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VALERIA GIL/PABLO MELÉNDREZ

Un productor rural de Artigas fue el primero en verse beneficiado por un fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el impuesto a la tierra. La mayoría del Frente quiere impulsar una reforma constitucional para gravar más al agro.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) notificó ayer la primera sentencia contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales ICIR). El dictamen favorece a Lohengrin Goncalvez (82 años), un veterano productor del departamento de Artigas, que tiene un campo de 3.000 hectáreas en la zona del río Yacuí, en el límite departamental entre los departamentos de Artigas y Salto.

Para fallar a favor del productor, la Corte se basó en el artículo 297 de la Constitución que prohibe la superposición de tributos, esto debido a que el hecho generador del ICIR es el mismo que el de la Contribución Inmobiliaria Rural. Por otro lado, la Corte entendió que el impuesto viola la autonomía financiera y tributaria de los gobiernos departamentales (artículo 298 de la Carta).

La sentencia, redactada por el ministro Jorge Larrieux, fue firmada por sus colegas Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y Julio César Chalar. Solamente el ministro Ricardo Pérez Manrique se pronunció a favor de la legalidad del tributo. Inicialmente, Ruibal Pino se había pronunciado por la constitucionalidad del ICIR, pero luego varió su voto al convencerse por los argumentos que emplearon los otros ministros.

La sentencia se notificó ayer al abogado y exvicepresidente Gonzalo Aguirre, asesor del productor. El jurista tiene 100 de los 127 recursos en trámite contra el ICIR. "Esto supera con creces la situación de mis clientes, porque muestra que las personas que se sientan agredidas en sus derechos pueden recurrir a la Justicia y que ésta actuará en forma independiente", dijo Aguirre a El País.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional al ICIR prendió una alerta amarilla en el Frente sobre los impedimentos constitucionales existentes para crear normas que pretendan frenar la concentración de la tierra.

El primero en hablar de una reforma constitucional para gravar más al agro fue el presidente José Mujica en su audición radial del pasado jueves. "Al parecer, la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales", sostuvo.

Un día después, en el Frente Amplio ya se plantea la posibilidad reformar la Constitución para imponer más tributos a los propietarios de inmuebles rurales. El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) propuso plebiscitar una reforma Constitucional junto a las elecciones nacionales del 2014, para poder regular la concentración de la tierra.

El legislador explicó que "se va para atrás y para adelante", porque "hay ataduras que se crearon siglos atrás para no poder tocar nada relativo a la tierra". Añadió que el Frente no quiere hacer "cambios traumáticos" respecto a la concentración de la tierra pero explicó que cualquier "modificación menor" provoca problemas de constitucionalidad.

En los mismos términos indicó que la reforma constitucional otorgaría al Estado "la potestad de regular el tema de la tierra con mayor amplitud".

El diputado Aníbal Pereyra (MPP) señaló que en Uruguay "se puede modificar todo menos lo que son las estructuras de la tenencia de la tierra por las trabas que impone la Constitución". En ese sentido, se mostró favorable a una revisión de la Carta "porque en el agro es donde más se acumulan riquezas y el país no puede estar omiso a eso".

"El ICIR es como sacarle un pelo al gato, no es nada descabellado. Es hasta egoísta que los dueños de la tierra tengan esa visión, porque en realidad eso se va a invertir para que se mejore su producción. Seguramente los ancestros de los que presentaron recursos contra el ICIR fueron los mismos que redactaron la Constitución", aseguró Pereyra.

El legislador opinó que "hay que buscar las mejores vías para una reforma. Puede ser un plebiscito o una Asamblea Constituyente, pero tendríamos que pensar en términos estratégicos ", acotó.

El secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, señaló que "en la actual Constitución hay limitantes o frenos para la implementación de políticas" y se mostró dispuesto a discutir una reforma. Dijo que pese a que hay "una voluntad manifiesta del gobierno de aplicar una legislación para el agro, la Constitución se lo impide". Agregó que el proceso de reforma "es engorroso", porque la vía corta "no genera consenso entre los partidos". En tanto, la convocatoria de una Asamblea Constituyente "es complicada a mediano plazo".

El senador comunista Eduardo Lorier dijo que es partidario de analizar una reforma Constitucional. "Hemos defendido la necesidad de una Asamblea Constituyente", señaló. En tanto, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) opinó que el camino de la reforma constitucional "es de dudoso éxito". Dijo que si hay que gravar a los que más tienen es mejor adoptar la alternativa propuesta por el astorismo (previa al ICIR) que planteaba ligar el tributo a las utilidades y no a la tenencia de la tierra.

Preparan un nuevo impuesto

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional el impuesto a la tierra motivó al gobierno a crear un nuevo tributo, que permita cubrir los US$ 60 millones que se recaudarían para que las intendencias realicen obras de caminería rural.

En una reunión que mantuvo el presidente José Mujica con una delegación del Partido Comunista, el mandatario anunció que en los próximos días enviará un proyecto de ley al Parlamento para sustituir al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), con el fin de mantener la recaudación.

Por otra parte, a nivel del gobierno se manejan nuevas medidas para gravar a los agropecuarios. Además de la posibilidad de aumentar la carga del Impuesto al Patrimonio y de la Contribución Inmobiliaria Rural, también se pretende cobrar el Impuesto a Primaria a los propietarios de los predios rurales que hoy no pagan ese tributo.

El País Digital

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