Sobre medios de comunicación

Como se recordará, en los principios de su mandato, (set. 2010) el Presidente Mujica dijo públicamente, que "la mejor ley de prensa es la que no existe". Inclusive, haberlo expresado en una entrevista de un medio extranjero, hizo que tuviera impacto internacional y por ello recibió múltiples elogios de quienes saben que la libertad de expresión es un valor esencial para el sustento de la democracia.

También se pueden recordar a algunos de los países sudamericanos; Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, cuyos gobernantes se han dedicado, cada uno, según su propia táctica, a perseguir, a amordazar, a amedrentar y a tratar de controlar a los medios independientes, sin mencionar el caso más emblemático, la Cuba de los Castro.

Se trata de un club de seudodemócratas, populistas y autoritarios -excepción hecha de la isla caribeña que les lleva años de ventaja en lo que a inexistencia de prensa libre se refiere- al que no quisiéramos entrar. Sin embargo, en contradicción con lo expresado por el Presidente uruguayo, quien también afirmó que "tiraría a la papelera cualquier ley que le presentaran", se van sumando indicios y acciones que resultan por demás preocupantes.

Ya en aquel entonces, cuando Mujica le hacía esas declaraciones a la revista brasileña Veja, había quienes estaban abocados a la redacción de una ley de medios. Siguieron adelante con su objetivo como si nada se hubiera dicho en contrario al más alto nivel, hasta entregar el paquete terminado que regulará medios y contenidos, al Ministro Kreimerman. En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, el proyecto que cuenta nada menos que con 180 artículos y que de acuerdo al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tendrá "tanta regulación del Estado como sea necesaria".

Como si esto no fuera motivo de suficiente inquietud, antes de que en el Palacio Legislativo se abra el debate -que razonablemente lo habrá- resulta que mechados entre los más de trescientos artículos de la actual Rendición de Cuentas -corta vida tuvieron las de uno solo, como debiera ser- figuran dos artículos, el 135 y 136, que producen cambios en el funcionamiento y la autonomía de los servicios de radio, de televisión abierta y para abonados, en sus señales propias.

Su introducción dentro del mamotreto de la Rendición es la primera anomalía, ya que no se trata de disposiciones de orden presupuestal, como bien lo hizo notar en la comisión legislativa el Diputado Pablo Abdala, quien llegó a decir que podría haber una inconstitucionalidad por ese motivo. Algo que no sorprende demasiado, ya que no sería la primera surgida desde este gobierno, que se ha llevado la palma con la anulación de la Ley de Caducidad y el desconocimiento de no uno, sino dos, pronunciamientos populares.

Por medio del 135 se obliga a estos medios de comunicación a que cedan gratuitamente 15 minutos diarios de su salida al aire, (semejante a lo impuesto por la Dinarp bajo el régimen militar) para la divulgación de campañas de bien público. De la misma forma que siempre se escucha de los gobiernos que invaden el terreno de la libre expresión, los argumentos utilizados se adornan con frases moralizantes, supuestamente con la intención de educar y combatir los males que afectan a la sociedad. Parece que no cuenta para nada que el Estado uruguayo disponga ya de una batería de medios que pueden utilizarse para esos fines. Son 32 emisoras de televisión en todo el país y 24 radios, 3 en la banda AM y 21 en FM. Aparte de que los medios privados colaboran con las diversas campañas de educación, de salud, etc. en otras ocasiones el poder de turno hace uso de las cadenas de radio y TV. Los gobiernos democráticos en general han actuado con moderación, a pesar de la todavía vigente ley de 1978 que exigía 30 minutos, a excepción de Vázquez el día de su asunción, con aquel despliegue partidario en la escalinata del Palacio.

Como no se especifica si los 15 se podrán convertir en 45, la duda se agiganta sobre el proyecto que también incluye un gravamen a las empresas, por no pagar por las frecuencias radioeléctricas. Sin tener en cuenta que estos servicios a la población son gratuitos y se buscó estimular esta actividad, mientras que pagan al Estado, por enlaces técnicos con las plantas, los estudios, los móviles, etc.