Seguros de i(responsabilidad)

Una de las sorpresas, -y no la menor-, que quedó al descubierto en la sesión de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados donde se analizaron una serie de denuncias sobre la gestión de la Caja Profesional que tuvo lugar el 6 de junio pasado, fue que sus directores habían contratado un "seguro de responsabilidad" -más bien de irresponsabilidad- a favor de directores, gerentes y empleados, que paga la propia Institución, el que se aplicaría en el caso de que algún titular de esos cargos fuera obligado a pagar daños por actos u omisiones que perjudicaran a terceros y reclamaran por ello. La amplitud del beneficio es de tal entidad que comprende además a personas de escala jerárquica inferior, dentro del organismo así como a los apoderados de todo tipo que la representen y que pudieran ver comprometido su patrimonio personal.

El llamado de ofertas había sido duramente censurado por la Comisión Interventora de la Asociación de Funcionarios, como "evidentemente impropia", lo que no impidió que los trámites siguieran adelante y se concretaran. Como se dijo en la Cámara, ese propósito elude lo establecido en el artículo 8° de la Constitución, ya desde la Carta de 1830 que se complementa en los artículos 24° y 25° para el caso de los funcionarios públicos, en un beneficio que no dispone ni aún el Parlamento por la responsabilidad en que los legisladores puedan hacer incurrir al Estado en las leyes que dictan, ni los ministros por los actos administrativos que aprueban. A ello hay que agregar que contradice también lo establecido en el artículo 8º de la ley Orgánica de la Caja, N° 17.738 que entró en vigencia en julio del año 2004 y violenta los principios de responsabilidad civil ya reconocidos, entre otras en la Ley N° 16.088.

Además de ampararse para ello en los términos de un informe de un calificado profesional, por el cual percibió unos honorarios interesantes de varios miles de dólares, se agrega una cita infeliz aludiendo que otros organismos como el Banco Central estarían aplicando un criterio similar ignorando que en ese caso existe una ley -discutible pero ley al fin - que lo autoriza mientras que en el caso de la Caja no se disponía de esa norma habilitante.

Los malos ejemplos crecen más rápido de lo que pueda imaginarse y en ese sentido el Poder Ejecutivo acaba de extender otro marco similar de irresponsabilidad en favor de los cesados directores de Pluna, que se agregó al pago apresurado de indemnizaciones por despido, al reconocérseles a través de "una cláusula de indemnidad" que el Estado se hará responsable del pago de los reclamos que puedan eventualmente llevarse a cabo con motivo de su gestión. Indemnidad, término de uso poco frecuente, según el diccionario, es el estado o situación del que está libre de padecer daño o perjuicio, con lo cual el gobierno aparece retribuyendo a quienes contribuyeron a fundir el organismo con gestos desproporcionados, cuyo monto económico todavía se desconoce y que tiene aún nebulosas como saber, por ejemplo, en qué situación se mantiene hoy el Argentino Hotel de Piriápolis, que formó parte del paquete originario que se entregara a los nuevos socios.

Con indiscutible razón, mucha gente sensata se pregunta qué hubiera pasado si esta desastrosa operación, la hubieran llevado a cabo el Partido Nacional o el Colorado, dando por descontado que sus dirigentes serían poco menos que linchados en la Plaza Libertad.

Ahora, no ha ocurrido nada y hasta el Pit-Cnt, en un gesto de exquisita delicadeza, salió a aclarar que no había intervenido ni llevado a cabo ninguna movilización por el asunto Pluna para no entorpecer las negociaciones que se estaban manejando. Si la memoria no falla, y los lectores podrán confirmarlo, la dirigencia gremial no actuó con el mismo patriotismo cuando los partidos tradicionales buscaban soluciones para llevar el país adelante y procuraba salidas para salvar organismos, como ocurrió por ejemplo, con la ley de empresas públicas promovida por el gobierno Lacalle, que fue brutalmente atacada por la dirigencia gremial acompañados por otros que se preocupan por no vender las joyas de la abuela. Un conductor de taxímetro -hombres sabios si los hay- dijo que el Frente Amplio no volverá al gobierno por lo menos hasta después de 200 años. Están haciendo méritos para confirmarlo.