Alcalde y vecinos declararon por denuncia de corrupción

ANDRÉS LÓPEZ REILLY

El alcalde del Municipio G y los vecinos que denunciaron el caso de una cuadrilla municipal que realizó obras en una vivienda particular fueron citados a declarar. La dueña de la casa fue secretaria del exdirector de Casinos Juan Carlos Bengoa.

La denuncia penal fue presentada por la propia Intendencia de Montevideo, en el entendido de que los funcionarios sancionados -que trabajaban en el Municipio G del alcalde Gastón Silva- recibieron sanciones demasiado leves para la gravedad del hecho constatado.

Como diera cuenta El País, los vecinos notaron que sobre fines del año pasado una cuadrilla de funcionarios de la Intendencia concurría a una propiedad de la zona de Millán y Las Violetas (Sayago) "en forma cotidiana y en horario regular de trabajo", con un camión municipal del que bajaban materiales como "arena, pedregullo y bloques". Esto ocurrió durante un mes y medio.

En una denuncia formulada por escrito al alcalde, los vecinos agregaron que estos funcionarios realizaban las tareas "con el equipo identificatorio de los municipales".

A partir de la denuncia, y previo a tomar a una resolución, el Municipio G dio vista a ocho funcionarios que se vieron afectados, entre ellos un ingeniero responsable de la cuadrilla y una mujer (pareja del primero) que en la guía telefónica figura como la propietaria de la casa en la que se hacían las obras.

Esta funcionaria de la Intendencia, según confirmaron a El País distintas fuentes, fue secretaria del exdirector de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, procesado por la Justicia.

Tras constatarse la irregularidad de las obras realizadas en su propiedad con personal y materiales de la IMM, la funcionaria recibió una sanción "verbal". Tal situación fue duramente criticada por la oposición, que sostiene existen responsabilidades políticas y administrativas del alcalde Otero, quien no hizo una denuncia penal sobre las irregularidades a la vista.

EN CASINOS. Como se recordará, la fiscal Olga Carballo solicitó los procesamientos de Juan Carlos Bengoa, Orestes González y José Antúnez por entender que actuaron como "un grupo" que llevó al "descalabro y déficit" de los casinos municipales en el período 2000-2005, durante la segunda administración de Mariano Arana en la Intendencia de Montevideo.

Carballo pidió que los tres fueran procesados con prisión por los delitos de fraude, concusión (coima) y conjunción del interés personal y público. La condena definitiva de este polémico caso recién se emitió el pasado mes de mayo.

Una resolución de 2003 confirma que la propietaria de la vivienda de Millán y Las Violetas trabajaba en Casinos junto a José Antúnez y Orestes González, en la División Casinos.

El 8 de septiembre de ese año, la citada funcionaria, Orestes González y José Antúnez fueron recurridos por haber sido incorporados al sistema de distribución de utilidades sobre el producido bruto de los juegos de casinos, conocido como "porcentaje".

El ex funcionario de la IMM que presentó el recurso (con más de cuatro décadas en la administración) entendía que ese beneficio no les correspondía, pero su reclamo fue desestimado por la Intendencia.

La mujer y su pareja -el ingeniero de la cuadrilla- habían sido trasladados junto a otras personas al Municipio "G" por una resolución de julio de 2010. Allí, la funcionaria se encargaba de controlar los inventarios de materiales, hasta que -a la luz de la denuncia en su contra- fue trasladada.

Pero antes, la mujer trabajó en otras dependencias municipales: en la comisión administradora del Parque Tecnológico e Industrial del Cerro y en el Departamento de Recursos Humanos.

El mes pasado, la funcionaria fue designada para integrar un comité de calificación para el escalafón administrativo de cuatro departamentos municipales, como representante de Adeom.

A RETIRO. En tanto, por resolución del 5 de enero de 2012, el ingeniero, de 70 años, fue notificado de la sanción que le correspondía, la cual no se pudo efectivizar porque "pasó a acogerse a retiro jubilatorio".