Indagan omisión por no denunciar

El juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti, y el fiscal Juan Gómez, abrieron una indagatoria para determinar si las autoridades uruguayas cometieron delito al no denunciar en su momento el presunto intento de coima en torno a la licitación para el dragado del Canal Martín García.

La investigación se inició por una denuncia que presentó a mediados de mayo el abogado penalista Gustavo Salle, tras declaraciones públicas del embajador itinerante Julio Baraibar (hombre de confianza del presidente José Mujica) quien admitió el intento de soborno que en su momento recibió el representante de Uruguay en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARP), Francisco Bustillo.

Mediante un oficio enviado a la sede del organismo binacional que se encuentra en Buenos Aires, Valetti pidió que se le remitan las actas de las reuniones que se declararon reservadas, según informó ayer el diario El Observador.

El magistrado entiende que esa documentación "podría ser lo que determine la existencia de una presunta irregularidad", dijo a El País una fuente judicial.

El informante agregó que la investigación apuntará a determinar si representantes del gobierno uruguayo estuvieron omisos en denunciar el hecho o dieron información falsa. El 16 de mayo, el canciller Luis Almagro negó en el Parlamento el intento de coima, pero días después Baraibar lo confirmó.

En Argentina, el juez federal Claudio Bonadío también investiga el presunto intento de coima a Bustillo, tras una denuncia que presentó la diputada Graciela Ocaña, opositora al gobierno de Cristina Fernández.

El magistrado argentino envió a Uruguay un oficio para tomarle declaración a Almagro, Bustillo y también a otras autoridades.