Ministerio de Economía investiga actuación de DGI en torno a Casal

El Ministerio de Economía abrió una investigación administrativa para determinar si la DGI incurrió en irregularidades en el caso de Francisco Casal. Ahora ponen en duda que efectivamente exista una deuda.

El contratista le ganó una primera pulseada a la Dirección General Impositiva (DGI), ya que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, desestimó la acusación del organismo en su contra por una presunta defraudación fiscal y redujo de 10 a 5 años el plazo de prescripción de la deuda, lo que disminuyó el monto de US$ 100 millones a US$ 10 millones.

La DGI y Casal están inmersos en un complejo enfrentamiento desde 2002, pero desde 2008 ha tenido diversas acciones judiciales, que incluyó una denuncia penal -que se archivó- contra el representante de futbolistas.

Según la DGI, Casal debió pagar el Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) por la venta de futbolistas al exterior. Pero Casal dice que esa actividad no está gravada por esos tributos.

En una consulta externa solicitada por el Ministerio de Economía, el abogado Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules, concluyó "de forma categórica que en el presente caso no se configura defraudación tributaria", según informó ayer El Observador.

Pero, además, al contestar un recurso administrativo presentado por Casal, el fiscal de gobierno Miguel Toma advirtió una "inocultable desviación en la aplicación del derecho tributario formal y material".

Por ese motivo, Toma (que durante el gobierno de Tabaré Vázquez se desempeñó como secretario de la Presidencia) sugirió al Ministerio de Economía iniciar una investigación administrativa al respecto.

El titular de la DGI, Pablo Ferreri, confirmó ayer a El País que la investigación administrativa ya está en curso y por ese motivo se negó a realizar declaraciones.

"El caso está comprendido por el secreto tributario y además está dentro de una investigación administrativa, por lo que como funcionario público no puedo hacer declaraciones", explicó Ferreri.

En tanto, otra fuente del gobierno dijo que contra Casal, a la DGI "se le fue bastante la mano". El informante, que puso en duda la existencia de la deuda, atribuyó esa situación a que la discusión fue mediática y sin sustento técnico.

A todo esto, los abogados de Casal esperan que el expediente se cierre en su totalidad y se declare que el empresario no mantiene ninguna deuda con la DGI por su actividad entre los años 1998 y 2007.

Casal sostiene que por su actividad como representante de futbolistas en el exterior no debe pagar impuestos ya que hasta 2007 no había legislación tributaria al respecto.

El abogado Leonardo Costa, uno de los asesores del empresarios, dijo que por el momento es incierto cómo se definirá la situación de su cliente.

Costa explicó a El País que si bien está en trámite una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra las resoluciones de la DGI que establecieron que Casal mantiene una deuda, también podría ocurrir que la propia administración revea el caso y lo clausure.

"Todo esto se podría terminar antes en la vía administrativa, pero de todos modos nosotros tenemos absoluta confianza en que llegado el caso obtendremos un fallo favorable en el TCA", dijo el abogado.

Más allá de que según indicó Costa el caso de Casal "no ha sido común", valoró en forma positiva el hecho de que se esté reviendo la participación del organismo recaudador.

"Es importante que el Poder Ejecutivo esté mirando cómo actuó en este expediente", concluyó Costa.