¡Viva burocracia!

Por si no lo habían oído en su audición habitual, durante un fin de semana en horario matinal se podía escuchar en la radio la cascada voz de nuestro Presidente hablándole al pueblo, una vez más. En esta ocasión el tema no era ni el escándalo de Pluna (aun no había explotado del todo) ni la vergonzosa y cínica tramoya corporativa orquestada por los primeros mandatarios del Mercosur, que en un solo acto suspendieron al Paraguay y le dieron la bienvenida al bloque, a Venezuela.

En tono didáctico y paternal, Mujica dedicó su espacio radial a alertar sobre los males de la burocracia, tratando de hacer entender a sus escuchas el daño que al país le hacen los burócratas poco exigidos y menos comprometidos. Era un mensaje lleno de sensatez, con el cual solo se podía estar de acuerdo, a no ser que uno se preguntara sobre lo que se ha hecho al respecto, bajo su gobierno.

Y la realidad indica que no se ha disminuido la burocracia. Se la sigue inflando. Los uruguayos tienen que pagarle el sueldo con sus impuestos, a una cantidad cada vez mayor de empleados públicos, materia prima de esa burocracia atacada por el Presidente.

En el lapso que lleva Mujica en el poder, entre marzo del 2010 y el 31 de diciembre del 2011, se incorporaron al Estado 12.671 nuevos funcionarios. Cifra que debe sumarse a los 23.232 vínculos laborales con el Estado, ocurridos en el anterior gobierno de Vázquez, entre funcionarios, contratados en calidad de becarios, pasantes, arrendamientos de obra, etc. Así llegamos a que hoy estos ascienden a 277. 628.

En materia de recursos humanos, a través de distintas normas de la Rendición de Cuentas, se suprimen 146 cargos, pero resulta que se crean otros 736, o sea, que habrá 591 puestos estatales más que en el 2011 y se habilita al Ministerio del Interior hasta 1.000 nuevos puestos en forma de contratos. El proyecto de Rendición de Cuentas incluye US$ 129 millones en materia de egresos para 2013, los cuales se agregan a los US$ 150 millones ya previstos para este año. Varios incisos de dicha Rendición prevén la creación de cargos de confianza, de asesoramiento y permanecen en el mismo estado los 2.400 cargos temporales que se rigen por el derecho público.

Ya en el 2010, cuando el Presupuesto Quinquenal, la oposición había cuestionado que además de 63 cargos de particular confianza que se creaban, los ministros pudieran contratar otros tantos a su leal saber y entender, sin la exigencia de ningún requisito de idoneidad. Para ello se destinaban US$ 8,5 millones al año, unos US$ 40 millones para el período. Lo que condice con otra particularidad de nuestro Estado donde el peso de los salarios es mucho mayor al de inversiones (26%) y funcionamiento ( 14%).

Aparte existen otras relaciones laborales con el Estado, muy difíciles de cuantificar, a través de contratos con las ONG, las fundaciones, las cooperativas que se han estimulado últimamente y la gran cantidad de tercerizaciones que ha hecho el Mides. Por lo tanto, dejando esto fuera del cálculo, en Uruguay, donde somos 3.251 millones de acuerdo al largo censo del año pasado, los funcionarios públicos llegan a ser un 8,5% de la población. En ánimo de hacer comparaciones, en Chile, con 17 millones y medio de personas, los empleados públicos suman 894.000, lo que equivale al 5,1% de la población. Quiere decir que la nómina de funcionarios del Estado uruguayo podría ser de 165.827 personas, en lugar de 277.628. Casi el doble.

Para hacer frente a tamaño costo fijo y la erogación que presume, no nos puede extrañar que tengamos en Uruguay una carga fiscal que nos significa trabajar 4 meses para el Estado. Ni que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, con Astori como Ministro de Economía, se haya impulsado con tanta decisión una reforma tributaria que introdujo el IRPF, un impuesto llamado a la renta pero desvirtuado, porque penaliza los ingresos.

Cuando lo presentaron, sus artífices afirmaban que no se buscaba recaudar más, que se trataba de un impuesto de efecto neutro, a la vez que prometían la eliminación, por ejemplo, del de Patrimonio que en nuestro país es muy alto, así como que se bajaría el elevado IVA que soportamos. Ni una cosa ni la otra y la recaudación del nuevo impuesto no es de US$ 200 millones, sino US$ 1.100 millones. Más que el IRAE, según información del Economista Jorge Caumont.