Bordaberry:
el Estado de Derecho no debe confundirse con la democracia
La configuración
del Consejo de Estado que en teoría iba a asesorar al Ejecutivo
no fue fácil. Pocas personas quisieron integrarlo y hasta
el propio vicepresidente Jorge Sapelli se negó
César
di Candia
Los
primeros artículos del decreto del Poder Ejecutivo que dio
comienzo a once años de gobierno de facto, disolvieron las
Cámaras de Senadores y Diputados y crearon un Consejo de
Estado con el cual se pretendió suplir las funciones de Asamblea
General: debía controlar la gestión del Ejecutivo
en lo referente al respeto de los derechos individuales y elaborar
finalmente un proyecto de Reforma Constitucional. El tercero, que
dio la vuelta al mundo y hasta fue calificado como una humorada,
prohibió a toda la prensa calificar como tal a la dictadura,
que había establecido los dos primeros artículos amenazando
a quienes directa o indirectamente atribuyeran estos propósitos
al Presidente de la República. Por un curioso resabio democrático,
Bordaberry no vacilaba en erigirse dictador pero trataba de impedir
que se lo considerara de esa manera. El 27 de junio y como consecuencia
de esas medidas, renunciaron el ministro de Educación y Cultura
José María Robaina Anzó, el de Industria Jorge
Presno, el de Obras Públicas Angel Servetti, el de Salud
Pública Pablo Purriel y el Director de Planeamiento Ricardo
Zerbino. Ese mismo día la CNT puso en práctica lo
que ya tenía planificado desde tiempo atrás: una huelga
general con ocupación de lugares de trabajo, la que fue acompañada
por el estudiantado y contó con el apoyo del Partido Nacional
y del Frente Amplio. El 9 de julio a las cinco de la tarde tuvo
lugar por la avenida 18 de julio una multitudinaria marcha callejera
de oposición a las determinaciones dictatoriales, que fue
duramente reprimida. Hubo veintisiete heridos y cientos de detenidos,
entre ellos por primera vez, el general Líber Seregni. El
11 fue levantada la huelga general por cuarenta votos de organizaciones
obreras a favor, dos en contra y una abstención. En un mensaje
dirigido a los trabajadores la CNT justificó esa medida diciendo:
"en las presentes circunstancias la prolongación indefinida
de la huelga sólo llevaría a desgastar nuestras fuerzas".
En los días inmediatos fue disuelta la CNT, se solicitó
la captura de sus dirigentes, se detuvo a algunos legisladores y
fueron clausurados varios medios de prensa.
Para tener en
cuenta el mapa político- ideológico de la opinión
pública nacional luego de comenzado el gobierno de hecho,
habría que recordar que la Unión Nacional Reeleccionista,
integrante del Partido Colorado, apoyó a Bordaberry e incluso
el presidente saliente Jorge Pacheco Areco, en ese momento embajador
en España, le envió un hábil telegrama lo suficientemente
ambiguo como para no levantar rispideces pero adhiriéndose
a las medidas tomadas. El otro grupo mayoritario del Partido Colorado,
Unidad y Reforma lista 15, liderado por el doctor Jorge Batlle se
opuso al proceso pero no adoptó una actitud militante. En
el Partido Nacional, quienes habían acompañado a la
candidatura presidencial del general Mario Aguerrondo también
apoyaron a Bordaberry, mientras los grupos Por la Patria y Movimiento
de Rocha, claramente mayoritarios se manifestaron enconadamente
en contra y la misma actitud asumió el Frente Amplio. Incluso
estos tres últimos grupos hicieron público el 5 de
julio un documento conjunto llamado Bases para la salida a la actual
situación en el que se volvió a insistirse con la
renuncia del presidente y el establecimiento de un gobierno provisional
para luego llamar a elecciones. Sin embargo, nada podría
ya ser cambiado. El mismo día del golpe de Estado el Presidente
de la República pronunció un discurso transmitido
en cadena en el cual dijo: "Afirmo hoy una vez más y
en circunstancias trascendentes para la vida del país, nuestra
profunda convicción democrática y nuestra adhesión
sin reticencias al sistema de organización política
y social que rige la convivencia de los uruguayos. Y va con ello
entonces el rechazo a toda ideología de origen marxista que
intente medrar con nuestras dificultades, que intente aprovecharse
de la generosidad de nuestra democracia para presentarse como doctrina
salvadora y terminar como instrumento de opresión totalitaria.
Este paso que hemos tenido que dar no conduce y no va a limitar
las libertades ni los derechos de la persona humana. Para ello y
para su vigilancia estamos nosotros mismos; para eso además
hemos cometido esas funciones al Consejo de Estado y más
allá, aún por encima de todo ello, está el
pueblo uruguayo que nunca dejó avasallar sus libertades"
Más allá
de las palabras, una elemental precisión histórica
que no se puede pasar por alto: el Consejo de Estado, el cual según
Bordaberry debía velar por los derechos de la persona humana,
recién fue creado el 13 de diciembre, seis meses después.
Su primer presidente fue el ex senador nacionalista, doctor Martín
Echegoyen. Tuvo una integración trabajosa y por tratarse
de un órgano político demandó negociaciones
y acuerdos. El propio Bordaberry pensó en algún momento
que el vicepresidente electo Jorge Sapelli, era la persona indicada
para presidirlo y le ofreció el cargo a lo que aquél
se negó. Esto promovió un intercambio de cartas cuyas
fotocopias fueron entregadas a este periodista por el hijo de Sapelli,
en las que ambos integrantes del Ejecutivo juzgaron mutuamente sus
actitudes con profunda severidad. "Sin participación
alguna en los sucesos últimamente vividos" - dice la
enviada por el vicepresidente fechada el 28 de julio- "ahora
como en cualquier momento en aras de la imprescindible pacificación
nacional, estoy dispuesto a colaborar con el país hasta el
límite de mi capacidad y mis energías para su normal
encauzamiento institucional y jurídico, pero con el libre
pronunciamiento y actitud de los partidos políticos, esencia
de la democracia, de obrar con el mismo espíritu y en idéntico
sentido". El 1o de agosto, Bordaberry le envió su respuesta
en tres carillas. En algunos de sus fragmentos substanciales expresó:
"Sí, ha jurado usted por su honor como yo, guardar y
defender la Constitución de la República. La diferencia
radica en que mi sentido del deber y de cumplimiento del juramento
prestado me impidió presenciar impávido cómo
el desprestigio de las instituciones por la acción de malos
políticos y su utilización por los enemigos de la
Patria enquistados hipócritamente en ellas, iban a terminar
con las bases mismas de nuestra organización política
y social. (...) No ha tenido usted, es cierto, participación
alguna en los sucesos últimos. Me cuidé bien de que
así fuera para evitarle la violencia que eso le significaría
y usted me lo agradeció. En cambio su preocupación
por remarcar ese hecho no lo sitúa a usted favorablemente
para presidir el Consejo de Estado. No hemos cometido ningún
delito, señor Vicepresidente; estamos salvando la Patria
y para ayudarnos en nuestro empeño, hay que estar convencido
de ello, como lo está el pueblo uruguayo".
Ajuntándose
estas nota como ya se ha dicho, al propósito de encarar los
treinta años del Golpe de Estado del 73, haciendo más
hincapié en sus fundamentos filosóficos, ideológicos
y políticos que en la sucesión de hechos que lo jalonaron,
resulta de fundamental importancia recabar la interpretación
dada a aquellos sucesos por dos figuras de relevancia: Julio María
Sanguinetti y el propio ex Presidente Bordaberry.
En una entrevista
llevada a cabo en 1996 por el periodista Alfonso Lessa para su excepcional
libro Estado de Guerra, quien fuera ministro del gobierno de Bordaberry
y posteriormente dos veces Presidente de la República, dio
una explicación del Golpe de Estado basada en una serie de
hechos que se fueron encadenando. "En primer lugar" -
dijo- "la culminación de una crisis general de la situación
económica y social del país; un país que desde
el año 56 empieza a no crecer y entonces comienza a buscar
caminos. (...) Un segundo factor era una situación política
muy apasionada, muy enfrentada, muy confrontada. (...) Un tercer
ingrediente muy claro era el sindicalismo. Nosotros vivimos un sindicalismo
realmente reivindicativo, de resistencia, que mantenía al
país en vilo; era la huelga permanente, el conflicto constante.
(...) En cuarto lugar teníamos también un clima intelectual
de confrontación. La Universidad, los medios intelectuales
habían desarrollado una teoría general de revolución,
es decir la machacona convicción hacia vastos sectores del
país de que no había ninguna solución que no
fuera por la vía violenta. (...) Toda la izquierda hablaba
de la democracia burguesa como de un fenómeno a extinguir.
(...) No hay ninguna duda de que hubo una corriente intelectual
que desmoralizó, desprestigió y despreció la
democracia política. (...) En quinto lugar, tenemos el fenómeno
de la violencia. Cuando en ese contexto general del que estamos
hablando - de elevada confrontación, de cierto descontento
social, de un desacuerdo confrontativo entre todos los actores aparece
el fenómeno de la violencia, el país se ve sacudido
por una situación que no conocía. (...) Y una causa
incidental fueron los Tupamaros. Yo no caigo en el simplismo de
decir que el golpe es de exclusiva responsabilidad de los Tupamaros,
pero no hay ninguna duda que sin Tupamaros, el Ejército no
salía a la calle y no quedaba en la posición en que
quedó ubicado para dar el golpe".
Juan María
Bordaberry, principal protagonista de aquellos sucesos, comparte
algunos de los puntos mencionados por Sanguinetti, pero agrega otros
que los políticos de la época nunca admitieron: ateniéndose
a sus opiniones, el naipe de las culpas y las responsabilidades
del acceso de las Fuerzas Armadas al poder, comenzó a repartirse
el 9 de febrero de 1973. En este momento, la actitud del Ejército,
la Fuerza Aérea y parte de la Armada desobedeciendo la medida
adoptada por el Poder Ejecutivo, al designar al general Antonio
Francese ministro de Defensa Nacional, vulneró a la democracia
partitocrática. Nadie reaccionó en ese momento, afirmó
el entonces Primer Mandatario, porque nadie tenía ya capacidad
para reaccionar. Simplemente, por la razón de los hechos,
el poder había sido transferido de los partidos políticos
a las Fuerzas Armadas. Al desacatar estas una orden del Poder Ejecutivo
sin que pasara nada a nivel político, los partidos acabaron
aceptando el cambio de roles. Si esto lo hicieron deliberadamente
para ganar tiempo y buscar salidas legales o para mantener sus puestos
aunque fuera pegaditos mínimamente, es una discusión
que nunca se dio y seguramente tampoco se dará. Cuatro meses
y medio después de ese pregolpe, la situación era
otra, al punto que algunas fuerzas de izquierda como el Partido
Comunista y la CNT, que habían brindado un apoyo esperanzado
al movimiento de febrero, en junio fueron las primeras en sufrir
persecuciones, torturas, destierros y prisiones.
Bordaberry tampoco
se ha manifestado partidario de creer que el caso del frustrado
desafuero del senador Enrique Erro, señalado por los analistas
políticos como el detonante del golpe de junio, haya sido
tan fundamental. Parece desmentirlo el hecho de que el propio decreto
de disolución de las cámaras traiga a colación
el ejemplo de Erro, pero él piensa que aquellos hechos no
se debieron a una persecución personal sino que tuvieron
causas que venían de más lejos y eran más amplias
y profundas. Siempre se ha mantenido convencido que con el desafuero
de Erro o sin él, el golpe se habría producido igual
porque se había llegado a un punto sin retorno. En un reportaje
publicado por el diario El Observador en noviembre de 1992 que lleva
la firma del periodista Alfonso Lessa, ante la pregunta ¿Cómo
evalúa el golpe de Estado de 1973 casi dos décadas
después de concretado? Bordaberry respondió:
-Antes que nada
me gustaría hacer algunas precisiones y una de ellas es acerca
de la misma expresión Golpe de Estado. Esta es una expresión
exitosa, sin duda, pero no es neutra, no califica objetivamente
porque al mismo tiempo que pone el rótulo, condena. Por eso
yo no la puedo aceptar porque no fue el Estado uruguayo el que resultó
alterado por el decreto del 27 de junio de 1973, fue la institución
política representativa de la democracia liberal, el Parlamento
y con él la idea de la representación a través
de los partidos como única manifestación posible de
la voluntad popular. También me parece erróneo y creo
que es oportuno aclararlo antes de contestar la pregunta el concepto
según el cual al caer la institución parlamentaria
cae el Estado de Derecho en lo que se llama un régimen de
facto. En junio del 73 se trataba justamente de salvar el Estado
de Derecho agredido. Esa pretensión de asimilar la vigencia
de la democracia con la vigencia del derecho es históricamente
inaceptable, porque querría decir que antes de existir los
sistemas democráticos del siglo XX no habría derecho.
-¿Pero
no cree que el Parlamento era un elemento esencial en el Estado
de Derecho?
-No para la
vigencia del Derecho. El Parlamento se disolvió pero la vigencia
del derecho se mantuvo. Lo que no continuó fue la institución
política parlamentaria democrática.
-¿Pero
puede haber Estado de Derecho cuando no rige uno de los tres poderes
esenciales como el Legislativo?
-Usted sigue
confundiendo el Estado de Derecho con la democracia y por eso vale
la pena aclararlo más. En este tiempo y particularmente después
de la salida del régimen propiamente militar, desde el 76
al 85, se difundió la idea de que lo que define a la democracia
es le plena vigencia de los derechos individuales. Eso es lo que
se ha llamado democracia como forma de vida. (...) La democracia
no es eso, es un sistema político. Y cuando yo hablo de democracia
me refiero al sistema político, al parlamentarismo, a los
partidos, a la idea de representación, al concepto de delegación
periódica de la facultad de gobernar, a la forma política
del pensamiento liberal. La democracia con esto ha pretendido apropiarse
de instituciones que son del derecho natural. Y se ha colocado a
sí misma como si fuera un hecho natural y no lo es; es lo
opuesto a lo natural, es una lucubración de la razón,
es una ficción elaborada por el hombre".
El ex Presidente
Bordaberry nunca ha sido un hombre fácil para las entrevistas,
ya ha sido dicho. Pero en las pocas que ha otorgado, ha ampliado
más las razones que lo impulsaron a sugerir a las Fuerzas
Armadas la toma absoluta del poder. Quien promovió la reunión
del 22 de junio ya detallada, para plantear frontalmente la disolución
de las cámaras en los días inmediatos, juzgó
según sus propias expresiones que eso era imprescindible
para librar al Estado de presiones demagógicas de los partidos
políticos y eliminar de una buena vez a las pretensiones
marxistas. Sin unificar el poder público que se encontraba
atomizado entre partidos, fracciones partidarias, sindicatos politizados,
grupos de interés y grupos de presión- son sus textuales
palabras- no se podía hacer nada. Para eso hubo que liquidar
el Parlamento, eliminar a la CNT, intervenir la Universidad en manos
izquierdistas y declarar ilegales a los partidos marxistas. Bordaberry
no solamente creyó y sigue creyendo que el golpe debió
llevarse a cabo necesariamente, sino que hoy piensa que sus medidas
debieron haberse profundizado, como se lo propuso a las Fuerzas
Armadas en junio del 76, cuando estas las rechazaron y le retiraron
su confianza. "La autoridad no es sinónimo de arbitrariedad"
(...)- ha declarado- "Lo que hizo el Estado fue defenderse
de la violencia subversiva por medio de la fuerza legítima.
Lo opuesto a la autoridad no es la arbitrariedad ni la injusticia
sino la anarquía, es decir desorden, confusión, flaqueza
de la autoridad pública". Más adelante, en el
mismo reportaje de Alfonso Lessa, afirmó: "Creo que
el 27 de junio de 1973 fue la culminación de un proceso muy
largo de deterioro del país, iniciado a partir de la Constitución
del 52 que se desarrolló en tres líneas: en lo político,
con la falta de autoridad propia del sistema democrático
liberal, y por la demagogia de los partidos; en lo económico,
por grandes dificultades en este terreno, pero por la propia imposibilidad
del sistema político para superarlas (...) y por último,
medrando con esos factores, la acción de la izquierda en
campos muy extensos de la vida nacional. Paros, huelgas injustificadas
o no, daños a la economía y con ello a las personas
fueron minando más aún las posibilidades del gobernar
y la fe en los gobernados. Generaciones de jóvenes se formaron
en centros de enseñanza con profesores que inculcaban marxismo".
Además
de todo lo antedicho, hubo factores vinculados a la política
regional y a la presión de Estados Unidos que muchos analistas
políticos sospecharon habían tenido que ver en la
decisión de Bordaberry y los militares que dieron el golpe.
Es cierto que todavía se vivían los coletazos de la
Guerra Fría y que en países vecinos como Brasil y
Bolivia, controlaban el poder grupos militares de extrema derecha.
No es menos cierto que en la misma semana en que se desarrolló
la crisis institucional uruguaya, se produjo un intento de derrocamiento
del presidente socialista chileno Salvador Allende. De cualquier
manera no está probado que los Estados Unidos hayan prohijado
o impulsado entre bambalinas el golpe en nuestro país, aunque
nadie puede dudar que lo miraron con ojos complacidos. Todavía
es temprano para que los documentos secretos puedan ser estudiados
y hasta ese momento seguirá la discusión.
Quinta
parte
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