Uruguay refleja baja transparencia inmobiliaria

Uruguay bajó en dos años del puesto 69 al 82 en el ranking mundial de transparencia inmobiliaria de la firma de servicios financieros especializada en bienes raíces Jones Lang LaSalle.

Esto se desprende de la publicación del informe global correspondiente a 2012. De esta forma, el país se mantuvo entre aquellos con niveles "bajos" de transparencia en el sector y quedó ubicado justo por encima de Colombia y dos puestos por debajo de Perú.

La caída de posiciones de Uruguay no se debió a una desmejora del índice sino a que en el informe de 2012 se analizaron 97 países, 10 más que en la versión previa (2010).

En los aspectos del índice que Uruguay puntúa mejor son el proceso de transacción y el marco regulatorio y legal. En otros como el desempeño de la inversión, los fundamentos del mercado y gobernanza. La mayoría de los países de la región tienen niveles de transparencia bajos. Allí también están Guatemala, Honduras y República Dominicana (por debajo) y Panamá, Jamaica, Bahamas y Costa Rica (por encima).

Los países de América con niveles "semitransparentes" fueron las Islas Gran Caymán, Argentina, Chile, México, Puerto Rico y ciudades brasileñas como Brasilia (mientras que otras como San Pablo y Río de Janeiro son consideradas "transparentes"). Los únicos países con niveles "altos" de transparencia son Canadá y Estados Unidos, que ocupan la sexta y la primera posición en el ranking, respectivamente.

En el otro extremo, Venezuela fue el único país considerado "opaco" en el continente.

El estudio analiza los rubros de oficinas, retail y logística. Las mejoras en transparencia están asociadas a altos niveles de inversión extranjera directa en el sector inmobiliario. Los resultados de 2012 muestran que los mercados que más rápido crecen en ese sentido, como Brasil, Turquía, Indonesia y Vietnam están entre los que más mejoraron sus niveles de transparencia.

En 2012 cerca del 90% de los mercados registraron mejoras en sus niveles de transparencia frente a 2010, ya que los gobiernos están agilizando los procesos burocráticos y mejorando el cumplimiento de la reglamentación, señala el informe.