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Nacional 

Argentina cambia de blanco y apunta a UPM

Ríos que dividen. El canciller argentino Timerman envió una carta al canciller Almagro denunciando que la planta produce más de lo permitido. En la CARU dicen que Argentina "entrevera" el mazo

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VIVIANA RUGGIERO

La relación bilateral entre Uruguay y Argentina está lejos de encontrar la calma. La Cancillería del vecino país envió una nueva carta. Esta vez, denuncia que UPM (ex-Botnia) produce más de lo permitido por la Corte Internacional de La Haya.

Cuando aún continúa la controversia por las obras de dragado en el canal Martín García, Argentina vuelve a "patear el tablero" con una nueva carta a Uruguay. En la nota, firmada por el canciller argentino Héctor Timerman, se realiza una protesta formal por la producción de UPM.

Argentina afirma que según los propios registros de la aduana uruguaya, la planta tiene una producción anual por encima del millón de toneladas, máximo autorizado por la Corte Internacional de La Haya, los acuerdo bilaterales y el Estatuto del Río Uruguay.

En la carta, según informó el diario argentino Página 12, se afirma que UPM supera el límite prácticamente desde su inicio y a un ritmo creciente: entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 dice que lo superó en 50.597 toneladas, al año siguiente en 97.407 toneladas, en tanto que entre noviembre de 2010 y octubre de 2011, afirma que se excedió en 98.855 toneladas.

Fuentes de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) afirmaron a El País que UPM tiene una producción de un millón anual y que no existe el exceso mencionado por el canciller Timerman. "La Dinama ya lo ha demostrado presentando más de una vez números precisos", aseguró la fuente, que calificó a la nota como un "nuevo intento de la Cancillería argentina de entreverar la situación" entre ambos países con respecto a la planta de celulosa de Fray Bentos.

Timerman argumenta en la nota (que le llegó a Almagro el pasado viernes) que al infringir el límite previsto UPM introduce en el río "mayor cantidad de sustancias y energía", lo que se traduce en "una mayor contaminación y demás efectos nocivos".

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) difundió en junio los últimos informes de impacto ambiental de los efluentes de UPM, sobre la calidad del aire y del río Uruguay. El director de la Dinama, Jorge Rucks, informó en ese entonces que el resultado del monitoreo que hace su organismo "sigue dando absolutamente bien".

PEDIDO. En marzo de 2012 la pastera solicitó aumentar su producción de celulosa de un millón de toneladas anuales a 1,3 millones. Informó que la planta se encuentra en condiciones técnicas de elevarla en 200 mil toneladas sin necesidad de hacer modificaciones en su estructura.

El gobierno uruguayo dio el visto bueno después de un extenso estudio de la Dinama que concluyó que "no existen objeciones a que se acceda a lo solicitado ya que no habría impactos negativos residuales". Sin embargo, la delegación argentina ante la CARU lo rechazó.

En consecuencia, la delegación uruguaya notificó al Estado argentino sobre el proyecto de incremento de producción de UPM. Argentina planteó dudas y solicitó mayor información antes de expedirse.

Actualmente está corriendo el plazo en el cual Uruguay debe brindar a Argentina esa información, según explicó a El País el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silbermann.

"Esto es otra cosa que no tiene nada que ver con la carta que ahora envía Argentina. En este pedido se están siguiendo los procedimientos estipulados. Uruguay ahora tiene que responder. No sé cuál va a ser el tono de la información que se brindará", dijo.

Silbermann se excusó de hacer declaraciones sobre la nota del canciller argentino. "Es un tema que trasciende a la CARU y que le corresponde directamente al canciller Almagro", dijo. El País intentó, sin éxito, comunicarse con el canciller Luis Almagro y con voceros de al empresa UPM.

El funcionamiento de la ex Botnia quedó, por disposición de La Haya, bajo la vigilancia permanente de la CARU, por lo que los límites a la producción de la planta no pueden ser modificados de manera unilateral, ni por decisión de la empresa.

Teniendo en cuenta la solicitud que está en trámite, y la tensa situación que atraviesa la relación bilateral por el canal Martín García, la fuente consultada de la delegación uruguaya en la comisión afirmó que "no tiene explicación" que el canciller argentino "salga ahora con este tema". "Después que la presidenta Cristina Fernández pidió esta semana reserva en torno al canal Martín García tras días de intercambio de cartas entre ambos gobiernos, sale el canciller Timerman a entreverar el mazo. No tiene explicación", aseguró la fuente.

Informes ocultos

La tarea de monitoreo permanente la planta de UPM no es sencilla para las delegaciones de ambos países por las diferencias constantes que suelen enfrentar. El último diferendo se dio con la divulgación de los datos del monitoreo conjunto del Río Uruguay. Argentina dijo que no se divulgaron por problemas técnicos y argumenta que Uruguay "ha cambiado el parámetro de temperatura de agua en los efluentes" de UPM. Uruguay, en tanto, afirma que es la delegación del vecino país la que se niega a publicar los resultados. Según fuentes del gobierno uruguayo, esos informes indican que la planta de UPM no contamina el río Uruguay.

Asamblea vive, lucha y todavía reclama

La Asamblea Popular de Gualeguaychú, que durante cuatro años llevó adelante un piquete que cortó la comunicación entre ambos países a través del puente General San Martín, no muestra el poder de movilización de años atrás pero sigue actuando para forzar el cese de actividades de UPM.

A partir de declaraciones contra la empresa y el gobierno uruguayo que realizó el senador argentino Guillermo Guastavino, los expiqueteros emitieron un comunicado. "Ante declaraciones vertidas por el senador Guillermo Guastavino, la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú ve con cierto agrado pero con profunda preocupación, que integrantes de nuestro gobierno Nacional, comiencen a reconocer lo que esta Asamblea viene denunciando desde hace siete años, en el inicio de este conflicto", dice el comunicado. "Esperamos con ansiedad que todo esto no quede solo en una simple declaración, sino que veamos a nuestros representantes realmente `representándonos`, y obrando en consecuencia. Quien padece los efectos nocivos de Botnia-UPM, es toda la comunidad, las generaciones venideras y el ecosistema de nuestro río Uruguay, por lo tanto acompañamos, pero exigimos que este conflicto -que no se ha terminado- sea resuelto con la madurez y la responsabilidad que las circunstancias lo requieren como lo ordenara la Corte de Justicia la Haya", sostiene la Asamblea.

El País Digital
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