"Sabemos que las medidas propuestas son insuficientes"

GONZALO TERRA

-El documento "Estrategia por la Vida y la Convivencia" incluye un diagnóstico muy crudo sobre la fragmentación social, el quiebre de pautas de convivencia y la violencia. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico mientras el país tiene un crecimiento económico muy fuerte?

-Si bien se ha avanzado sensiblemente en la reducción de los índices de pobreza, que ha bajado a más de la mitad desde 2005, y de la indigencia, que ha caído a menos de un tercio, igualmente esos porcentajes significan decenas de miles de familias que atraviesan esta situación. Si se compara con la situación de quienes están emergiendo de los niveles de pobreza y, sobre todo, con las capas medias que han alcanzado un nivel de consumo muy importante, llegamos a ese diagnóstico de fractura social, más allá de que los índices de Gini muestran que ha mejorado la distribución de la riqueza. Pero el diagnóstico es adecuado y doloroso.

-Frente a ese diagnóstico el paquete de medidas no incluye aspectos básicos como la vivienda, la educación y políticas carcelarias en virtud de que se aumentan las penas.

-Sabemos que las medidas propuestas son insuficientes para salir definitivamente de una situación como la que estamos atravesando, donde los niveles de inseguridad son muy importantes más allá de la sensación térmica, hay niveles inusuales de violencia en toda la sociedad si nos comparamos con nosotros mismos, que es lo que importa. Hay violencia en el tránsito, en las relaciones interpersonales, en la sociedad en sí misma. Todo lo que se haga parece poco, pero principio tienen las cosas. En materia de vivienda nunca hemos dicho que estamos haciendo lo suficiente. Estamos en obra, construyendo viviendas para la gente más pobre e indigente, hay planes de crédito social para construcción, planes de soluciones habitacionales que permitan alquilar. En cárceles se construyeron 3.500 plazas. Hay logros importantes pero somos los primeros en reconocer que los avances, hasta que no seamos el país de primera que queremos, no serán suficientes. Y el día que seamos un país de primera, posiblemente vamos a tener otros problemas, porque los países de primera no están exentos de tener problemas de educación, vivienda y seguridad.

-Se discutió aplicar una política de shock. El Banco República tiene U$S 4.000 millones colocados en el exterior.

-Ese es un debate que está siempre sobre la mesa. No soy experto en economía, pero cuando uno habla con los integrantes del equipo económico, y son compañeros sumamente responsables, dicen cuidado: no hablemos de números fríos. Los números del BROU, en buena medida, los necesita como respaldo en atención a normas que rigen su actividad. No es que ese monto esté disponible. Pero sí es verdad que se ha dado una discusión a nivel del gobierno para utilizar recursos para planes más agresivos de ataque a este tipo de situaciones que nos estamos planteando. Se ha optado por una política de extrema prudencia en el manejo de recursos. Si aplicáramos una política de shock podemos solucionar el problema hoy, pero dejaremos problemas para el mañana porque el país no tendrá financiamiento para enfrentar situaciones muy difíciles. Es el eterno problema de la ética de la responsabilidad. Manejar una situación puntual con gran ansiedad e impulso puede tener un costo. Me gustaría que todos los habitantes del Uruguay fueran lindos, cultos, buenos, sanos e inteligentes, pero eso demandaría un esfuerzo que nos dejaría sin rubros en diez años, y dentro de diez años cómo le explica a la población el gobierno que venga, de cualquier signo, que no hay financiación para un montón de cosas. El gasto de las reservas del República en el exterior es una discusión de larga data en el sistema político. Pero hoy la línea económica es de prudencia y responsabilidad. Enfrentamos una situación internacional compleja, por lo tanto no podemos arriesgar el actual bienestar en aras de una situación excepcional de bonanza que mañana nos puede llevar a arrepentirnos mucho de lo que podemos hacer hoy en forma inmediata.

-El endurecimiento de las penas a los menores infractores parece quebrar el discurso tradicional de la izquierda. ¿Estas medidas surgen por el convencimiento del gobierno de que es el camino correcto o como respuesta a lo que reclama la opinión pública?

-Hay una cantidad de factores. Quien diga que estando en el gobierno no atiende lo que diga la opinión pública no dice la verdad. Todos los que estamos en el sistema político estamos permanentemente pendientes de la opinión pública, por suerte, y eso no significa que estemos cobrando a golpe de balde. Muchos de los reclamos que hace la opinión pública son infundados y otros son fundados. Han surgido nuevas formas delictivas protagonizadas por menores, particularmente violentas. Hay delitos gravísimos cometidos por menores que no pueden habilitar la libertad inmediata del menor y la entrega a sus padres, por eso queremos establecer una pena mínima y tenemos una discusión a la interna de la fuerza política sobre la pena máxima. Debatimos sobre si darle a los jueces la potestad de que la pena máxima sea diez años y no cinco años, como hasta ahora, o seguir la idea del diputado Iván Posada en el sentido de que la pena máxima sea cinco años pero que los menores no puedan salir en libertad provisional hasta cumplidos dos tercios de la pena. Es una discusión instrumental pero en el fondo sí se agravan las penas para los menores infractores. Las causas serán atacadas también, pero si los efectos implican que los gurises estén en la calle con una situación de violencia particularmente grave, nosotros tenemos que responder con penas más severas. No creo que cambie la filosofía de la izquierda en cuanto a la interpretación de las causas de la violencia, pero ante esta situación hay que aplicar medidas más severas.

-¿Por qué controlar el contenido de los informativos?

-Se habla de control de los medios de comunicación. El documento dice extender a informativos el control del horario de protección al menor. Los medios atribuyen al gobierno una actitud de censura que no es tal. Es inexcusable, indefendible que los informativos estén excluidos del horario de protección al menor. Los medios se agravian pero no dicen que el mismo decreto de 1988 establece en su artículo 2º que determinados programas deben ser sometidos a la censura previa. Conviven hace 24 años con eso. La reacción ahora es, por lo menos, extraña. Pero además, el mismo documento dice que propendemos al diálogo con los medios de comunicación, con sus operadores, con sus periodistas, para encontrar el justo equilibrio entre la absoluta libertad informativa y la responsabilidad que conlleva esa libertad. Me molesta que se enfoque el tema diciendo que se hable de control de contenidos. ¿Dónde está ese control?

-¿Qué efecto espera el gobierno con esa medida?

-Llamar a los medios a responsabilidad por la libertad que tienen.

-Políticos y expertos han señalado que el gobierno dejó pasar los años de bonanza y no hizo un cambio estructural en materia educativa. ¿Qué diagnóstico tiene el gobierno?

-Diagnósticos de expertos en educación hay decenas. Lo que no hemos logrado es que todos esos expertos en materia de educación se pongan de acuerdo en cuál es la solución. Y ahí estamos, tratando de aplicar la situación que mejor entendemos. Creo que hay un exceso de diagnóstico en materia de educación.

-¿Cómo surgió la idea de legalizar la venta de marihuana?

-La decisión surgió en un par de meses de discusión del gabinete de seguridad.

-¿Logrará disminuir el consumo de pasta base?

-La política no es una ciencia exacta, nos manejamos con ensayo y error.