La Justicia y la subasta de los aviones de Pluna

DANIEL HERRERA LUSSICH

El oscuro caso Pluna, su quiebra, para muchos fraudulenta, y la sucesión de desastrosas medidas adoptadas por el gobierno, incrementan el asombro de una población que se enfrenta a inaceptables excusas y a costosos y extraños errores. El tema llega a tal extremo que, integrantes de la actual mayoría frentista, sin pudor, lo han calificado de una "verdadera herencia maldita".

Nadie acepta que se está ante una simple equivocación, un error, a medida que se conoce el proceso que culminó con la quiebra de Pluna. Existen hechos contundentes que fueron ocurriendo a lo largo de los últimos años de vida de la compañía, cuyo 75% del capital accionario se encontraba en manos privadas, Leadgate, y era monitoreado por un gerente general que arribó al país con bombos y platillos. Ahora resulta que este señor, Matías Campiani, desconocía absolutamente todo lo referente a la aviación, incluso las más mínimas nociones básicas. Es increíble que se haya facilitado el ingreso a una figura como Campiani, profana en materia de conocimientos próximos al mundo aéreo y menos aún a su ramificación comercial. Esas gestiones fueron materializadas durante el período del gobierno anterior (con equivocaciones reconocidas públicamente por jerarcas de la categoría del entonces ministro Danilo Astori y el expresidente Tabaré Vázquez).

IGNORAR NORMATIVA. Ha quedado confirmado que se omitió todo respecto a la normas que por lógicas razones deben regir negocios de este calibre. Se desconoce a la "torera" el obligatorio proceso licitatorio y se adjudica la aerolínea haciendo oídos sordos a las severas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. Y se omiten esos requisitos y reglas legales exigidas para una adjudicación de ese voluminoso calibre, con cientos de millones en juego, nada menos que para adjudicar la compañía aérea con bandera del país a un grupo sin la menor experiencia en la materia y sin solvencia ni recursos materiales para invertir en el emprendimiento.

Cuesta enfrentar la realidad que una figura como el vicepresidente, Danilo Astori, moderado y en general calmo en sus decisiones, en aquel momento anunció públicamente al país que Matías Campiani aportaría una inversión de 152 millones de dólares y aconsejó la adjudicación, con aval y también responsabilidad del Dr. Tabaré Vázquez.

A su vez, el actual mandatario, José Mujica, entonces senador, salía al cruce y anunciaba que sin conocer al "personaje" de Matías Campiani, por simple "olfato", no le gustaba, porque salía de la leche (en directa alusión a su anterior gerenciamiento y revoleo de Parmalat). Mujica elevó su voz de alerta aunque nada hizo para impedir el ruinoso contrato donde el Estado le sale de garantía a un privado, que, ahora, el Tribunal de Cuentas confirma que no se encuentra legalmente habilitado.

CUESTIONABLE FIANZA. Cabe preguntarse: ¿para esta fianza millonaria a un particular no se consultan asesores? ¿Se da cancha libre a un insolvente para que gaste lo que quiera con la garantía del Estado sin autorización legal? ¿No se les pide ni control ni contra cautela?

Y en ese ir y venir de gente vinculada al gobierno anterior, que tuvo activa participación en el contrato con Leadgate, en aquellos tiempos, se encuentra el exministro Rossi, que cumplió un activo papel en casi todas las gestiones junto a Astori y Vázquez. Pero el exsecretario de Estado ha mantenido silencio, bien alejado por cierto de la actitud de sus compañeros de gobierno que asumieron responsabilidades y reconocieron errores. También está muy callado el exministro de Industria y exembajador ante el gobierno de Francia, designado gerente general de Pluna, no reconocido como experto en los temas aeronáuticos sino como "lobbista" por sus relaciones con el gobierno, con un sueldo de diez mil dólares y una cifra abultadísima para gastar en asesorías no muy justificadas.

Para colmo de males, Matías Campiani, que pese a su nefasta y objetable conducción de la empresa aérea, cobró su despido, suculento por cierto. Recibió astronómica suma de sueldos, 30 o 40 pasajes a precios irrisorios y logró que se incluyera la cláusula de indemnidad para que el Estado no lo pueda demandar si existieran "trapisondas" en el manejo de Pluna. Su ida costó aún más que un funcionario normal que habría cumplido una gestión cristalina. Se le pagó por "asesorías" que se afirma nunca existieron, comisiones por la compra de aviones, extraña gestión con Aero Vip, cheques sin fondos para una increíble deuda con Ancap (antecedentes elevados a la Justicia Penal), retención de una deuda de tasas de aeropuerto, vaciamiento de activos de la empresa, etc.

VACIAMIENTOS. El trabajo de investigación lo llevó adelante, desde hace largo tiempo, el senador nacionalista Carlos Moreira, sin tener eco en principio del gobierno. Su insistencia y la abrumadora suma de pruebas aportadas por el legislador dejaron en evidencia las nada claras actividades de Campiani y compañeros.

A ese primer vaciamiento de la empresa se produce ahora un operativo similar, pero esta vez, a cargo del gobierno. Por una ley, inconstitucional, se apropia de los aviones "Bombardier" y los va a sacar a remate (se concretaría el 12 de septiembre) al parecer para pagar al Scotiabank. Pero hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por parte de un gerente de Pluna, lo que debería suspender el proceso liquidatario y también la venta o remate de los siete aviones. No obstante, el gobierno ha dicho que seguirá adelante y de esa manera afectará gravemente el activo que sería para el pago de los múltiples acreedores ya perjudicados por la quiebra.

Este hecho significa en todo caso un delito concordatario, como lo es el ocultamiento o desaparición de los activos del quebrado. Es de señalar que al respecto hubo en la ley un período, que se denomina de sospecha, para permitir indagar si existe creación de pasivos o el ocultamiento de los activos de la masa que debe responder para el pago de los acreedores. La pregunta ante este panorama es: ¿qué harán el fiscal de Corte o la Suprema Corte cuando deban pronunciarse sobre este nuevo vaciamiento?

En otro terreno se nos señaló por gente que ha seguido de cerca el caso Pluna que cuando se compraron los 12 aviones "Bombardier" los expertos manifestaron que era un buen aparato, pero no aconsejable para servir en vuelos regionales. Se dijo que los aparatos aun volando completos no podían desquitar la inversión. Agregan que podrán los aparatos dar resultados a largo plazo, no a corto y mediano. Sin embargo se adquirieron igual, contra viento y marea, orientados por el cuestionado Campiani.

La ley mencionada será o no inconstitucional, según dictamine la Suprema Corte (aunque se debe aclarar que en otras liquidaciones de instituciones bancarias han existido también leyes especiales), pero de lo que no pueden caber dudas, es que esta ley allana el camino a toda reclamación contra el Estado por acto legislativo. A lo que se suma que, en lo previo, toda la gestión administrativa y sus actos en el proceso licitatorio, se han realizado incumpliendo la normativa, olvidando las observaciones que previamente hizo al contrato con Leadgate, el Tribunal de Cuentas de la República, viciando un procedimiento que debía ser transparente y cristalino al máximo.

De todas maneras acá el Estado, o sea la comunidad que tributa y sufre, pagará hasta el último de los platos rotos.