Medidas de seguridad generan diferencias en interna del Frente

E. BARRENECHE / V. GIL

La legalización de la marihuana y el endurecimiento de penas a menores generan diferencias en la interna del Frente Amplio. Para el presidente del INAU, el incremento de penas generará una mayor superpoblación de los hogares.

Si bien hay un acuerdo general con las 15 medidas para combatir la delincuencia que anunció el gobierno, la legalización de marihuana genera diferencias en la coalición de izquierda. El diputado socialista Julio Bango dijo a El País que más allá de la propuesta del Ejecutivo, los proyectos de autocultivo "se van a empezar a tratar el 5 de julio". En el mismo sentido, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) indicó que su sector siempre estuvo de acuerdo con el autocultivo de cannabis, pero admitió que no comparte la creación de un registro de consumidores. "Me parece un disparate, tiene una muy buena intención pero está condenada al fracaso", opinó.

El diputado Nicolás Pereyra (CAP-L) dijo que está de acuerdo con la legalización y señaló que "algún control tiene que haber, pero se tiene que especificar bien su uso". En tanto, el senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay) está a favor de la legalización, aunque señaló que el autocultivo "podría escapar a los controles" estatales.

El aumento de las penas máximas para los menores infractores no es aceptado por el Partido Socialista, debido a que no favorece la educación de los menores, advirtió Bango. El legislador agregó que en lo planteado por el gobierno no está incluida la fijación de penas máximas sino de mínimas, con las que está de acuerdo.

Por otra parte, Pozzi rechazó el control de contenidos en los medios televisivos. "Si no se quiere mirar, se puede cambiar de canal porque hay una oferta ilimitada. Por lo tanto no tenemos que regularlo", acotó.

El tiempo que llevará la discusión de los proyectos de ley también genera diferencias en el FA. Gallo señaló que lo presentado por el Ejecutivo "son titulares" y requieren de un "largo estudio que podría llevar todo el año".

En el otro extremo, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) consideró que "no se puede demorar más de un mes en aprobarlos, dos meses a lo sumo. De lo contrario, estamos haciendo gárgaras con los temas".

Pereyra defendió las medidas anunciadas por el gobierno y dijo que la oposición no se conforma con nada: "cuando el gobierno plantea lo de la marihuana dicen que es ridículo y cuando plantea el tema de los medios es fascista", opinó.

HACINAMIENTO. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, planteó su desacuerdo con la decisión del gobierno de incrementar las penas a los menores porque transformará "en inmanejable" los hogares del ya hacinado Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), organismo que gestiona los hogares de la Colonia Berro y de Montevideo.

Según datos del Sirpa, los menores infractores alojados en la Colonia Berro y Montevideo duermen en colchones en el suelo y el sistema tiene una sobrepoblación de 160%. Es decir, en unas 280 plazas se alojan unos 450 menores.

Salsamendi dijo a El País que planteó al presidente José Mujica que se debía esperar que el Sirpa se desarrollara totalmente -comenzó a funcionar hace dos meses- hasta realizar cualquier modificación del Código de la Niñez y de la Adolescencia para evitar un impacto negativo en el sistema.

"La creación de mínimos para determinados delitos de menores y eventualmente la prohibición de poder sustituir una medida de privación de libertad antes de que se cumplan dos tercios de una sentencia -es uno de los planteos que se está analizando- obviamente generaría una superpoblación bastante importante" en los hogares, reconoció Salsamendi.

Reiteró que si no se mejora la infraestructura y se contratan más recursos humanos, el Sirpa "podría tener un problema similar al de las cárceles de adultos y una situación bastante inmanejable. El endurecimiento de los sistemas penales de adultos o de menores en el mundo en lugar de contener la violencia, la amplifica".