TCR culpa a Argentina por proceso irregular en dragado

EDUARDO DELGADO

El Tribunal de Cuentas (TCR) considera que hay "dudas" sobre la regularidad de la extensión del contrato con Riovía S.A. para mantener el dragado del canal Martín García. Sostiene que Cancillería debe evaluar iniciar acciones judiciales.

El viernes pasado, el TCR envió la auditoría que le solicitó la Cancillería referida a la actuación de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

El informe sostiene que la delegación argentina en la CARP dilató la discusión "de temas importantes a los intereses de nuestro país". Agrega que esto derivó "en un escenario poco propicio a los intereses de la Comisión para negociar la prórroga de febrero último, facilitando la posición de Riovía, tanto en lo relativo a mantener el vínculo como en lo que hace relación al precio pretendido para extender el mismo".

El TCR considera que los delegados uruguayos ante la CARP se desempeñaron correctamente, ajustados a las normas y "tratando de preservar los intereses del país".

El organismo de contralor consigna que la delegación argentina en la CARP retrasó el avance en la concreción de la profundización del Martín García, que sigue sin realizarse.

En ese sentido, menciona las respuestas dadas por el jefe de gabinete de la Cancillería y presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, al equipo auditor del organismo de contralor.

El diplomático hizo "referencias reiteradamente a los intereses que podrían haber operado" para que la delegación argentina mantuviera una "actitud inconsistente en asuntos tan trascendentes". Mencionó por ejemplo que no avanzar en la nueva licitación para el dragado del canal Martín García "beneficia sin dudas la operativa de su rival, el canal Emilio Mitre, administrado únicamente por Argentina".

Para Bustillo, con las dilaciones "se pretendió influir para lograr la prórroga con la concesionaria Riovía S.A."

El TCR expresa en su informe que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP, actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovía S.A., pese a que el Secretario Técnico advirtió a la CARP de su vencimiento un año antes de que se produjera".

Agrega que hubo una "actitud dilatoria en la actuación de la CARP" que "influyó en que no existiesen las mejores condiciones para una negociación con la actual concesionaria", e impidió ir a un concurso de precios, lo que hubiese permitido obtener ofertas comparativas frente a la de Riovía.

"Las responsabilidades para que se llegase a esta situación, deben atribuirse a la delegación argentina", dice el TCR. Indica al respecto que el sistema de tratamiento de los temas por la delegación argentina "precipitó una negociación con la empresa Riovía S.A. que pudo operar con un escenario distinto, más benevolente para los intereses de la CARP, que no son otros que los intereses de los países que la integran".

"Las delegaciones de cada Estado manejaban tiempos muy diferentes, todo lo cual inevitablemente fue creando el escenario ideal para una negociación contra reloj y, por tanto, generando condiciones más beneficiosas a Riovía", sostiene el informe del TCR.

OFRECIMIENTOS. La auditoría del TCR también refiere a un presunto intento de soborno a Bustillo aparecido en la prensa.

Indica que a un encuentro en Buenos Aires entre el entonces embajador Bustillo y el vicecanciller argentino Roberto García Moritán, existió otra situación relatada por Bustillo, que él mismo denunció en el plenario de la CARP.

"Analizadas en su conjunto, estas situaciones permiten irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con Riovía, a partir del mes de febrero", expresa el informe del TCR. Añade que eso "se ve ratificado" por información a la que tuvo acceso el equipo auditor del organismo que está encuadrada como "información reservada".

El TCR señala una reunión del Secretario Técnico de la CARP con el representante comercial de Riovía, en que éste le manifestó que existía un acuerdo con el gobierno argentino para negociar directamente con su empresa las obras de profundización del Martín García.

El encuentro de Bustillo con García Moritán fue en el Jockey Club de Buenos Aires. Según el diplomático uruguayo, la conversación "tomó un giro que no me gustó", al manifestarle su interlocutor que tenía buenos contactos con Riovía y "que sabía por comentarios que la empresa había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, lo que él suponía podía volver a suceder".

Cuando García Moritán le informó que había invitado a la reunión a Sergio Cetera, representante comercial de la concesionaria, Bustillo manifestó su voluntad de no seguir con la reunión y se retiró tras la llegada del empresario.

Auditoría: Se dieron todas las condiciones que favorecieron al proveedor, dice el TCR.

"Amerita evaluar" recurrir a la Justicia

Para el TCR, el tenor de lo constatado en la auditoría "amerita que la Cancillería evalúe la adopción de las medidas que corresponda a derecho", debido a las presuntas irregularidades, incluido el posible intento de soborno. En el caso de iniciar una acción penal, se debe tener en cuenta el principio de territorialidad, puesto que el presunto delito se cometió en Buenos Aires, consideró el TCR. Si bien no está explicitado en el informe, para los ministros corresponde que investigue la Justicia argentina, donde ya hay una denuncia radicada por legisladores opositores al gobierno de Cristina Fernández.

Durante el análisis de las actas de la CARP, la Cancillería comunicó al TCR que había información caratulada de reservada disponible si el organismo lo consideraba necesario, tras lo cual el TCR dispuso que dos auditores la revisaran. El TCR no tiene previsto realizar demanda o denuncia alguna por este tema, lo que debe definir la Cancillería, al igual de si hace pública las actas confidenciales, dijeron las fuentes.