Problemas y peligros de una bonanza

FRANCISCO ROSENDE | DESDE SANTIAGO DE CHILE

El gobierno del presidente Piñera se planteó dos grandes tareas a nivel económico: reimpulsar la tasa de crecimiento del producto y; perfeccionar la red de protección y apoyo a los grupos más pobres de la sociedad. En ambos frentes se han producido importantes acciones de política y controversias, tras un año en el que la agenda económica estuvo marcada por la instalación del nuevo gobierno y la aplicación de urgentes medidas de normalización luego del terremoto de comienzos del año pasado.

Para el presente año se proyecta una tasa de crecimiento del PIB del orden del 6%, en tanto la demanda interna lo haría en alrededor de un 7,5%. En materia de empleo el análisis es algo más complejo considerando los cambios que se introdujeron en la metodología de cómputo de las estadísticas laborales, pero todo indica que se está produciendo un vigoroso crecimiento de la ocupación, especialmente en el sector no transable.

Cabe recordar que en 2010 el PIB creció un 5,2%, en tanto la demanda interna lo hizo en un 16,4%.

Una lectura rápida de los datos mostraría un avance expedito de las políticas públicas en la tarea de elevar el crecimiento de tendencia de la economía chilena, el que parecía estabilizado en torno a tasas cercanas al 4%. Sin embargo, es prematuro cantar victoria. De hecho, lo habitual es que las políticas capaces de influir de un modo efectivo sobre el dinamismo de la economía demoren en ser implementadas y también en mostrar sus efectos. Dentro de esta línea se insertan las acciones que se están llevando a cabo para mejorar la calidad de la educación escolar, junto con otras que promueven la innovación y el proceso de creación y cierre de empresas. Es evidente que la causa del actual crecimiento no está en lo que podríamos llamar como "políticas de oferta", sino en un conjunto de importantes estímulos a la demanda.

Así, el Banco Central ha demorado en retirar los estímulos monetarios, tras una adecuada reacción frente al importante incremento que observó la demanda por liquidez en los momentos más complejos de la crisis financiera de las economías industrializadas. En efecto, tras sucesivas alzas en la tasa de política monetaria, esta se encuentra actualmente en un 4,5% (tasa anual), cifra que debe ser evaluada respecto a proyecciones de inflación en torno a 4,5% para el presente año. Por otro lado, el impulso fiscal creció fuertemente en 2010 -por encima del aumento del PIB- en parte debido a los requerimientos del proceso de reconstrucción, esperándose para el presente año un incremento parecido al del PIB. Dentro del conjunto de estímulos que ha recibido la economía chilena, es importante destacar el crecimiento observado por los términos de intercambio el que, de acuerdo a estimaciones del Banco Central, alcanzó a 23,8% en 2010 y se estima llegará a 4,2% en este año.

La historia económica de la región nos muestra elocuentemente lo complejo que resulta la gestión macroeconómica de una economía pequeña en un contexto de importante ganancia de términos de intercambio y/o diferencial de tasas respecto a los principales centros financieros. En particular, el conflicto entre la estabilización del tipo de cambio real y el cumplimiento de las metas de inflación es particularmente difícil, como pueden confirmar numerosas economías en la actualidad.

Para complicar más las cosas, el aumento en el precio internacional del petróleo y en el de los alimentos está presionando al alza la inflación, lo que hace necesario que la política monetaria persevere en su proceso de normalización.

Como consecuencia del conjunto de factores expuestos, el tipo de cambio nominal (peso/dólar) ha regresado en los últimos días a los niveles prevalecientes en enero pasado cuando las autoridades monetarias resolvieron llevar a cabo un agresivo programa de intervención cambiaria, a través de la compra de US$ 12.000 millones. Cabe señalar que dicho programa se encuentra aun en desarrollo, puesto que se planeaba concretarlo de un modo estable a lo largo del año.

En la actualidad no parecen existir herramientas efectivas para conciliar los diferentes objetivos de la política económica. En particular, en lo que se refiere a inflación y tipo de cambio real. Algunos economistas han aconsejado introducir un encaje a la entrada de capitales, iniciativa que no ha despertado mayor entusiasmo. La razón es simple, en el pasado este tipo de acciones no parecen haber sido efectivos, a la luz de la evidencia disponible y que además, son distorsionantes. Además, la entrada neta de capitales a la economía chilena es actualmente relativamente baja, siendo esencialmente el nivel de los términos de intercambio el principal factor de influjo de capitales. Por otro lado, no se puede soslayar la responsabilidad de los estímulos que han provocado las políticas monetaria y fiscal a la demanda interna en el alza en el precio relativo de los bienes no transables.

Las turbulencias que prevalecen en la economía mundial, particularmente en la situación de las finanzas públicas de Estados Unidos, podrían cambiar el cuadro macroeconómico de las economías emergentes en los próximos meses; por ahora, seguirán los conflictos para evitar que un cuadro de bonanza externa se transforme en una fuente de desequilibrios macroeconómicos.

PROYECTOS POLÉMICOS. El programa de gobierno del presidente Piñera contenía dos proyectos, de alto impacto político, pero con potencialmente elevados costos de eficiencia. La eliminación del cobro de una tasa de 7% a los jubilados a efectos de atender sus necesidades de salud y la extensión del permiso postnatal a las mujeres que están empleadas, desde los actuales tres meses hasta seis, lo que llevaría a Chile a contar con uno de los períodos más largos dentro de la OCDE en esta materia.

En lo que se refiere a la eliminación del mencionado aporte al financiamiento de la salud por parte de los jubilados, los cuestionamientos no han venido tanto por los costos fiscales de esta iniciativa -los que en un contexto de alto precio de cobre no parecen especialmente preocupantes- sino por el hecho que dicha iniciativa no es esencialmente progresiva. De hecho, esta beneficiaría a grupos de ingresos medios, lo que no sería coherente con una política social adecuadamente focalizada.

En lo que se refiere a la extensión del permiso postnatal el tema es tal vez más complejo, puesto que evidentemente una iniciativa de esta naturaleza perjudicará la empleabilidad de la mujer, siendo razonable suponer que ello llevará a acrecentar los diferenciales de sueldo, para igual actividades, respecto a los hombres. Los defensores de esta iniciativa han señalado que esta ordena una extensión de hecho del período postnatal a través de sucesivas licencias médicas -a menudo fraudulentas- las que en el caso de enfermedad del hijo menor de un año llevarían a las madres a ausentarse por casi cinco meses en promedio en el período postparto. Sin discutir la cifra mencionada -que me merece reparos- lo que tal justificación significa es, en el mejor de los casos, el ordenamiento de un impuesto de hecho a la contratación de mujeres, lo que no se resuelve, sino que se legitima con la mencionada ley.

La dirección de este proyecto es inconveniente para una economía que requiere de una mayor participación de la mujer en el mercado laboral -lo que a su vez hace necesario flexibilizar la naturaleza de los contratos- con el propósito de recuperar un crecimiento más elevado del producto y derrotar la pobreza.

Lo más complejo de este tipo de iniciativas, actualmente en discusión parlamentaria, es que han alimentado expectativas de nuevos desembolsos fiscales por parte de importantes grupos de presión, las que no resulta sencillo administrar en períodos de cierta holgura de las cuentas fiscales.