Protección granjera en duda

JULIO PREVE FOLLE

El gobierno da muestras de querer rever mecanismos de protección que no parecen fácilmente sostenibles, y qué flaco favor le hacen no sólo a los sectores granjeros protegidos, o a la sociedad que los financia, sino también a otros sectores exportadores que pueden resultar directa o indirectamente perjudicados.

FRUTAS Y VERDURAS. Las frutas y verduras importadas están gravadas por IVA, lo que no ocurre con las nacionales; esto supone lo mismo que aplicar un arancel de casi un 30% intra Mercosur, que está prohibido. Este arancel aplicado en especial contra Argentina deriva de la Ley 17.503 de junio de 2002, y de la que la sucedió número 17.844. Por ellas se estableció, además, que el producido por ese tributo se destine entre otros fines a pagar deudas de hasta 150 mil dólares -no se trata de indigentes- derivadas de eventos climáticos ocurridos en el 2002, aún hoy ocho años después. Se trata de un tributo que ha recaudado en promedio unos diez millones de dólares por año, y no me imagino qué se puede estar haciendo con su producido, ya que no puede ser que sigan vigentes aquellas deudas. Esto obviamente debe reverse.

Además las frutas y verduras tienen la importación sometida a otra traba. Existe un certificado denominado Afidi (Acreditación Fitosanitaria de Importación), creado hace muchos años y que quien desea importar debe procurar en la oficina correspondiente. En teoría, este Afidi contiene los requerimientos sanitarios que cualquier importador debe lograr en el país de origen para que el producto pueda ingresar al país. En la práctica, cuando se pide el Afidi con indicación de la cantidad y el precio al que se desea importar, empiezan los problemas. Si es un ciudadano cualquiera es poco probable que consiga su Afidi; si se trata de un importador instalado -a juicio de la administración-, su solicitud se someterá a consultas con técnicos y productores locales y luego se juzgará si la oferta nacional es suficiente o no, o si su precio es demasiado elevado o no lo es. Si se aprueba la importación, los Afidis se van liberando en las cantidades que a juicio del gobierno no deprimen demasiado el precio. En la administración anterior se llegó al colmo de promulgar un decreto estableciendo la cantidad de Afidis que se liberarían, cuando se trata de una acreditación sanitaria que no podría tener limitación cuantitativa alguna. Como he señalado otras veces, lo peor no es proteger un rubro cualquiera, eso puede ser aceptable. Lo verdaderamente injusto es que esa protección alcance a todos los rubros, todas las formas de producción, todos los tamaños económicos de los empresarios, etc. Y lo peor es, como siempre, el engaño: utilizar un certificado sanitario para cuotificar importaciones y administrar protección, lo que es ilegal. Pasa aquí también como con el vino: como lo que se produce se paga a valores fuera de la competencia regional, cada vez que sobra algún kilo ocurre un desastre de precios que perjudica a todos.

QUÉ HACER. Primero recuperar la legalidad y la transparencia. Esto implica derogar el arancel intra Mercosur disfrazado de IVA, buscando acaso los fondos si se necesitan en el presupuesto nacional. Lo segundo es eliminar el sentido de restricción no arancelaria del Afidi, que debe volver a ser un trámite normal, con plazos perentorios para la administración, y normas sanitarias claras por producto y por origen eliminándose la discrecionalidad en su otorgamiento. Pero como entiendo que hay aún algunos rubros sensibles, la pregunta es cómo protegerlos sin incurrir en demasiados agravios con los vecinos y con la sociedad que los financia.

Ante todo, esa protección debe limitarse a aquellos rubros que se desarrollan mayoritariamente por productores vulnerables y que, a la vez, se practican de modo casi exclusivo, sin posibilidades de cambio. Esta selección ya dejaría afuera a toda la fruticultura y a varios rubros hortícolas. Quedarían algunos, cuatro o cinco, a proteger. Cómo hacerlo: gravándolos con un arancel ad valorem equivalente al arancel externo común por un tiempo más o menos prolongado. Este arancel es violatorio del Mercosur, pero resultaría fácil defenderlo frente a los socios -ambos- porque estaría sustituyendo a una prohibición administrada, opaca, imprevisible y para todos los rubros. Este es un modo de empezar.

CUÁL VINO. Me vuelvo a sorprender con declaraciones expresadas por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a Búsqueda respecto de la vitivinicultura, actividad cuyos privilegios cuestioné en solitario tantas veces desde estas columnas. Señaló respecto de esa actividad: "Pueden existir argumentaciones de tipo social y político para llevarla adelante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos los actores es si debemos sostener producciones que a priori sabemos que no tienen futuro perjudicando al resto…". Esta afirmación del ministro respecto de la vitivinicultura en la que "...cuesta más el corcho que la uva", es no sólo una sugerencia sobre el rumbo que podrían tomar las políticas sectoriales, sino todo un juicio de valor sobre los declamados programas de reconversión y marketing conducidos por un instituto que como el Inavi ha sido sobre todo administrador y propiciador de la protección a ultranza del sector, prenda segura de estancamiento. Como es sabido está prohibida la importación de vino en envases de más de un litro, existen tasas de aplicación sólo para los vinos importados, se han debido subsidiar los excesos de producción imposibles de colocar, sobreviven precios administrados, y existen trabas administrativas a la importación. Además el vino se beneficia del régimen tributario del Imesi que no lo grava como lo hace con otras bebidas -cerveza, colas- que con él compiten. Hace ya muchos años que el sector exporta apenas una fracción mínima de su producción, la cual tiene enormes dificultades de colocación en el mundo que prefiere otros vinos. El tema es que si hay que proteger la actividad, es claro que no se puede hacerlo para toda la producción, para todos los que elaboran, sin contrapartidas. Es hora de que el Inavi dé cuenta de lo que el sector ha hecho con los recursos de la sociedad al menos desde que se lo fundó. Y más temprano que tarde dejar que la gente común pueda acceder a vinos a precio regional, y que no se siga prohibiendo la importación de vino a granel para protegernos de Argentina, cuando es bajo esta modalidad que nosotros comercializamos en el mercado interno y en la exportación. Esta norma de los envases es respecto de Argentina lo que el Newcastle de los pollos es para Brasil.

La tarea es enorme y la sola discusión que propone el MGAP es digna de mi apoyo.