Erosión del estado de derecho

No faltó quien pusiera en duda lo que ocurrió en el remate de Paylana, siempre en ese ánimo de defender lo indefendible, de ciertos frentistas. Ello a pesar de que las cámaras de televisión allí presentes dieron constancia, en vivo y en directo, de cómo sacaban a la fuerza a un hombre que deseaba entrar al recinto con ánimo de participar en el remate de la empresa. Hecho que pone de manifiesto la importancia de la labor periodística, como fuente testimonial o instrumento de denuncia. Y que por lo mismo, es vista con malos ojos o atacada de diversa manera por aquellos a los cuales les resulta un testigo molesto, empezando por quienes están en el poder.

Felizmente, en Uruguay se respeta la libertad de prensa, al menos por ahora y no se dan situaciones como las que se suscitan, por ejemplo, en la Venezuela de Chávez (el nuevo socio), donde en el mes de marzo fue condenada Globovisión, simplemente por haber informado respecto de los disturbios frente a las puertas de la prisión El Rodeo.

Pero volviendo a lo nuestro, lo acaecido en el momento en que se realizaba la subasta, es sumamente grave. El episodio es una nueva demostración de la paulatina degradación del estado de derecho en nuestro país, la que puede resumirse en la frase pronunciada por el presidente de la República, el señor José Mujica, a raíz de la vergonzosa actitud tomada por el Uruguay en el caso Venezuela - Paraguay, al afirmar que "lo político está por encima de lo jurídico".

Entonces, si el propio Primer Mandatario da a entender que la justicia está en un nivel secundario y lo que vale son otros intereses, no es nada raro que exista una gran confusión y ésta se vaya extendiendo cual mancha de aceite entre la población, en cuanto a principios se refiere. Respecto de lo que está bien y lo que está mal. Sobre lo que se debe respetar y lo que es inadmisible, en tanto la idea que prevalezca sea que el fin justifica los medios.

Y una prueba cabal del nefasto desconcierto esparcido a diferentes niveles es que a un interesado que pretendía pujar en el remate, la policía, ante su demanda de protección para poder ingresar, le haya contestado que no lo haría. La violencia impuesta por los que formaban el piquete impidiéndole el paso, era cuestión de "derechos sindicales", de acuerdo al criterio del Comisario de la Seccional 1° en Paysandú, el cual ordenó a los patrulleros que se retirasen. Y no solo esto, sino que el agraviado luego tuvo que esperar una hora y media hasta que se dignaron tomarle la denuncia .

Una vez terminado el remate donde al final hubo un solo oferente que fue el Banco República, comprando las instalaciones y la maquinaria por algo más de 2 millones de dólares y a pesar de que el alguacil (la jueza Teresita Rodríguez no asistió) diera el visto bueno, informando que todo había transcurrido con normalidad, el escandaloso transcurso de la venta judicial no se pudo ocultar. Tanto quienes pretendían pujar por algunos de los bienes, como el grupo de acreedores de la firma (aparte del República, con créditos otorgados por 20 millones de dólares), evalúan si presentar un recurso de nulidad sobre el remate. Aunque no parecen tener mucha confianza en lo que se pueda lograr si acuden a la justicia, de acuerdo al comentario del frustrado comprador; "no me gusta gastar pólvora en chimango".

La maniobra ejecutada por los ex obreros de Paylana que habían previamente intentado la suspensión del remate, para que el comprador fuera el Banco República, de modo que luego se las venda a ellos, recibiría el respaldo del Presidente con la visita a la planta prometida para el próximo miércoles, avalando así, este nuevo y burdo desconocimiento de las formas y las reglas.

Para quedarse con la fábrica, los ex obreros nucleados en una cooperativa, esperan contar con un crédito de 8 millones de dólares del Fondes. Una creación de Mujica que recibe el 30% de las utilidades del Banco República que se nutre de los intereses que pagan todos, como dijera Burghi, Presidente de la Cámara de Industrias. Priorizar los créditos para emprendimientos que no son viables y que mal funcionan gracias a subsidios financiados por los impuestos que paga la sociedad, en lugar de orientarlos hacia proyectos que si tienen futuro, responde a ideas políticas intervencionistas que pesan sobre el resto de la gente.