Los intendentes y el campo

JULIO PREVE FOLLE

La discusión sobre la reforma tributaria del campo aprobada a fin de año sigue dando que hablar. Se polemiza sobre el llamado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y está muy bien, pero no se ha continuado con la discusión acerca de la otra modificación que se implantó en la misma ley, la del impuesto a la renta, aun mucho más gravosa para todo el sector sin distinción de tamaño. Mi propósito de hoy es llamar la atención sobre la prometida aparición pública de los diecinueve intendentes para defender según parece el nuevo impuesto a la tierra.

DEMAGOGIA. Como se sabe y varios trabajos lo prueban -lo probaron hace 20 años- un impuesto a la tierra en caso de ser significativo tiene un efecto concentrador. En todo caso desde el punto de vista técnico se expresaron dudas sobre el efecto que tendría hoy en el precio de la tierra, éste sí indiscutiblemente concentrador cuando baja. Otro punto a recordar es que la única fuente de análisis de la concentración, el Censo Agropecuario del 2000 que es el último, probó que en Uruguay en la década del noventa este proceso no ocurrió. Quizás después sí aunque tengo mis dudas, precisamente por la evolución del precio de la tierra; pero antes no, y no se ha aportado hasta ahora ninguna evidencia científica aunque sea para mejorar la calidad de las discusiones. Más aún; algunos trabajos del MGAP sugieren que podría estar ocurriendo lo contrario.

En realidad en la discusión parlamentaria lo que menos importó fue la verdad técnica, ya que el ICIR respondió a una necesidad de adornar discursos con una jerigonza de agravios al capital, a los terratenientes, a las ganancias, en una palabra a atender una clientela aparentemente necesitada de un endurecimiento del discurso socialista. Y ha quedado claro por las repercusiones, que lo más grave de este impuesto ha sido el quiebre en el modelo tributario y en especial en todo el sistema de reglas sobre la tierra, amenazado por los anuncios de continuar por esta línea justo en momentos en los que el agro y el país todo requerirían de más tranquilidad interna dados los desequilibrios que vienen de afuera.

INTENDENTES. Por todo esto me resulta duro de entender que los intendentes hayan anunciado una aparición pública defendiendo un impuesto, por el hecho de que lo recaudado los favorece. Habrá que poner mucho cuidado en su discurso, porque no me puedo imaginar que el destino de los recursos pueda pesar más que eventuales agravios a la Constitución, al sistema de reglas, a la igualdad entre sectores, a la justicia de la presión fiscal global, de la sectorial, o de la asignación de recursos que hace el gobierno con la recaudación. Entiendo perfectamente y aun me siento solidario con las urgencias de muchos intendentes por atender las necesidades siempre crecientes de sus departamentos. Y celebro asimismo una cierta conciencia mayor en los jefes comunales acerca de la necesidad de administrar bien. Lo que no puedo creer es que se milite en favor de un impuesto porque el destino de los recursos es municipal, prescindiéndose de su justicia, de su constitucionalidad, de sus efectos en la inversión o el precio de la tierra, en las transacciones de campos, o desconociendo pronunciamientos partidarios que no hay por qué aplaudir, pero que al menos exigen no militar en su contra. Me gustaría más que los intendentes, a partir de su reconocido conocimiento territorial, opinaran sobre el destino, la calidad y la cuantía del gasto público en sus departamentos, precisamente para no incrementar más la presión fiscal, y sí a lo mejor solicitar una reorganización del gasto sin necesidad de aumentar los tributos. Sería histórico.

En realidad estos impuestos contra el campo calzan en una suerte de "revival" de una oratoria de barricada que propone acciones a la Robin Hood: de un lado los terratenientes, los exitosos, los ricos, Pocitos, Carrasco y Punta del Este; del otro los niños, los pobres, los débiles, los marginados. A partir de esta dicotomía y siempre en un enfoque parcial resulta cómodo proponer un impuesto de primaria en el campo -como si nada se pagara- u otro por usar las carreteras o caminos. La caja de la que se pagan los gravámenes por parte del contribuyente rural es una sola, la de la suerte de su empresa, y la nominación de tributos con arreglo a una nomenclatura llamémosle "solidaria" -para primaria, para los caminos, para las intendencias, para los pobres, los enfermos, etc.- no deja de ser una travesura de marketing político.

DESCENTRALIZACIÓN. No entiendo mucho el rumbo que va tomando hoy este objetivo compartible. Descentralizar la gestión pública y la responsabilidad nacional, pasándola a los gobiernos locales, implica que estos realicen acciones que el gobierno central deja de hacer. Pueden imaginarse muchas funciones que podrían cambiar, que además sintonizan con el principio de subsidiariedad del Estado: que las sociedades mayores, el gobierno central en este caso, no realice lo que sociedades menores pueden ejecutar, o sea las intendencias. Es lógico pues que el gobierno deje funciones y las intendencias las tomen, con los recursos correspondientes. Se me ocurre por ejemplo la gestión de OSE, los comedores, la salud pública, etc.

Pero lo que está ocurriendo no es esto. Lo que parece suceder es que las intendencias piden más recursos para hacer lo de siempre y más, en tanto el gobierno central sigue haciendo lo que hasta ahora. Esto no solo no es descentralizar, sino que augura más presión fiscal. Por otra parte, cuanto más dependan las intendencias en sus ingresos de decisiones centrales, cuantos más recursos pidan sin que el gobierno deje de hacer lo que ellas quieren realizar -de hecho en competencia política- simplemente su autonomía menguará más y más. Hoy alrededor del 20% de sus ingresos procede de transferencias del gobierno. Si bien éstas proceden de normas, tienen que gestionar los recursos, los créditos o las garantías, con el gobierno; en general se depende de firmas ajenas a cada intendencia para juntarse con la plata.

En definitiva el aplauso municipal a este impuesto, si no viene acompañado de un detalle de acciones que el gobierno central deja de hacer por esa plata, se convierte en un paso más para rebajar el perfil a los intendentes, tanto como un nuevo ataque sin contrapartidas al bolsillo de los productores, que empiezan a enfrentar momentos cada vez más duros.