Derecho y política en el Uruguay

HEBERT GATTO

Es sabido que cuando un Estado pierde sus vínculos con el derecho cae fácilmente en la incertidumbre, un ámbito colindante con la arbitrariedad. Uno de los logros más notables de la modernidad, en el empeño por profundizar ese vínculo, fue la creación del "Estado de Derecho", la superación del absolutismo previo a las grandes revoluciones atlánticas. El Estado de Derecho, como dimensión de la democracia liberal, funciona subordinado a la norma jurídica, expresión de la idea de justicia. Debiendo entenderse por tal, según la mirada de cada uno, ya determinados valores naturales mínimos, imprescindibles para una adecuada convivencia, ya aquellos principios que todos los seres humanos racionales y razonables deben admitir para interactuar civilizadamente en condiciones de pluralismo. Tal la formidable importancia del derecho, para otorgar sustancia, límites y previsibilidad a la política, superando su discrecionalidad.

En nuestra nota anterior señalábamos el temor de estar ingresando a una zona de incertidumbre, de pérdida aguda de referencias políticas, donde un gobierno con relativos éxitos económicos, poco importa si por sus méritos, por la coyuntura, o por la suma de ambos, aparece cada vez más cuestionado. Las últimas encuestas parecen ratificar ese diagnóstico. La gestión del Ejecutivo pierde apoyos y cuestiona a la coalición que lo sustenta sin el menor atisbo de espíritu crítico. Lo preocupante es que este desasosiego, tiene una causa precisa: la desaprensión frente al derecho. El mal funcionamiento del Estado de Derecho. Junto con la economía el gran proveedor de estabilidad social.

La primera disociación no es enteramente atribuible al Ejecutivo, nos referimos a la anulación de la Ley de Caducidad, una gruesa desviación del derecho, que inventó un procedimiento jurídico constitucionalmente inexistente, arrasó con garantías centenarias en el campo penal y desconoció dos inequívocos pronunciamientos populares. El tema pasó, y ya no se habla del mismo. Pero el daño persiste. Una herida grave en un campo como el de las tradiciones jurídicas que se quiebra en un segundo, pero cuesta siglos y mucho dolor reconstituir. Continuó con la suspensión de Paraguay y la inclusión simultánea de Venezuela, tanto en el Mercosur como en la Unasur. Una grosería jurídica que coloca al Uruguay en el campo del intervencionismo imperialista y degrada su principismo. Lo seguiremos denunciando cada vez que sea pertinente, porque desconoce otra tradición que el país construyó con esfuerzo: la defensa de la independencia de las naciones y el imperio del derecho en el campo de las relaciones internacionales.

La recientemente votada ley de liquidación de Pluna, es otro ejemplo de una normativa que coloca al país en el triste papel de juez y parte, desplaza acreedores, inventa mecanismos para atribuirse privilegios y oculta su condición de socio de Leadgate. Todo ello en aras de proteger un patrimonio que es de todos, pero que no por eso puede ignorar la moralidad comercial, nacional e internacional. Por último, toda la cadena de apartamientos del derecho, aparece justificada públicamente. Con la pretensión que ésa es la forma de desempeñarse de un Estado realista, que primero atiende a sus intereses políticos y luego a la generalidad e imparcialidad del derecho.

Un triste consejo para la ciudadanía.