por ella alcanzados.

ASOCIACIONES. Esta sí es una noticia de un tema muy serio, de una iniciativa que es muy probable que se convierta en algo bueno para el país. En efecto, el gobierno ha resuelto enviar al Parlamento un proyecto de ley que le da un nuevo marco jurídico a las asociaciones público privadas, implementadas en esencia para desarrollar obras de infraestructura, aportando el Estado y los privados sus respectivas especialidades. Son notorias las carencias en esta materia, y es claro también que no es fácil hacerlo todo con fondos presupuestales. Esto en especial, si el espacio fiscal proveniente del crecimiento, se resuelve gastarlo todo y no invertirlo.

En cualquier caso, estas asociaciones que no son nuevas en el país; recibirán ahora un espaldarazo ya que, con una nueva vestimenta, un nuevo lenguaje desarrollado por organismos internacionales, directamente se resuelve privatizar prácticamente cualquier cosa: la realización y explotación de carreteras, de puentes, de escuelas públicas, y hasta de cárceles. Resulta extraordinario que sea un gobierno socialista el que promueva la más gigantesca operación de privatización de la historia, de miles de millones de dólares. Se trata de una paradoja que no sé cómo calificar: la izquierda, que se opuso a toda privatización, que armó plebiscitos contra la ley de empresas públicas, que contra la ley que daba la posibilidad a privados de explotar el agua promovió nada menos que una reforma constitucional, esa misma orientación propone ahora no sólo que se invierta en agua y saneamiento, en carreteras y puentes, sino hasta en escuelas y cárceles. Piénsese por un instante qué hubiera pasado en el país si en gobiernos anteriores alguien hubiera promovido participaciones privadas en emprendimientos de este tipo, comunes en realidad en muchas partes del mundo. Hubieran temblado las raíces de los árboles, se habrían juntado firmas contra las privatizaciones, se habría armado un plebiscito, quién sabe.

Pero esto no debe importar; las buenas ideas aunque tarden en hacer carne, cuando finalmente se llevan a la práctica, si son buenas para el país -y en este caso es muy probable que lo sean- deben ser bienvenidas.

Sobre todo si, cambiado su envoltorio, se hacen aceptables para quienes ayer se oponían.