Condenan a Videla por robo de bebés

BUENOS AIRES | El dictador argentino Jorge Rafael Videla fue condenado a reclusión perpetua al unificarse la pena de 50 años de prisión por el plan sistemático de robo de bebés de secuestradas embarazadas durante la última dictadura y otras sentencias por crímenes de lesa humanidad.

El expresidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, en tanto, recibió una pena de 15 años de prisión.

Ambos, además de otros nueve acusados, escucharon ayer la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal 6 en los tribunales de Comodoro Py .

En el exterior del recinto, una multitud celebró las condenas que fueron seguidas a través de una pantalla gigante y se esperaban recitales a modo de celebración.

"Es un día histórico y vamos por más. Es muy importante porque se demostró que hubo un plan sistemático", declaró "Taty" Almeyda, referente de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) al salir de la audiencia.

OTRAS SENTENCIAS. El exresponsable de la Escuela de Mecánica de la Armada, Antonio Vañek, fue condenado a 40 años de prisión e inhabilitación absoluta, mientras que su par, Jorge "Tigre" Acosta recibió una pena de 30 años de prisión.

El médico obstetra que atendió parturientas en la ESMA, Jorge Magnaco, recibió una pena de 10 años y el prefecto y apropiador de la diputada nacional Victoria Donda, Antonio Azic, fue condenado a 14 años de prisión.

La Fiscalía y las querellas habían pedido 50 años de reclusión para Videla y Bignone por apropiaciones ilegales ocurridas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo y el Pozo de Banfield, entre otros.

Desde el comienzo del juicio, en febrero de 2011, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Altieri y los querellantes, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, intentaron sin éxito obtener datos sobre unos 400 bebés apropiados que aún son buscados. Durante el desarrollo del juicio, en concreto se analizaron 35 casos de robo de bebés, 26 de ellos recuperados; 20 de ellos prestaron su testimonio durante el proceso.

Además, el Tribunal le solicitó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destinar una partida presupuestaria para la digiltalización de documentos reservados relativos a historias clínicas en centros de detención para facilitar la investigación judicial relativa al período entre 1865 y 1983 y lo mismo le pidió a los gobernadores provinciales. La Nación/GDA