De los dislates a las luces

LEONARDO GUZMAN

Es de bochorno el manejo que el gobierno hace del Derecho. En Mercosur, el Uruguay se juntó con Argentina y Brasil para sancionar al Paraguay por "ruptura del orden democrático" y aplicarle las medidas del artículo 5º del Protocolo de Ushuaia, que "abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos". Dislate: al deponer a Lugo, el Parlamento guaraní ejerció su competencia para someter a juicio político al Presidente. Dislate, sí, porque el Parlamento es órgano "del orden democrático" y porque la suspensión de Paraguay resucita el indeseable recuerdo interventor de la Triple Alianza.

En el mismo acto, se resolvió incorporar a Venezuela, pese a que no se levantó la oposición de Paraguay. Con ello, el gobierno nacional suscribió un acto nulo, ya que el mismo nació sin la "decisión unánime de los Estados Partes" que exige el art. 20 del Tratado de Asunción: el Paraguay no dejó de ser Estado parte por hallarse transitoriamente suspendido en los órganos de los procesos de integración o en los derechos emergentes de esos procesos. Suspendido, siguió siendo parte.

Para peor, el Canciller había dicho en la Carve que la circunstancia no iba a aprovecharse para admitir a Venezuela en Mercosur: por tanto, la decisión no solo fue nula. Además, lo contradijo en dúo consigo mismo.

Y para peor de peores, cuando por esa causa se le reclamó al señor Almagro su responsabilidad política -léase su coherencia personal-, el señor José Mujica salió a decir que la asumía integralmente y lo soldaba en el cargo. La Constitución -art. 168- se lo veda: el Presidente por sí solo no es el Poder Ejecutivo, que solo se integra "actuando con el Ministro o los Ministros respectivos". Semejante errata, en nuestra nación apasionada por despersonalizar el poder, configura un sacrilegio.

Desde Comte a hoy, siempre ha habido una sociología que describe el quehacer público no desde el sentimiento de la ciudadanía sino desde la obsesión por el poder como instrumento de sujeción o de cambio.

Presentan al gobernante como un ciudadano llamado a lidiar con la Constitución, cual si esta fuera el incómodo chaleco de fuerza que le impide realizar sus intenciones luminosas y nobles.

Esa visión del gobernante que vive a las vueltas para desuncirse de las reglas del Derecho puede hipnotizar a ratos, porque, al presentar los propósitos del mandamás por encima de las instituciones, les imprime un aleteo anarquista que susurra: Lo que pasa es que no me dejan…

Pero tales visiones sobre el poder olvidan que la democracia republicana no llama a ningún hombre a colocarse por encima del Derecho. Eso es así en el mundo; y si el mundo lo olvidase, el Uruguay deberá seguir irguiéndose para sostenerlo, porque su identidad y sus bases normativas nacieron en el mismo acto, cuando el Fundador autolimitó su poder en la Oración de Abril del Año XIII y nos enseñó, para siempre, a reclamar las seguridades del contrato para no quedar sujetos a la muy veleidosa voluntad de los hombres.

Por tanto, para nosotros la Constitución no es un marco de procedimientos para jugar a las escondidas, dejando las apariencias más o menos a salvo.

Seamos gobernados o seamos gobernantes, es la fuente de mandamientos concretos para cada jornada. Y eso no debe olvidarlo nadie, ni ebrio ni dormido.